«Me dísteis una Roma de ladrillo y os la devuelvo de mármol», pudo decir Octavio Augusto. No es el caso de Rajoy, pero hasta sus avances en el terreno económico corren el riesgo de resultar anegados por la actual ola de descontento. Por momentos, los fundamentales de nuestra economía pareciera que dejan de estar en la estabilidad de precios, el empleo, el control del gasto, la recuperación del consumo, la inversión o el menor tipo de interés de la deuda.
Pareciera que la salida de la gran recesión 2008-2013, el impulso del sector exterior, la evitación del rescate, la mejora laboral, el Régimen Único de Facturas, la ley de proveedores, la reforma y avance de la unión bancaria en la UE, la mayor transparencia en el sector público, y otros aspectos elogiables de su mandato corren el riesgo de resultar menospreciados por la imagen de pasividad que –con razón o sin ella– la opinión pública percibe del Gobierno.
Y es que al bajar los niveles de gasto público y bienestar es como si se hubieran quedado al descubierto –de repente– tuberías oxidadas, galerías taponadas o mecanismos herrumbrosos, mostrando los fallidos de lo que denominamos elementos extraeconómicos, ligados a nuestro sistema institucional. Los focos resaltan los elementos dañinos de la realidad sociopolítica; cuadros de luces con cortocircuitos o conexiones perversas que de otra forma hubieran continuado ocultos a ojos de la mayoría, pero sobre los que veníamos previniendo como causas de nuestro menor potencial como nación. Entre otros, unos entes territoriales bajo mandatos prolongados, de hasta más de veinte años, y organismos adhoc, garantes –Tribunales de Cuentas, Consejos Consultivos...– de unas redes clientelares extractivas y cerradas parasitando el presupuesto público y el bolsillo ciudadano.
Pero ahí está la otra cara de la crisis. La de posibilitar la limpieza de fondos que toda sociedad debe realizar periódicamente. Y debemos hacerlo evitando un pesimismo autodestructivo, del que ya tuvimos bastante en el primer tercio del siglo XX.
En el mundo, más transparente e igualitario, de la globalización no solo los salarios, o las estructuras productivas, se ven afectadas. España viene cayendo en los indicadores de corrupción de la Universidad alemana de Passau, desde lugares del entorno del 20 al puesto 40 en 2013, aun dentro de los países menos corruptos. Sin que nos sirva de consuelo que, siendo 195 las economías nacionales hoy existentes, encontremos detrás de nosotros a países de la propia eurozona como Italia –puesto 69– u otros de la UE.
Es el «Spanish politics in flux. What next?», que titula el reciente informe de J.P. Morgan. A este respecto sabíamos que las dudas cristianas acerca de la cuantía del interés de los préstamos nunca había desaparecido totalmente; y que magnates bancarios creyentes, como John Piermont Morgan, contribuyeron generosamente a las arcas de la Iglesia norteamericana quizás pensando en lavar posibles culpas. Ello no obsta para que sus sucesores se pregunten hoy sobre Qué será lo próximo en España. Y hay que decir que siguen considerando «positiva» nuestra evolución económica general; pero que, en atención a otros fundamentales extraeconómicos, entre los bonos irlandeses y los españoles, prefieren aquellos. No solo por el entorno generado por la corrupción; sino por el horror –compartido por mi familia catalana– a la sola visión de la voluminosa deuda de la Generalitat transmutada en bono basura, como sus repudiados bonos patrióticos.
Pero aquella necesaria labor de revisión, de oxigenación, circulación y renovación de la clase dirigente –llámese establishment, sistema, o casta, que nada es nuevo– debe hacerse con la cabeza fría. Y hacerlo con lo mejor de la sociedad civil. Recurriendo al ímpetu y al alimento moral que ha mantenido vertebrada y nutrida la mejor España de los últimos 20 años.
Con el mismo espíritu que alienta a nuestras pequeñas y medianas empresas; entre las que solo las microempresas –con menos de 10 trabajadores– realizan más del doce por ciento de todas nuestras exportaciones; el que alienta las grandes multinacionales españolas del Ibex 35 que abanderan la Marca España en el mundo; el de nuestros mejores integrantes de la judicatura y altos cuerpos de la administración del Estado; el de nuestros más solventes profesionales de los medios de comunicación; el de los mejores de entre nuestros vecinos y asociaciones profesionales; el de nuestras universidades y escuelas de negocios, líderes en sus segmentos y en su formación en el mundo de esas decenas de miles de jóvenes cuya preparación, energía y vitalidad son garantía de futuro; el de esos miles de opositores que se sacrifican y perfeccionan para cubrir los cuadros administrativos y de gestión pública, y privada, pues sus esfuerzos siempre revierten en la propia sociedad civil que polinizan y mejoran. «La moralidad es útil –decía Benjamin Franklin– porque nos da crédito». Y porque en este sentido una sociedad educada en normas éticas y de recto cumplimiento siempre obtiene réditos económicos y de bienestar social, como señala el Premio Nobel de Economía James Buchanan, al argumentar «por qué es bueno pagar a los predicadores».
Y para ello se necesitan decisiones ejecutivas. De soltar lastre en el propio Gobierno, su entorno, y su partido. Sin contemplaciones para quienes, imputados o en prisión, no han estado a la altura moral que la situación y la opinión pública exigen en la hora actual de España. Hora en la que la sociedad parece estar exigiendo un nuevo licenciamiento general. Equivalente al del franquismo de los años setenta. Al de la transición de los años ochenta; al de la UCD, el viejo PSOE, el eurocomunismo. O el felipismo de los años noventa. Es una puesta a punto necesaria. Un escopetazo que cada partido o institución debe ejecutar –como ha hecho la Corona– en solitario. En la medida que son difíciles unos pactos globales que la ciudadanía podría ver como una forma de ocultación o búsqueda de mutua protección. La llamada operación púnica ha recordado –sin querer, o no– la imagen de la guerra total contra Cartago: «Delenda est Corruptio...».
Javier Morillas, catedrático de Estructura Económica de la Universidad CEU San Pablo.