Los errores de Rubio Llorente

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO (EL MUNDO, 14/03/05):

Hay tres formas claras de crear caos y confusión: una, utilizar nombres diversos para designar cosas iguales; otra, asignar el mismo nombre a cosas opuestas; y, por último, utilizar sinónimos, como si no lo fuesen, para hacer creer que algo es distinto de lo que es idéntico. Pues bien, el presidente del Consejo de Estado, antes vicepresidente y magistrado del Tribunal Constitucional, antes director del Centro de Estudios Constitucionales, antes catedrático de Derecho Constitucional, antes letrado de las Cortes, parece tener una especial predilección, si seguimos su trayectoria intelectual, por tratar, en todo momento, de épater le bourgeois creando la confusión con sus obscuras contribuciones doctrinales.Sobre tan curiosa trayectoria ya me he ocupado extensamente en una revista científica, pero vale la pena que subraye alguna de sus aportaciones más gloriosas a lo largo de su vida académica, hoy ya acabada por haber pasado a la jubilación hace cinco años.

Rubio comenzó interesándose por Marx porque, como él mismo confiesa, «tenía el encanto de lo prohibido y leerlo era un signo de distinción intelectual...». Años después se convirtió en un firme partidario de utilizar la dogmática jurídica para estudiar seriamente las Leyes Fundamentales del franquismo, como si éstas fuesen una Constitución cualquiera. En el año 1977 su originalidad consistió en defender que era mejor hacer un par de leyes constitucionales, que completasen la Ley para la Reforma Política, que redactar una auténtica Constitución. En 1983, siendo ya magistrado del Tribunal Constitucional, fue el ponente de una sentencia que condicionó a partir de entonces desgraciadamente la jurisprudencia posterior; en ella afirmaba que el escaño pertenece al diputado, con lo que abría la vía del transfuguismo político, cáncer que todavía hoy corroe a nuestra democracia. Pero, paradójicamente, hace dos años criticaba semejante posición, como si la hubiese adoptado Solón, en un artículo de prensa, diciendo que «es inútil seguir luchando por ajustar la realidad a una idea que no tiene soporte alguno en la conciencia social; que no es creencia, sino puro diseño teórico». Por lo que acababa abogando por un cambio de orientación, cuando había sido él quien la diseñó erróneamente.Y, para no acabar cansando al lector, últimamente ha sostenido que era necesario modificar la Constitución, según el procedimiento agravado del artículo 168, es decir, por dos Cortes Generales consecutivas y referéndum nacional, para poder suscribir la mal llamada Constitución Europea, mientras que poco después el Tribunal Constitucional sostenía que no era necesario modificar nada de nada.

Pero, sea lo que fuere, ahora me voy a referir concretamente a las declaraciones que hizo la semana pasada en el Foro de Europa sobre las reformas de la Constitución, donde dijo cosas que le incapacitan para seguir teniendo el cargo que posee. De entrada, lo primero que hay que señalar es que es algo totalmente insólito en la Historia constitucional que el Gobierno se haya dirigido al Consejo de Estado para que le suministre un informe sobre las cuatro reformas que propone se hagan en la Constitución, es decir, como si esta institución fuese un poder constituyente complementario. Una modificación de la Norma Fundamental no es un mero proyecto de ley ordinaria que debe adecuarse al ordenamiento jurídico, sino que tiene un alcance eminentemente político y, por tanto, lo primero que habría que hacer sería haber pactado con los demás partidos y, especialmente, con el PP, el contenido y el alcance de esas cuatro reformas. Entonces, y sólo entonces, si se quiere que el Consejo de Estado emita un informe técnico sobre lo ya pactado, podría hacerse, pero ni siquiera me parece necesario ni conveniente. Por tanto, la impresión que uno tiene es que este Gobierno socialista no sabe adónde va ni posee un diseño de Estado, por lo que está empezando la casa por el tejado, en lugar de poner de ello antes los cimientos. De esta manera, ante la frívola postura que mantiene el arquitecto que se ha elegido, se corre el peligro de que se caiga todo el edificio por los suelos.

Y digo esto sobre todo porque después de haber escuchado las palabras del presidente del Consejo de Estado -desmentidas poco después por él mismo, como si no estuviesen grabadas-, a cualquiera le brota un sudor frío por causa de lo que acaba de decir. En efecto, en unos momentos en que se está dando la mayor ofensiva separatista por parte de los nacionalistas vascos y catalanes de toda nuestra Historia, el presidente del Consejo de Estado está animando a esos separatistas para que acaben con el Estado tal y como lo concibe actualmente nuestra Constitución. En otras palabras, esto recuerda a aquello de nombrar jefe de los bomberos a un peligroso pirómano. Pero veamos en qué consiste la última regurgitación del presidente Rubio Llorente. Mantiene que es partidario de sustituir en el artículo 2 de la Constitución la palabra «nacionalidad» por la expresión «comunidad nacional», cuya paternidad él se atribuye.

Sin embargo, hay que decir a este respecto tres cosas. La primera, que «nación» y «comunidad nacional» son sinónimos y, como dije al principio, esto lleva a la confusión y al caos, pues no hay más nación que la española, según nuestra Constitución. La segunda, que esta identidad de conceptos se demuestra por ser utilizadas ambas expresiones indistintamente en las Leyes Fundamentales del Franquismo, lugar en donde parece haberse inspirado y que tan bien parece conocer el todavía presidente del Consejo de Estado. Así, por ejemplo, se puede comprobar tal similitud concretamente en el Principio V de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Y la tercera, que, de esta manera, está satisfaciendo las pretensiones de nacionalistas vascos y catalanes respecto de que se reconozca que ambas comunidades autónomas son una nación, pórtico para la exigencia inmediatamente después de un Estado independiente.

En definitiva, yo no sé si el presidente Rubio Llorente es consciente, al margen de su posible petulancia intelectual, de que lo que propone es asestar un golpe de muerte a la actual Constitución porque, como ya he dicho en estas páginas varias veces, su artículo 2 es el corazón de nuestra actual Norma Fundamental. Cualquier variación en el mismo, por mínima que ésta sea, no sólo rompe el consenso generalizado con el que se aprobó, sino que viene a significar que ese cambio no es el de un único artículo, sino el de toda la Constitución.

Pero es que además la explicación que Rubio ha dado sobre el alcance de la expresión «comunidad nacional», diciendo que se basa en un contenido (lingüístico) cultural, ha soliviantado inmediatamente a comunidades autónomas como Navarra, que él incluye en la Comunidad Nacional Vasca, o a Baleares o Valencia, que según él están comprendidas en la Comunidad Catalana. Por consiguiente, Rubio ha conseguido varias cosas al mismo tiempo: por un lado, que la reforma constitucional, tan deseada por el presidente Zapatero sea ya materialmente imposible, puesto que el PP, sin el cual no es posible llevarla a cabo, se opone ya radicalmente a estas veleidades, que ponen en peligro la integridad territorial de nuestro país. Y, por otro, que el lehendakari lbarretxe, Josep Lluís Carod-Rovira y similares hayan visto que dentro del Estado hay ya un grupo de troyanos que están luchando, desde dentro, por favorecer sus tesis de deconstrucción de España, naturalmente ante el asombro de la mayoría de los militantes del Partido Socialista que, en conjunto, siguen siendo españolistas.

De ahí que, teniendo en cuenta que Rubio Llorente es extremeño, sea de esperar que el presidente de esa comunidad autónoma, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, uno de los más distinguidos de estos últimos, pueda estar considerando que se debe otorgar el título de «extremeño ilustre» al actual presidente del Consejo de Estado.