Los finales de ETA político-militar

Sin caer en su utilización como arma arrojadiza en el debate político, sin idealizarla (como se llegó a hacer en el pasado) ni demonizarla (como se hace ahora cada vez más), sin ponerle adjetivos simplistas como «pacífica» o «sangrienta», debemos afrontar la historia de la Transición con rigor. Es imprescindible contarlo todo. También el papel que jugaron quienes utilizaron la violencia para sabotear el proceso de democratización.

Nos referimos a la brutalidad de ciertos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al golpismo de algunos militares nostálgicos y a las organizaciones terroristas. David Ballester ha contabilizado 91 fallecidos a consecuencia de la violencia policial con connotaciones políticas: el «gatillo fácil», la represión, los malos tratos, la tortura, etc. Jaleado por la extrema derecha, envalentonado por la impunidad de los implicados en la Operación Galaxia y potenciado por los continuos atentados contra funcionarios uniformados, el «ruido de sables» desembocó en el 23-F.

Los finales de ETA político-militarSin desestimar el peso de la violencia policial y el golpismo, el mayor obstáculo al que se enfrentó la Transición fue el terrorismo. Entre 1976 y 1982 las bandas que operaban en España acabaron con la vida de 498 personas, hirieron a 450 y secuestraron a 70. Dos tercios de estos crímenes llevaban la firma de las distintas ramas de ETA, sobre todo de ETA militar (ETAm), cuya historia se prolongaría hasta 2018. Aunque en menor medida, ETA político-militar (ETApm) también dejó un largo reguero de sangre: fue responsable de 24 víctimas mortales, a las que hay que sumar dos de los escindidos Komando Bereziak en 1977 y dos de ETApm VIII Asamblea en 1983.

No hablamos de estadísticas, sino de seres humanos, con nombre y apellidos. En 1974 los polimilis asesinaron a los guardias civiles Jerónimo Vera, Luis Santos y Argimiro García; en 1975 a los policías José Díez, José Ramón Morán y Ovidio Díaz, así como al guardia civil Manuel López; en 1976 al empresario Ángel Berazadi y los policías José Luis Martínez y Jesús María González; en 1977 al policía Manuel Orcera y al empresario y político Javier de Ybarra; en 1979 al policía Alfonso Estevas-Gilmain; en 1979 al militar retirado José María Maderal, al guardia civil Juan Luna, al policía Dionisio Gonzalo Rey, al ebanista Jesús Emilio Pérez, a la ama de casa Guadalupe Redondo, a la estudiante Dorotea Fertig, al estudiante y atleta José Manuel Juan Boix y al submarinista José Manuel Amaya; en 1980 al directivo de Michelín Luis Hergueta, al soldador Mario González, al policía Basilio Altuna, al perito industrial y político José Ignacio Ustarán y al profesor universitario y político Juan de Dios Doval; en 1983 al militar Alberto Martín Barrios. Ese mismo año falleció el odontólogo Luis Manuel Allende, que había sufrido un secuestro por parte de ETApm VIII en 1982. Fue una víctima indirecta. Basándose en informes periciales de tres especialistas, un juzgado estableció que había existido «una relación causal entre el secuestro y el desencadenamiento de los síntomas de la enfermedad pancreática para el fatal desenlace». En total, 28 vidas rotas. ETApm nunca fue una «ETA blanda», como se la llegó a denominar.

En 1980 la joven democracia española atravesaba una crisis generalizada que se vio agravada por los 132 asesinatos, 100 heridos y 20 secuestros que cometieron los terroristas, incluyendo los polimilis. No es de extrañar que, según una encuesta de la empresa ICSA-Gallup, la ciudadanía los considerara el mayor problema de España detrás del paro. Aquel año fue la antesala, y en cierta medida el desencadenante, de los acontecimientos de principios de 1981 y del golpe de Estado.

Sin embargo, pese al embate combinado de los enemigos de la libertad, la democracia logró consolidarse. Una de las claves de aquel éxito fue el descenso de la violencia terrorista. Dos factores lo posibilitaron. Por un lado, una actuación policial más efectiva durante el mandato de Juan José Rosón como ministro del Interior (1980-1982). Por otro, el acuerdo sin precedentes que, pese a la campaña de ETApm contra UCD de 1980, alcanzaron el líder de Euskadiko Ezkerra (EE) Mario Onaindia y el propio Rosón.

Como resultado, en febrero de 1981 ETApm declaró una tregua. En septiembre de 1982 el sector fiel a EE, ETApm VII Asamblea, dio su última rueda de prensa. Una llamada anónima había intentado reventar el acto con un aviso de bomba, pero no surtió efecto. Joseba Aulestia (Zotza) declaró que «hemos venido a hablar y de aquí no nos movemos». Aquel día ETApm VII Asamblea se autodisolvió.

Como explicó Ángeles Escrivá en su libro ETA: el camino de vuelta, la contrapartida fue la reinserción de entre 250 y 300 ex polimilis (incluyendo algunos octavos, milis y autónomos). A los que estaban detenidos (pendientes de juicio) se les concedió la libertad provisional bajo fianza. Ulteriormente fueron absueltos o su causa sobreseída. Quienes cumplían su condena en la cárcel fueron indultados. Los «exiliados» fueron trasladados en los coches particulares de abogados ligados a EE desde Francia a Madrid. Una vez ante el juez de la Audiencia Nacional, los séptimos se declaraban inocentes de todos los cargos por los que estaban imputados y se sobreseían las causas judiciales.

ETApm VIII Asamblea, la facción de ETApm que no había aceptado el acuerdo Rosón-Onaindia, rompió la tregua y reinició la campaña terrorista. Ahora bien, bastantes de sus miembros optaron por la reinserción o fueron detenidos en sucesivas operaciones policiales. Sin moral de resistencia ni capacidad operativa, ETApm VIII Asamblea entró en crisis y a principios de 1983 se fragmentó. Una veintena de octavos, incluyendo a Arnaldo Otegi, solicitaron el ingreso en ETA militar, que les impuso ciertas condiciones: siete atentados y arrepentirse públicamente de su pasado. El resto de los terroristas, encabezado por Txutxo Abrisketa, comenzó una huida hacia adelante que se cobró una víctima mortal: el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Su último comando cayó en marzo de 1985.

La desaparición de ETApm redujo los niveles de violencia y crispación política en España en general y en Euskadi en particular, lo que contribuyó a afianzar la democracia parlamentaria y la autonomía vasca. No obstante, al contrario de lo ocurrido tras otras experiencias similares, los partidos que la habían promovido no obtuvieron réditos electorales. En las generales de 1982 UCD se hundió, pasando de 6.268.593 a 1.425.093 votos, y EE se estancó, con 100.326, frente a los 210.601 sufragios del brazo político de ETAm, Herri Batasuna.

Por añadidura, el proceso arroja sombras que no conviene ocultar. Aunque el Gobierno de UCD había advertido de que únicamente los ex polimilis que no tuvieran delitos de sangre podrían acogerse a las medidas de reinserción, esa exigencia fue ignorada. Se trató de una amnistía encubierta: nadie respondió por los crímenes de ETApm, que entre 1977 y 1981 había cometido 138 atentados, entre ellos 21 asesinatos. Las víctimas de la banda pagaron un altísimo precio.

Tras la Ley de Amnistía de 1977, la reinserción fue la segunda oportunidad histórica que la izquierda abertzale despreció: tanto ETAm como los Comandos Autónomos Anticapitalistas se negaron a sumarse a la tregua de ETApm en febrero de 1981. Según un boletín polimili, los milis les respondieron «que no querían saber nada, que no estaban dispuestos a discusión ninguna». Las condiciones no eran suficientes para ETAm, que todavía creía poder derrotar al Estado de Derecho.

Desde la rueda de prensa de los séptimos hasta el asesinato de Jean-Serge Nérin en septiembre de 2010, el nacionalismo vasco radical acabó con la vida de 480 personas e hirió a otras 2.318, que se añadieron a los centenares de víctimas anteriores. Tampoco hay que olvidar que cientos de miembros de la banda y de su entorno cumplieron y siguen cumpliendo largas condenas de cárcel. Todo aquel dolor no sirvió de nada: cuando ETA se disolvió en 2018 se encontraba tan lejos de alcanzar sus objetivos fundacionales (la creación de un estado vasco independiente, homogéneo y monolingüe que se anexionase Navarra y el País Vasco francés) como lo había estado en 1982.

Gaizka Fernández Soldevilla ha coordinado, junto a Sara Hidalgo García de Orellán, el libro 'Héroes de la retirada. la disolución de ETA político-militar' (Tecnos 2022).

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