Los estatutos de ayer y hoy

Por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (EL PERIÓDICO, 29/05/06):

Entre los procesos estatuyentes de 1979-83 y los de reforma estatutaria de este año hay una diferencia fundamental. Entonces no sabíamos lo que estábamos haciendo. Hoy sí lo sabemos. En 1979-83 teníamos conocimientos teóricos, de naturaleza básicamente académica, sobre la descentralización política. Hoy tenemos conocimientos políticos sobre el ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía en el Estado políticamente descentralizado construido a partir de la Constitución de 1978.
La experiencia en el ejercicio del derecho a la autonomía es lo que está en el origen de las reformas estatutarias. Sobre todo el contraste entre la experiencia anterior y posterior al Gobierno del PP, en particular el de la segunda legislatura en que dispuso de mayoría absoluta. Este ha sido el desencadenante de los procesos de reforma. En esta última legislatura pudimos comprobar que si bien no era posible poner fin a la experiencia de descentralización política que se había puesto en marcha tras la aprobación de la Constitución, sí era posible que se detuviera el avance e incluso que se produjeran retrocesos en el ejercicio del derecho a la autonomía.
En el origen de las reformas estatutarias está el temor a perder parte de lo que se había conquistado. Con la redacción de los estatutos de autonomía de 1979-83 no es posible hacer frente a una política reductora del contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía por parte de un Gobierno de la nación con suficiente mayoría parlamentaria. Esto es lo que se pudo comprobar en la legislatura 2000-2004 y era solo el comienzo.
El objetivo de las reformas estatutarias es impedir que esto pueda volver a pasar. Se trata de incorporar al bloque de la constitucionalidad, mediante una nueva redacción de los estatutos de autonomía, la interpretación más autonomista posible de la Constitución. Las reformas de los estatutos pretenden limitar la libertad de interpretación de la Constitución por parte del Gobierno de la nación en lo que al contenido y alcance del ejercicio del derecho de autonomía se refiere. De cualquier Gobierno, sea del color que sea. Se trata, en la medida de lo posible, de cancelar la ambigüedad de la Constitución en este terreno, excluyendo la posibilidad de una interpretación reductora del ejercicio del derecho a la autonomía. De ahí la extensión de las proposiciones de ley de reforma, el llamado blindaje de competencias, etcétera.

ESTA ES LA RAZON por la que el PP está radicalmente en contra de las reformas estatutarias. Alianza Popular (AP) no estuvo de acuerdo con la inicial puesta en marcha del Estado de las autonomías. Durante toda la década de los años 80 llevó a su programa electoral la reforma de la Constitución para "reconducir" la aventura autonómica. Hasta el congreso de Sevilla en el que AP se refundó como PP no se aceptó de manera expresa el Estado autonómico. Pero se aceptó como un mal necesario, no como algo deseable. La descentralización política alcanzada era el resultado de un momento de debilidad de la derecha española. Era el límite de lo tolerable. Lo deseable era ir rebajando el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía. No ir nunca más allá. De ahí la cerrazón absoluta del PP a cualquier proyecto de reforma, constitucional o estatutaria.
Las reformas estatutarias que se están aprobando suponen, en consecuencia, la derrota más absoluta de la estrategia del PP en lo que a la estructura del Estado se refiere. No porque se rompa España, que el PP sabe perfectamente que no se va a romper, sino porque se produce un cambio sustancial en la fórmula de descentralización política que la dirección actual del PP considera indispensable para volver a ser el partido de gobierno de España.
Lo que no se entiende es la posición de ERC. Cuando oí la entrevista que Carles Francino le hizo a Josep Lluís Carod-Rovira en Hoy por hoy, me quedé atónito. A estas alturas del guión, el dirigente de ERC se descuelga afirmando que, si hubiera previsto las resistencias que iba a haber en el resto de España a la reforma estatutaria que su partido propugnaba, no habría tomado la iniciativa de proponerla, sino que habría optado por negociar unas cuantas leyes estatales sobre los problemas concretos más acuciantes para la autonomía de Catalunya. ¿En qué país cree que vive? ¿No conoce la historia de España y la de Catalunya en España por lo menos de los últimos 125 años?

SU PROPUESTA alternativa, además, es absurda. La ley no es garantía suficiente para el ejercicio del derecho a la autonomía. Lo que una mayoría parlamentaria hace lo puede deshacer otra mayoría parlamentaria. La única manera de garantizar de manera irreversible un determinado contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía es la reforma de los estatutos. Lo que se apruebe en Catalunya el 18 de junio o en Andalucía en febrero del 2007 va a resultar indisponible para cualquier futuro Gobierno de la nación. Es inimaginable que el PP vaya a tener mayoría de dos tercios en el Parlament de Catalunya o de tres quintos en el de Andalucía para revisar las reformas estatutarias que se van a aprobar.
Las reformas estatutarias suponen, pues, la normativización de la interpretación más favorable de la Constitución para el ejercicio del derecho a la autonomía y la consiguiente reducción de la libertad de actuación en este terreno del Gobierno de la nación. De cualquier Gobierno. ¿Es poco? ¿Se hubiera atrevido alguien a pronosticar antes de las elecciones del 14 de mayo del 2004 que este iba a ser el tema central del debate político en España y que se iba a llegar hasta donde se ha llegado?