Un estudio pionero publicado en noviembre pasado reveló que las actividades de apenas 90 productores de carbón, petróleo, gas y cemento generaron el 63% de todas las emisiones de CO2 desde la Revolución Industrial.
El informe se publicó pocas semanas después de la devastación causada en la región filipina de Tacloban por el tifón Haiyan (o Yolanda, según se lo bautizó localmente). La tormenta, que desplegó vientos sin precedentes de hasta 315 kilómetros (196 millas) por hora, mató a 6.300 personas, dejó sin hogar a cuatro millones y provocó daños por más de 2.000 millones de dólares.
Haiyan y los estragos que provocó fueron un llamado a la acción para los delegados a la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático celebrada pocos días después en Varsovia. En respuesta a lo sucedido, los delegados acordaron establecer un mecanismo internacional para la reparación de “pérdidas y daños” relacionados con el cambio climático, que se aplicará en los países que no puedan adaptarse al calentamiento global o protegerse de sus peores efectos.
Se sabe que los más vulnerables al cambio climático generalmente son los que tienen menos responsabilidad por sus causas y menos recursos para enfrentar sus consecuencias. En cambio, los grandes emisores individualizados por el estudio han hecho inmensas fortunas con los combustibles fósiles causantes en gran medida del cambio climático. En 2013, las ganancias combinadas de apenas cuatro empresas de la lista (Chevron, ExxonMobil, BP y Shell) ascendieron a 94.000 millones de dólares. Semejante volumen de ingresos sólo es posible porque estas empresas externalizan el mayor costo de sus productos: la devastación climática sufrida por los pobres y vulnerables.
De modo que sería justo y razonable que todas las entidades relacionadas con los combustibles fósiles, pero especialmente los grandes emisores, paguen un impuesto por cada tonelada de carbón, barril de petróleo o metro cúbico de gas que produzcan; lo recaudado se entregaría a un nuevo Mecanismo Internacional para la Reparación de Pérdidas y Daños que financiaría iniciativas tendientes a enfrentar los peores efectos del cambio climático. Además, ya que los efectos actuales del cambio climático son resultado de emisiones del pasado, es justo que los grandes emisores también paguen un impuesto retroactivo.
Con una tasa inicial relativamente baja de 2 dólares por tonelada de carbono, este impuesto permitiría recaudar 50.000 millones de dólares al año (aunque la tasa se debería aumentar cada año). Algunos de los usos que podrían darse al monto obtenido son: colaborar con el desarrollo de planes a largo plazo en los países vulnerables para enfrentar el cambio climático; financiar proyectos piloto de reducción de pérdidas y daños, uso compartido de información y difusión de prácticas recomendadas; financiar programas de seguimiento y predicción de eventos climáticos extremos de desarrollo lento, que permitan a las autoridades y la población prepararse mejor para hacer frente a desastres inminentes; y cubrir primas de riesgo por pérdidas y daños en pólizas de seguro individuales, locales, nacionales, regionales o internacionales.
El impuesto a los grandes emisores lo cobrarían los gobiernos, tal vez junto con el cobro de regalías y otros aranceles a las actividades extractivas, y luego lo depositarían en el fondo internacional citado. Sumar el nuevo impuesto a los aranceles actuales contribuiría a emitir una señal de precios favorable al reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables.
Este impuesto a los combustibles fósiles sería totalmente compatible con las normas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con los principios del derecho internacional “paga el que contamina” y “evitación de daños”, según los cuales cada organización es responsable de pagar por los daños que provoca. De hecho, el nuevo sistema sería similar a otros regímenes ya establecidos, como los relacionados con la compensación por derrames de petróleo o accidentes nucleares.
Ahora bien, que cada cual pague por los daños que ocasiona es necesario, pero de ningún modo suficiente: el pago de un impuesto compensatorio no debería entenderse como que los grandes emisores compran un derecho a contaminar. También hay que trabajar para detener la provocación de daños a los más vulnerables (y a nosotros mismos). Cuando en 2015 los gobiernos del mundo se reúnan en París para la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, es necesario que acuerden modos de lograr una reducción gradual de las emisiones netas de gases de efecto invernadero y el abandono de la quema de combustibles fósiles de aquí a mediados de siglo. Según la organización Carbon Tracker, para evitar una catástrofe climática, el 80% de las reservas de combustibles fósiles debe permanecer bajo tierra.
Incluso con el actual nivel “bajo” de cambio climático, la destrucción es un hecho evidente. Lo es para los ciudadanos filipinos que hoy lloran a sus familiares y tratan de reconstruir sus casas y sus vidas; para los habitantes de islas del Pacífico obligados a cultivar vegetales en contenedores, importar agua potable y erigir barreras para proteger sus hogares del avance del océano; y para los agricultores que padecen hambre en el Sahel. Y es un hecho cada vez más evidente para millones de personas vulnerables de todo el planeta.
Estas personas merecen el apoyo de la comunidad internacional, pero no solamente apoyo moral, sino apoyo real a través de mecanismos eficaces y provistos de fondos para prevenir, o al menos aliviar, los daños del cambio climático originado en la industrialización del pasado y del presente. Es hora de que los grandes emisores paguen lo que deben.
Naderev (Yeb) Saño is a commissioner with the Philippines Climate Change Commission. Julie-Anne Richards is Manager of International Policy for the Australia-based Climate Justice Program and co-authored the report Carbon Majors Funding Loss and Damage. Traducción: Esteban Flamini