Los escollos al libre comercio

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI), que al presente es  objeto de intensas negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, está causando una gran conmoción. De hecho, dada la magnitud de las dos economías, que en conjunto representan más del 50% del PIB mundial y un tercio de los flujos mundiales de comercio, lo que se encuentra en juego es mucho. Con el fin de garantizar que el ATCI beneficie a los consumidores de ambos lados del Atlántico, aquellos que negocian deben reconocer y evitar varias trampas clave – algunas más evidentes que otras.

Los acuerdos comerciales bilaterales han ido ganando tracción últimamente. Por ejemplo, la UE y Canadá concluyeron recientemente un Acuerdo Económico y Comercial Global, que probablemente se convierta en la base para el ATCI.

Esto no es sorprendente, dado el reiterado fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo global a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC fueron un fracaso, y el acuerdo alcanzado en Bali el año pasado, a pesar de anunciarse como un éxito, hace muy poco que acelerar la recaudación de aranceles aduaneros.

En la situación actual, el miedo ante una insuficiente protección del consumidor, distorsionada por los intereses creados, está dominando el debate respecto al ATCI. Considere el desacuerdo sobre el tratamiento diferenciado que se dispensa al pollo. En EE.UU., la carne de pollo se lava en agua tratada con cloro; en Europa, los pollos se rellenan con antibióticos mientras se encuentran vivos. En un esfuerzo que se puede describir solamente como absurdo, los productores europeos están tratando de convencer a sus clientes que el primer método es menos conveniente para los consumidores.

En realidad, la protección del consumidor en EE.UU. es considerablemente mejor y más estricta en comparación a la que se tiene en la UE, donde, a raíz de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Cassis de Dijon, el estándar mínimo aplicable a todos los países se establece a través del país con el nivel más bajo en cada caso. Por el contrario, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. hace cumplir los más altos estándares para los productos, lo que significa que, en el marco del ATCI, los consumidores europeos tendrían acceso a productos de mayor calidad a precios más bajos.

El principal beneficio de la facilitación del comercio es que permite que los países se especialicen en las áreas en las cuales tienen mayores capacidades. Como Ralph Ossa mostró en un documento de trabajo preparado para la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU., si Alemania no tuviese acceso a los mercados internacionales, el nivel de vida que tuviese sería la mitad del que ahora tiene. El ATCI, según información proporcionada por Gabriel Felbermayr del Instituto IFO de investigación económica, podría mejorar el nivel de vida de Alemania en un 3 a un 5%.

Sin embargo, estos beneficios están lejos de estar garantizados. Uno de los riesgos principales de la facilitación del comercio es una desviación del comercio – es decir, una reducción de los aranceles aduaneros entre dos países lleva a que los consumidores eviten los productos más baratos procedentes de terceros países. Si el ahorro del consumidor no compensa la disminución en los ingresos aduaneros de los países, el resultado final sería una reducción en el bienestar.

Para evitar tal resultado se requiere de disposiciones que permitan la participación de un conjunto más amplio de países, que incluya especialmente a China y Rusia, en el proceso de facilitación del comercio en igualdad de condiciones. De hecho, la construcción de una especie de “OTAN económica” que excluya a potencias como Rusia y China no sería aconsejable, tanto económica como políticamente. En lugar de ello, estos países deberían ser incluidos en el proceso de negociación.

Otro posible riesgo es el concerniente a la protección de las inversiones. En la situación actual, es aceptable que la UE asuma responsabilidad cuando sus propias medidas de salud y de protección del medio ambiente funcionan, en los hechos, como  barreras comerciales. Las Directivas de la UE que instituyen límites máximos para las emisiones de CO2, por ejemplo, son en realidad un tipo de política industrial destinada a proteger a los automóviles pequeños franceses e italianos. La protección de las inversiones limitaría este tipo de abusos.

Sin embargo, no es aceptable que la UE ofrezca protección a los inversores extranjeros con relación a la incapacidad que tiene un país europeo en cuento a cumplir con sus obligaciones, en especial en lo que se refiere al servicio de su deuda. Tal medida, como Norbert Häring de Handelsblatt recientemente señaló, transformaría al ATCI en un mecanismo de mutualización de la responsabilidad dentro de la UE.

Las garantías a las inversiones que tengan un alcance en toda la UE reducirían artificialmente la tasa de interés a la cual un país de la UE, de manera individual, podría pedir prestado y por lo tanto, alentaría a que estos países asuman más deuda, suspendiendo, en los hechos, el mecanismo de auto corrección de los mercados de capitales. Esto llevaría a la siguiente escena del desastre de la deuda europea, con consecuencias que serían muy superiores a los beneficios que ofrece el ATCI.

El ATCI, sin duda, tiene un gran potencial para impulsar el desempeño económico a ambos lados del Atlántico. Pero, ello no significará nada si se permite que el acuerdo sirva como puerta trasera para la mutualización de la deuda europea a través de lo que se aproximaría, en los hechos, a lo que son los Eurobonos.

Hans-Werner Sinn, Professor of Economics and Public Finance at the University of Munich, is President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author of Can Germany be Saved? Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos

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