Los extranjeros de Puigdemont

La semana pasada, en un ejercicio de malabarismo, volvimos a sorprendernos de la aprobación in extremis de nuevas y desconocidas competencias a favor de Cataluña, para mantener un poco más de tiempo a Sánchez en Moncloa.

Entre las competencias intencionalmente cedidas, aunque bien es cierto que el Gobierno no ha tenido a bien informarnos a los titulares de la soberanía, es decir, a los españoles, de su alcance, está la inmigración.

Los que nos dedicamos profesionalmente a esta materia, tenemos claro la trascendencia que implica la concesión de legalidad a un extranjero y lo que con ella puede hacer. Obtener una autorización de residencia o trabajo, un asilo o una reagrupación familiar, por nombrar algunas de las más habituales, implican derechos fundamentales que van más allá, en el caso de España, del ámbito geográfico de nuestra nación.

Nuestra Constitución, norma suprema que muchos hemos jurado defender, incluidos el presidente del Gobierno y los ministros que forman su Consejo, dicta de manera tajante en su Art. 149.1 cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Entre ellas, en su punto 2º, enumera las de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

Como jurista, entiendo exclusividad como competencias no delegables ni transferibles, ya que, por la importancia global que tienen, cederlas dañaría gravemente el Estado de derecho. Una competencia de extranjería no ejecutada por la Administración General del Estado implicaría riesgos de seguridad nacional y violación de los tratados internacionales de los que España es parte, comenzando por el principal de todos, el de la Unión Europea, ya que no sería el Estado firmante, sino una mera región de ese Estado, por mucha autonomía que tenga, la que estaría desarrollando una función que no le corresponde. Políticamente, sería reconocer a Cataluña como un Estado independiente, por cierto, no miembro de la UE, lo que nos convertiría en extranjeros en Cataluña. Nuestras fronteras ya no son sólo españolas, sino de la Unión, en cuanto que el Reino de España, como Estado miembro, tiene la responsabilidad del control migratorio de las mismas frente a la misma. Entrar en suelo español es entrar en suelo europeo, con todos los derecho y obligaciones.

El triministro Bolaños se acoge al Art. 150.2 de la Constitución Española, que establece las cesiones o transferencias de competencia estatal, susceptibles de serlo, a las CC. AA. para intentar colar esa inconstitucional cesión. No se puede utilizar ese precepto para justificarlo, ya que una función exclusiva, como apuntaba antes, no puede ser susceptible de transferencia o delegación. Ni mediante ley orgánica. Si pretenden una ley orgánica para ello, en mi humilde opinión de jurista, nace nula de pleno derecho por absolutamente inconstitucional.

No está de más recordar que la sentencia del TC 31/2010, también referente a Cataluña y su Estatuto, estableció que, en esta materia de inmigración, no puede haber sombra de duda en cuanto al respeto debido y observado para la competencia exclusiva consignada en el citado Art. 149.1 CE. Sólo pueden ser cedidas aquellas materias conexas con la inmigración que pueden gestionar la CC. AA., como asistencia social, sanidad, vivienda, etc., pero nunca las autorizaciones de extranjería, el control de fronteras o el asilo. Conviene recordar que Cataluña tiene la mayor extensión de frontera española con Francia, además de un importante puerto y el segundo aeropuerto del país. Si la legalidad lo permitiese, ¿dejaríamos algo tan importante en manos de desleales a España?, la respuesta creo que es obvia.

Creo que tenemos que hacer que la Comisión Europea, que tanto se preocupa sobre lo que tenemos que comer, a qué temperatura hay que poner la calefacción o qué tipo de coche debemos conducir, tome posición en algo tan serio como la protección de las fronteras exteriores o la concesión de autorizaciones de extranjería, gran parte de ellas unificadas por derecho de la Unión y que tienen consecuencias en otros países de la UE, no permitiendo que algunos de sus miembros lo dejen en manos de terceros sin competencia legal. Este asunto concierne directamente a nuestros compromisos europeos.

Si el Gobierno de España sigue dando pasos al frente con esta supuesta cesión competencial, hemos de ser capaces de llegar a donde sea necesario legalmente para pararlo. No todo vale para seguir en Moncloa, aunque lo autorice Puigdemont.

Íñigo Lecanda Crooke es abogado y académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro de NEOS.

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