La promesa del gobierno interino tecnocrático de Egipto de restablecer la paz social y la estabilidad política y de rescatar la economía resulta atractiva para un país atascado en una prolongada crisis constitucional y una creciente tendencia a la violencia, en medio de arraigadas reivindicaciones sociales y desigualdades económicas. Cabe arbitrar soluciones financieras rápidas gracias a la concesión de ayudas por valor de 12.000 millones de dólares de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de confirmar el préstamo de 4.800 millones de dólares del FMI. Ello permitirá que el gobierno interino controle el déficit presupuestario, aumente las reservas de divisas, aminore la inflación y refuerce la confianza de los inversores a corto plazo.
Pero el logro de objetivos más ambiciosos, tales como la lucha contra el desempleo y la mejora de los niveles de vida, el estímulo a las pequeñas y medianas empresas y el aumento de la inversión nacional, así como el aumento de la productividad económica y la eficiencia administrativa, representarán una tarea mucho más ardua, si no imposible.
Y no es por falta de recetas políticas. Se debe, más bien, a que ni el gobierno interino ni su sucesor, que deberá formarse después de las elecciones parlamentarias y presidenciales programadas provisionalmente para finales del 2013, pueden emprender las reformas administrativas y económicas necesarias para resolver los problemas estructurales más profundos de Egipto sin chocar frontalmente con las extensas redes e intereses militares incrustados en el enorme aparato estatal y los grandes sectores económicos de propiedad estatal.
Esta república de oficiales lastrará el funcionamiento de cualquier gobierno de carácter civil elegido democráticamente que intente transformar la administración y la economía del país, prescindiendo de su orientación política o ideológica. El presidente Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes han mostrado una singular ineptitud en el gobierno de Egipto, pero hasta el gobierno más progresista y laico verá socavada su legitimidad popular a expensas de las revueltas y al albur de la propia institución –las fuerzas armadas– cuya penetración en el Estado y la economía es un factor clave en la intensificación de la crisis socioeconómica de Egipto.
El derrocamiento de Morsi refleja lo cerca que está el ejército egipcio de la institucionalización formal de su soberanía política sobre el Estado egipcio y, por extensión, de la perpetuación de la república de oficiales. La nueva Constitución, aprobada mediante referéndum nacional en diciembre del 2012, consagró la autonomía de las fuerzas armadas respecto del control civil, apartó el presupuesto de defensa y el sector empresarial militar del teórico control parlamentario nominal y prohibió el enjuiciamiento de personal militar –tanto en activo como retirado– por tribunales civiles aun por delitos que caen bajo la jurisdicción del Código Penal en el ámbito civil. Estas disposiciones fueron aprobadas por la administración Morsi y no son cuestionadas actualmente por las fuerzas políticas unidas contra él, con las excepciones de la juventud revolucionaria y del líder progresista Mohamed el Baradei.
Los oficiales de las fuerzas armadas, además, forman una mayoría en el Consejo de Defensa Nacional, reactivado por el consejo militar en el poder en junio del 2012. Este es el único organismo autorizado expresamente para revisar el presupuesto de defensa incluso en sentido amplio y autoriza, de hecho, a las fuerzas armadas a supervisar los ámbitos políticos que considere relevantes para la seguridad nacional. Todo ello representa constreñir aún más las facultades de la presidencia y del gobierno.
En estos momentos, el poder militar se encarna claramente en la figura del coronel general Abdul Fatah al Sisi, ministro de Defensa y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Quedó demostrado en el cese del responsable del servicio general de inteligencia (GIS, en inglés), el general de división Mohamed Rafat Shihata, el 5 de julio del 2013. Shihata fue el primer oficial en ascender en el seno del GIS a la dirección del servicio, siempre dirigido hasta entonces por oficiales de inteligencia militar. Sólo había estado en su puesto nueve meses y medio y no había razón alguna de peso para trasladarlo, pero bastó el periodo citado para que el presidente interino Adli Mansur lo hiciera inmediatamente al asumir el cargo. Mediante la sustitución de Shihata por el general Mohamed Farid Tahamy, un exmando de inteligencia militar, Al Sisi reafirmó el dominio sobre este último organismo –que había mandado hasta su nombramiento como ministro de Defensa en agosto del 2012– y sobre las fuerzas armadas en general.
La figura de Tahamy reviste singular interés, en todo caso, porque anteriormente dirigió la Autoridad de Supervisión Administrativa, el organismo de control más importante del país, que informa en exclusiva al presidente, durante los últimos siete años de la era Mubarak. Mubarak se valió de este organismo, que se supone combate la corrupción en cualquier entidad civil, ya sea pública o privada, para disuadir a los opositores con la amenaza de investigaciones penales y recompensar a compinches políticos y de negocios mediante el procedimiento de dar carpetazo a las investigaciones sobre sus maniobras. Tahamy demostró de modo patente su lealtad, pues fue renovado en el cargo cuatro veces después de su primer mandato de cuatro años, que terminó en el 2008, hasta que fue destituido por Morsi en septiembre del 2012 tras ser acusado de corrupción por otros funcionarios del mencionado organismo. Cualquiera que sea la verdad de las acusaciones contra Tahamy, su reencarnación como jefe del GIS es muy reveladora del funcionamiento de la república de los oficiales. Hay mucho en juego. En una ilustrativa entrevista periodística en mayo del 2013, el sucesor de Tahamy, el general Mohamed Omar Uehbi Heiba, reconoció el matrimonio del capital y el poder que habían obstaculizado la labor de la Autoridad de Supervisión Administrativa bajo Mubarak y reveló que Morsi había sometido la presidencia a su auditoría por primera vez en la historia. Heiba, a continuación, identificó las agencias estatales más afectadas por la corrupción: gobierno local, organismos públicos de inversión y sociedades de cartera y departamentos de aduanas, fiscalidad y seguridad social. Si Heiba pretendía establecer una conexión o no, lo cierto es que las dos primeras categorías que enumeró emplean a un gran número de oficiales retirados, incluso miles. Lo mismo ocurre con muchos otros sectores de la administración pública, especialmente en el caso de concentraciones importantes de exfuncionarios de los ministerios y organismos que se ocupan de los sectores relacionados con la tierra, la vivienda, la gestión inmobiliaria, las obras públicas, el desarrollo agrícola, el reciclaje y el turismo. Oficiales retirados disfrutan de una sinecura, en tanto que las ramas de las fuerzas armadas monopolizan la distribución de los cargos provinciales, sociedades de cartera y servicios públicos situados en su ámbito técnico o geográfico.
Las fuerzas armadas egipcias, además, se jactan de ser capaces de presentar grandes proyectos de infraestructura a menor costo que las empresas del sector privado, suministrar bienes de consumo de bajo costo, incluyendo los productos manufacturados y los alimentos, y conceder dádivas al pueblo egipcio que van desde paquetes de alimentos para los pobres hasta puentes y plantas de tratamiento de aguas.
El gobierno interino de Egipto ha declarado que tiene la intención de elaborar una hoja de ruta económica destinada a la reforma estructural. Se trata de invertir en proyectos de infraestructura, privatizar algunas empresas estatales y ofrecer en general mayores oportunidades al sector privado para competir e invertir. Son objetivos encomiables anunciados en numerosas ocasiones por parte de gobiernos anteriores pero que no prestan la debida atención a la naturaleza fundamentalmente extractiva y rentista de la relación de los militares con el Estado egipcio, las finanzas públicas y la economía.
Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio, Beirut. Traducción: José María Puig de la Bellacasa.