La alarma social suscitada por el escándalo Luxleaks (acuerdos fiscales preferenciales y secretos de Luxemburgo con casi 400 multinacionales) propició la creación de una comisión especial sobre fraude y elusión fiscal en el Parlamento Europeo (TAXE), en febrero de 2015. La TAXE ha podido ir perfilando un diagnóstico del grave problema de elusión fiscal corporativa en Europa. Lo cierto es que las grandes corporaciones siguen viendo aumentadas las posibilidades de elusión, gracias a la fragmentación de los sistemas tributarios europeos y a la competencia fiscal desleal ejercida entre los propios países comunitarios. Disponen de un amplio espectro de regímenes jurídicos para distribuir a su conveniencia los beneficios que generan en suelo europeo, entre las distintas entidades que conforman el grupo multinacional. Resulta inaceptable que en una Unión donde rige la libre circulación de capitales y existe una política monetaria única, la convergencia en materia tributaria siga brillando por su ausencia.
El siguiente escándalo estalló el pasado mes de agosto. La Comisión Europea concluyó, tras meses de investigación, que varios acuerdos fiscales firmados entre Irlanda y Apple habían dado lugar a un tratamiento tributario favorable al gigante estadounidense, permitiéndole pagar únicamente el 1% por sus beneficios europeos (el tipo efectivo descendió al 0,005% en 2014). Recuérdese que las filtraciones del asunto Luxleaks desvelaron que las multinacionales involucradas se habían beneficiado de unos trajes a medida que les posibilitaron tributar un 2% de media por el enorme flujo de ganancias "canalizadas" a través del Gran Ducado.
La principal medida articulada contra estas prácticas es la obligación de los Estados miembros de informar "lealmente" al resto de países de la Unión de los acuerdos fiscales o tax rulings suscritos con las compañías. Es vital para que este tipo de escándalos no se vuelva a repetir que el intercambio automático de tax rulings, consagrado ya por las normas comunitarias, se cumpla eficazmente por todos los Estados miembros.
La TAXE se ha interesado igualmente en la transparencia en los informes corporativos. Ha preconizado que las multinacionales de todos los sectores hagan públicos ciertos datos clave para saber claramente dónde realizan sus negocios y cuántos impuestos pagan en cada uno de los países en los que operan. Este “reporte país por país” se convierte así en una exigencia de primer nivel en la responsabilidad corporativa de las empresas.
También se ha alertado desde la TAXE sobre la carrera a la baja en la que han entrado numerosos Estados miembros ofreciendo incentivos fiscales ad hoc para ciertas empresas o actividades. Un buen antídoto contra estas prácticas nocivas es que se calcule una base imponible común y consolidada europea para toda la actividad que realiza una multinacional en suelo comunitario, y que exista un tratamiento armonizado de la espinosa cuestión de los beneficios fiscales. Este proyecto será presentado en breve por la Comisión y esperará luz verde del Consejo.
Una nueva comisión de investigación ha sucedido recientemente a la TAXE, con el cometido fundamental de examinar las implicaciones de los papeles de Panamá. Desde la misma se defiende crear una lista europea de paraísos fiscales, confeccionada según una serie de criterios comunes y acompañada de una batería consensuada de sanciones; dirigidas a las jurisdicciones incluidas en dicha lista (que puedan ver, por ejemplo, suspendidos los acuerdos de libre comercio firmados con la UE), a las empresas que las utilizan injustificadamente (vetándoles el acceso a los fondos comunitarios) y a los intermediarios que ayudan a diseñar las tramas elusivas (a quienes se propone revocar, en su caso, las licencias de negocio). Las medidas contra los paraísos fiscales deberían, además, ir acompañadas de una alta tasa fiscal a las transferencias bancarias a esos países.
Hay muchos obstáculos en esta larga marcha hacia una mayor justicia fiscal. Uno de ellos es el déficit aún existente en la arquitectura y gobernanza del sistema fiscal internacional. La OCDE no basta. Las Naciones Unidas están llamadas a esta tarea y la UE debe ser punta de lanza en las iniciativas, si bien los Estados miembros frenan en el Consejo muchas de ellas por intereses propios. En el fondo, siguen siendo multitud los que creen que la política fiscal debe ser eminentemente nacional y que es legítimo jugar con ella en la competencia globalizada. Defensores de este principio los hay a derecha e izquierda, y es fundamental acabar con él, porque su aplicación desemboca en una carrera loca hacia la minimización del impuesto de sociedades en detrimento de las haciendas públicas.
José Luis Escario es consultor del Parlamento Europeo en temas tributarios y autor de Paraísos fiscales (Catarata 2011).