Los dueños del capital

Pocos serán los lectores que, a estas alturas, no hayan oído hablar del libro de Thomas Piketty «Capital, en el siglo XXI», aunque serán muchos menos quienes se hayan aventurado a leer sus casi setecientas páginas. Como idea básica, el libro defiende que, a largo plazo, las desigualdades económicas han de tender a gravarse, puesto que, en los países que el texto considera y en la mayoría de sus períodos históricos, la rentabilidad del capital parece haber superado a la tasa de crecimiento del producto nacional. Si ello fuera generalizable en el tiempo y en el espacio, los dueños del capital obtendrían permanentemente una renta superior a la del conjunto de los agentes económicos, ocasionando así profundas desigualdades sociales. Para evitarlas, Piketty propugna, entre otras medidas, el establecimiento de un impuesto progresivo sobre el capital, una sugerencia que ha encontrado eco inmediato en el ala izquierda del espectro político.

El libro está más centrado en la historia que en el análisis económico, y destaca más por la profusión de datos y estadísticas que por la solidez conceptual de sus argumentos o la validez de sus conclusiones. Aunque no sería razonable despachar la crítica a tan voluminoso trabajo en los límites de un breve artículo periodístico, sí cabe aportar algunas consideraciones de carácter reflexivo, aunque solo sea para animar el debate social y económico.

La primera y principal de tales consideraciones es que no debe confundirse la distribución funcional de la renta (la que se da entre capital y trabajo, como factores de producción) con la distribución personal, que se refiere a la observada entre individuos de un ámbito geográfico determinado. Aunque aceptáramos que la rentabilidad del capital físico fuera siempre superior a la del capital humano (es solo una hipótesis), no resultaría fácil traducir ese desequilibrio entre factores a los simples términos de la desigualdad entre personas.

En la iconografía populista, cuando de personas se trata, los dueños del capital son siempre individuos obesos, de cintura prominente, con sombrero de copa, chaqué y un habano en los labios, a los que bien vale la pena gravar fiscalmente. Los perceptores de rentas del trabajo responden, por el contrario, a la triste imagen decimonónica del proletario subalimentado, con boina y alpargatas. Pero en el siglo XXI las cosas no son necesariamente así, o vienen fuertemente matizadas por otros elementos que dejan obsoleto tal populismo, aunque continúe habiendo ricos y pobres.

¿Quién ostenta hoy la propiedad del capital? Cualquier analista de los mercados financieros sabe que, más allá de algunos nombres sobradamente conocidos, el gran capital corresponde al llamado «ahorro institucional» y, dentro de esa denominación genérica, a tres tipos de entidades: los fondos soberanos, los fondos de pensiones y los fondos de inversión (abiertos), a los que cabría quizá añadir las grandes aseguradoras. Examinemos cada una de tales instituciones, en orden inverso a su importancia cuantitativa.

1. Según datos del «Sovereign Fund Institute», disponibles en internet, cuatro fondos de inversión del Gobierno chino (CIC, SAFE, NCSSF y CADF) poseen y gestionan activos superiores al billón y medio de euros, es decir, cincuenta por ciento más que el PIB español. Por su parte, los fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos manejan activos superiores al billón de euros, cifra que alcanzan también los del Estado noruego y los de Arabia Saudí, a los que siguen fondos soberanos de Singapur, Kuwait, Hong Kong y Canadá. En total, más de siete billones de euros (doce veces los activos del propio Fondo Monetario Internacional) son administrados por los diez primeros fondos soberanos del mundo. ¿A quién de esos grandes «propietarios del capital» desean gravar Picketty y sus seguidores con un impuesto patrimonial? ¿Al Estado chino, al noruego o al saudí?

2. Pero tampoco son ellos los mayores dueños del capital. En todo el mundo, los fondos de pensiones controlan activos superiores a veinticinco billones de euros, y si añadimos planes de pensiones la cifra asciende a más de cuarenta billones solo en la OCDE. Los principales fondos de pensiones (con activos de quince billones de dólares) se encuentran en los Estados Unidos, pero, en proporción al PIB, resultan superiores los de países europeos, como Holanda, Reino Unido, Suiza e Islandia. Aunque en España son menos importantes, manejan cifras equivalentes al diez por ciento de la renta nacional.

¿Y quiénes son los dueños últimos de esos fondos de pensiones, tan intensivos en capital? No sus gestores, ni mucho menos los sujetos del habano y la chistera, sino los trabajadores del mundo, jubilados o en expectativa de jubilación, un escenario que no pudieron soñar ni los más devotos sindicalistas del siglo XIX. A modo de anécdota, me permito recordar cómo hace unos años, en la junta general de accionistas de Nestlé, celebrada en Vevey (Suiza), y a la que tuve ocasión de asistir, un trabajador jubilado blandía airadamente su bastón hacia ecologistas cuyas actividades ponían en riesgo el valor de la acción, al grito de «¡están Vds jugando con mi pensión y eso no se lo tolero!». ¿Desean Picketty y los suyos gravar fiscalmente aquellos activos de capital de los que dependen las pensiones de tantos trabajadores del mundo, incluido mi personaje de Nestlé? Quizá no se lo toleren.

3. Quedarían, por último, los llamados fondos mutuos (openend), con activos próximos a los veinticinco billones de euros, es decir, muy superiores a todos los anteriores, y que no son precisamente la inversión favorita de las grandes fortunas, sino el refugio inversor de las amplias clases medias del mundo, que no disponen de recursos, tiempo y conocimientos para crear su propia cartera inversora. ¿También al pequeño y mediano ahorro hemos de gravar con impuestos patrimoniales? ¿En nombre de qué pretendido principio de justicia social?

Gobiernos, trabajadores, clases medias: he ahí una representación actual y mayoritaria de los dueños del capital. Es hora, por tanto, de que echemos por la borda conceptos decimonónicos, que solo llevan a antiguas recetas fracasadas, y nos asomemos con mentalidad abierta a las complejas realidades económicas del siglo XXI.

En este nuevo contexto, lo importante no consiste en idear mecanismos de ingeniería social distributiva, sino en intensificar la lucha contra la miseria, que no siempre es lo mismo. El problema del mundo –por ponerlo en otros términos– no reside en la desigualdad, sino en la pobreza, y en este terreno se han obtenido éxitos importantes, pues durante los últimos veinticinco años la economía de mercado ha permitido que setecientos millones de personas abandonaran la exclusión social, según datos de Naciones Unidas en su Informe 2014 sobre los Objetivos del Milenio. El reto es perseverar en esa tarea, para la que no sirve de mucha ayuda el retorno a viejos conceptos y viejos errores.

Juan José Toribio, profesor del IESE BUSINESS SCHOOL, Universidad de Navarra

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