Los fugitivos de la política

Por Joaquín González, fiscal, jefe de la Unidad de Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) y autor del libro Corrupción y justicia democrática (EL PAÍS, 05/05/08):

Las relaciones entre poder económico y política vienen de antiguo y han sido objeto de estudio, al menos desde el Estado moderno. Max Weber advirtió que el nacimiento de este último, caracterizado por el monopolio de la coacción, fue impulsado de manera decisiva por los banqueros, obsesionados por la seguridad como condición de la buena marcha de los negocios. Se formalizó así un matrimonio de intereses bendecido por el capital, con reparto de papeles bien definido. Los magnates del dinero, conscientes de que el poder es por naturaleza oculto, se reservaron una función discreta, mientras que se les reconoció a los políticos el señorío del gran teatro de la vida pública.

Nuevas son las formas de interdependencia entre política y poder económico, con acreditada capacidad de adaptación. Singularmente, a los retos de la ampliación de mercados que permite la globalización y al desmantelamiento del sector público, que aun en manos privadas sigue manteniendo oscuros pasadizos con sus orígenes. Hoy en día cada opción política genera un enjambre de empresarios afines, a los que se vincula mediante lazos particulares y alianzas relativamente estables. Bajo la ley del silencio se crea un entretejido de intereses recíprocos, urdido en beneficio mutuo. El paso de un lado al otro, sobre todo de la política al campo empresarial, una vez amortizado el personaje en la primera, no es infrecuente. Convencidos como Sartre de que “el infierno son los otros”, los agentes de estos clanes extienden una red de relaciones de naturaleza sectaria, ajena a todo control y esencialmente antidemocrática. Es la antesala de la corrupción.

El asunto es bien conocido en otros países de nuestro entorno, que ya fueron víctimas de tal forma de proceder. Normas precisas han sido adoptadas y las nociones de conflicto de intereses y de incompatibilidad forman parte fundamental de su cultura política. En la Unión Europea permanece en el recuerdo el intento de contratación, por una compañía de telefonía española, del comisario responsable de las telecomunicaciones. Ocurrió en 1999, con una Bruselas conmocionada por la dimisión de la Comisión Europea, en marzo de ese año, ante los aireados escándalos de corrupción. Y ahí ardió Troya. Se invocó “la délicatesse”, fórmula propia del refinamiento francés, o the codes of conduct de sello anglosajón, para oponerse al despropósito, bajo la advertencia de acudir al Tribunal de Justicia por grave violación de los deberes de los comisarios.

España se ha sumado a velocidad de vértigo a este nuevo mundo, con su contrastada capacidad de adaptación, tanto para lo bueno como para esto. Muestra de ello es el incesante trasvase del mercado de la política al de los negocios que vivimos en estos días. Hoy más que nunca parece la primera seducida por los métodos y la estética de la empresa. Sin convicciones morales, ni credos políticos, ni ideales; es decir, lo que verdaderamente ennoblece a la política, arribistas de uno y otro signo desembarcan en las filas de los partidos, o en los órganos de decisión o en sus aledaños, para entreverar sus filas con el espíritu de la ganancia. Y allí, en el discreto púlpito de los despachos oficiales, predican la buena nueva del beneficio, de atractivo al parecer irresistible. Probablemente sea la extensión al ámbito económico del giro radical en la filosofía social que operaron Maquiavelo y Tomas Moro. Teorizaron una política entregada al orden del ser, abandonado el deber ser donde, fiel compañera de la ética, había vivido desde los tiempos de Aristóteles. Por esta vía, y si no se pone remedio, la política se convertirá en gestión empresarial; los partidos, en sociedades económicas; el poder, en negocio de colosales proporciones, y los políticos, en sus agentes.

Los fugitivos de la política acuden a sus nuevos destinos ligeros de equipaje. No allegan nuevas teorías, ni libros, estudios u otros documentos, si no algo más sencillo, aunque sumamente valioso: información confidencial y una agenda de contactos. Lo sabemos por sus protagonistas, que sin rubor alguno confiesan que su cotización depende de su círculo de amistades y conocidos. Siendo ya esto en extremo preocupante, no es lo más grave. Los silencios de unos y la limitada reacción de otros legitiman de manera simbólica prácticas en las antípodas de la moralidad pública. Se fabrican así nuevos triunfadores, espejo para jóvenes carreristas de la política que aspiran secretamente al viaje al Dorado de los consejos de administración, de las fundaciones y demás. El daño que se produce, en lo hondo de la organización social, es devastador.

En el entretejido y sus túneles subterráneos a que me refiero la corrupción deja de ser un fantasma para convertirse en discreto gendarme en el reparto desigual de las ganancias. La falta de visibilidad de las decisiones, no así de sus consecuencias, facilita la apropiación ilícita de información, utilizada en beneficio de unos pocos con violación de las reglas jurídicas y discriminación de terceros. Aquí puede radicar el interés de grandes empresas por determinadas personas vinculadas al poder político. En estos momentos de crisis económica, junto al apoyo de sus inversiones en el extranjero, buscan con avidez una posición de privilegio en la piñata de la contratación pública. Tengo en mi pensamiento a los pequeños y medianos empresarios, huérfanos de padrinos y ajenos a estos tejemanejes. Puedo entender su indignación.

Cierto es que España dispone de normas frente al tráfico de influencias y a los conflictos de intereses e incompatibilidades de nuestros políticos. No creo que sean suficientes. La corrupción es un fenómeno proteico, un prisma con formas variadas y cambiantes. Y las normas, estructuras rígidas, redes por entre cuyos orificios se escapan no pocos comportamientos. Por ello, aunque es necesario perfeccionar el orden jurídico, tanto en sus normas como en la organización, no podemos confiar toda la solución de este grave problema al Derecho. Ésta sería, lo es ya, una trampa. La experiencia demuestra que los sistemas penal y administrativo apenas atrapan los comportamientos más burdos. Y suelen hacerlo tarde, muy tarde, con respuestas que son ecos del olvido. La corrupción política, la que corroe los cimientos del pacto social, ha de tener respuesta inmediata en el seno en que se produce. Y su antídoto ha de venir de lo que García Pelayo definió como el ethos colectivo de creencias políticas y convicciones jurídicas inmanentes a nuestra Constitución.

Nuestro sistema tiene suficiente salud moral y líderes capaces de hacer valer la virtud en la vida pública. Se trataría de instaurar códigos morales y políticos de rigurosa observancia, antes, durante y después del paso por la vida pública. Habrían de disuadir a profesionales del medro, especuladores de la información, encantadores de salón, ilusionistas del negocio fácil y otros indeseables de nuestra poblada fauna político-empresarial. Se incrementaría así la sensación de que nuestros gobernantes no son marionetas en manos de un poder oculto. Sólo así podremos eliminar la permanente sospecha, alejar de la vida pública la sombra de la corrupción. Nuestros políticos tienen la palabra. Una gran parte de la credibilidad del sistema depende de ello.