Frente al independentismo abiertamente declarado de Esquerra Republicana, existe una tradición nacionalista en Cataluña de corte moderado e integrador que, desde finales del siglo XIX, compatibiliza el hecho diferencial con la participación activa y comprometida en la política española. El precursor de esta vía es «¡Ay!, el gran Cambó, el mejor político del siglo XX», según su contemporáneo, el pérfido Romanones; «el genio político mejor dotado que ha producido, no sólo Cataluña, sino la España actual», tal como lo definió en los años 40 el historiador Salvador de Madariaga.
Francesc Cambó entendió a la perfección el papel que la Historia había reservado al catalanismo, el doble juego que el nacionalismo catalán habría de desempeñar en el complejo tablero de la política española. Resumió perfectamente su trayectoria en una frase tan descarnada como actual: «Sin Cataluña, en España no se podría gobernar». Hoy, como ayer, Cataluña marca el compás de la política nacional, sobre todo en materia territorial.
El político gerundense practicaba acrobacia en las alturas: mientras dilataba eternamente debates parlamentarios para frenar la aprobación de leyes y, de paso, desquiciar a un Gobierno al que pretendía derribar, conspiraba para defenestrar ministros por desavenencias personales, luchaba denodadamente contra la Ley de Jurisdicciones (o lo que era casi lo mismo, por la libertad de imprenta) y clamaba por el reconocimiento de la autonomía de Cataluña; por otra parte, trabajaba para mantener a Alfonso XIII en el trono, evitar la improvisación política, participar en un Gobierno de concentración -llegó a ser ministro de Fomento en 1918-, frenar las sucesivas crisis que atenazaban al régimen de la Restauración, tender puentes con el liberalismo conservador de Maura y canalizar por la senda integradora todo el sentimiento nacionalista.
Tanto se sentía comprometido por el devenir de España, que hasta maquinó la posibilidad de que el caduco sistema de turno entre partidos fuese sustituido por una fórmula nueva en la que él llevaría las riendas del nuevo partido conservador. La crisis de la monarquía y el consiguiente advenimiento de la República le cogieron con un cáncer de garganta, maniatado para variar el curso de la Historia.
Para entender el pensamiento de Cambó es suficiente recurrir a un breve texto publicado en 1927, cuyo origen es una conferencia dictada en 1923. Su título es lo suficientemente explícito: Por la concordia. En él, reconoce de nuevo que sobre el problema catalán gravita toda la política española. Que negarlo no es la solución. Y que su base es la existencia del hecho diferencial. No obstante, frente a la particularidad catalana, ha de situarse, al mismo nivel, la realidad hispánica, esto es, el hecho peninsular, que Cataluña también debe reconocer.
Cataluña, por tanto, está inexorablemente unida a España, y aunque sea sólo por razones geográficas, comparten pasado y destino. España tiene una entidad que incluye a Cataluña al margen de cualquier división administrativa, y el error de Cataluña en la Edad Media fue mirar al Mediterráneo y no hacia el interior de la Península, hacia fuera y no hacia dentro. «Aceptemos el hecho y no nos obstinemos temerariamente en luchar contra una realidad indestructible a la cual llevamos hechas muy copiosas y muy fecundas aportaciones», escribió.
Para solucionar el problema catalán, dice, hay tres fórmulas: «Dos claras y definitivas, y una, estéril y transitoria: considerar incompatibles los dos hechos, lanzarlos uno contra otro, con el deliberado propósito de que el más fuerte destruya al que le estorba». O sea, enfrentar la política asimilista contra la solución separatista. La segunda solución, la integradora, la más saludable, es considerarlos «compatibles y armonizables» y, la tercera, mantener un resquemor constante hasta que se impusiera al final cualquiera de las otras dos opciones.
El fundador de la Lliga concluye con un llamamiento a los intelectuales para que hagan pedagogía de la concordia y explicando las ventajas de la conciliación: España será más fuerte política, cultural y económicamente si reconoce la pluralidad y si se encamina hacia la unidad ibérica, que incluye a Portugal -curiosa similitud entre el ideal de Cambó y el del escritor portugués Saramago-. Más tarde, Ortega supo ver que Cambó, en el fondo, hablaba de federación de pueblos ibéricos y, en ese punto, discreparía con él, aunque suscribiera lo general: «Lo importante es movilizar a todos los pueblos españoles en una gran empresa común. Pero no hace falta nada de iberismo; tenemos delante la empresa de hacer un gran Estado español», para lo cual es necesario que nazca el «entusiasmo constructivo».
La tradición que emprendió Cambó ha seguido viva en el nacionalismo catalán. Tanto Pujol como Roca, o ahora Duran i Lleida, siguen, salvando amplias distancias y contextos entre todos ellos, el mismo hilo conductor para estructurar su pensamiento. Y vaya por delante que creo que la expresión nacionalismo integrador incurre en una contradicción en los términos (aunque se acuñe para diferenciarse del separatista). El nacionalismo, por definición y actuación, es desintegrador y disgregador o no es. Pues por principio, su pretensión es separar una parte del todo, privándole así de alguno de sus elementos. El nacionalismo incide en la diferencia y minimiza la semejanza, proclama la singularidad y reclama, basándose en ella, el reconocimiento de una identidad exclusiva. Ortega no pudo definir la idea con más lucidez: «La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás».
En este sentido, que el Parlamento de Cataluña haya aprobado por abrumadora mayoría la creación de una administración tributaria propia y al margen de la que opera en el conjunto de España pone de manifiesto dos cosas: una, la voluntad de separación que expresan los partidos nacionalistas; y dos, que el sistema de partidos catalán incluye hasta cinco formaciones nacionalistas de distinto signo, aunque en este caso de igual grado: una independentista de izquierda, otra federalista de izquierda y verde, una tercera federalista y socialdemócrata, una convergente y una última democristiana.
Pese a todo, el devenir inmediato necesariamente va a constituir el escenario propicio para que el nacionalismo que se define como integrador (el catalanismo propiamente dicho) demuestre que efectivamente lo es y que está dispuesto a completar el todo, esto es, a suministrarle lo que le falta sin reparar en que el último beneficiario de su actuación sea la parte a la que dice representar. La coyuntura política va a permitir a Convergencia i Unió ejercer como mediador en la batalla política nacional, le va a exigir situarse en una posición intermedia y, ciertamente, moderadora e integradora. No será la primera vez. Pujol -partidario de la soberanía relativa- cumplió con creces y Roca quiso emprender, con altura de miras pero en un momento inadecuado, una tarea imposible: la de forjar un partido reformista, centrado aunque con acento catalanista. Puede ser, por qué no, el momento propicio, pero no es necesario -aunque sólo sea por falta de tiempo- recurrir a nuevas siglas.
Para ello, CiU debe desprenderse del complejo de verse superado por la izquierda y la periferia por ERC y asumir que su función es otra muy distinta pero mucho más elevada. Y también debe, y esto es prioritario, entender que cuando las previsiones electorales apuntan a mayorías escuálidas no es el momento de relamerse y afilar los cuchillos, sino de asumir la responsabilidad y el compromiso histórico que su catalanismo representa. No puede, si realmente reclama la participación activa y decisiva en la política española y la comprensión del resto de España, prestarse al mercadeo político antes de las elecciones o durante el proceso de constitución de las Cortes y de formación del próximo Gobierno.
En el enrarecido clima político actual, con un frente común abierto contra el PP, donde se integra toda la izquierda y prácticamente todo el nacionalismo separatista, CiU -sin olvidar a Coalición Canaria- ha de ejercer de árbitro. Porque la cuestión que late en el fondo no es menor, ya que de materializarse formalmente en la próxima legislatura una alianza de todas las fuerzas parlamentarias que otorgaran el Gobierno al PSOE, independientemente de qué partido fuera el ganador de las elecciones, estaríamos asistiendo a un proceso soterrado de transformación del sistema de partidos que, de cuajar, conduciría inevitablemente a una redefinición del sistema político actual.
Por tanto, es indispensable que CiU se comprometa antes de los próximos comicios a apoyar en el debate de investidura al candidato del partido más votado. Con ello, no sólo sería el fiel de la balanza, sino que contribuiría a mantener con pulso al Parlamento, reactivando el debate en las cámaras y no alcanzando acuerdos en «habitaciones llenas de humo». Entonces sí, en el curso de la legislatura, estaría legitimado para promover iniciativas y mociones y apoyar o rechazar proyectos de ley en función de sus intereses como coalición. No se trata, obviamente, de que conceda un cheque en blanco al partido que resulte vencedor.
Pero además, sería incluso conveniente que si el PP gana las elecciones, CiU entre de una vez por todas, sin remilgos y sin ambages, en el Gobierno de la nación. Tal entendimiento parece ahora imposible, pero a fin de cuentas, en el fondo, CiU tiene ideológicamente mucho más en común con el PP que con la alianza PSOE-IU-ERC. Entre ambos podrían equilibrar un Estatuto que no gusta a ninguno. Lo apunta acertadamente Duran i Lleida en su libro Entre una España y la otra: el mismo respeto que reclama el catalanismo para su realidad nacional ha de profesarle al hecho español. Afirma que el catalanismo moderado no sólo no es independentista sino que ha de aceptar a tantos que piensan que España es una nación. En otras palabras, tiene que normalizar el término España. Por eso mismo, no es estrictamente necesario que el líder del PP catalán sea un «poquito nacionalista» o el de CiU demasiado españolista, sino que ambos entiendan la lógica y las razones del otro, que cooperen en el marco que establece la Constitución, que empaticen.
Lleida se queja de la catalanofobia que existe en gran parte de España. Pues bien, anímense, pasen y vean. Comprueben ustedes mismos que toda España sabe con certeza: que Cataluña, durante mucho tiempo, fue la locomotora económica de España, la impulsora de nuevas tendencias de consumo y culturales, la portadora de ideales de libertad y progreso. Y que muchas veces, el rencor mutuo ha partido de un cierto complejo de incomprensión que ha aquejado al nacionalismo, que padece una manía persecutoria que carece de fundamento en la actualidad.
Admitamos sin temor que España no es sin Cataluña, pero que Cataluña no es sin España. Esto es, que gran parte de la razón de ser del nacionalismo que se dice integrador es la reivindicación, y que ésta no puede darse si no existe nada que reivindicar. Pero a la vez, que la legitimidad de la reivindicación parte del compromiso contraído con las instituciones españolas para contribuir a su desarrollo y fortalecimiento. El progreso español ha de partir, necesariamente, de la superación de las cuestiones identitarias, y ha de continuar basado en la solidaridad interterritorial, aunque se perfeccionen los mecanismos para aplicarla, tal como ha apuntado en alguna ocasión Artur Mas. Porque este aspecto, no lo olvidemos, es nuclear para mantener la esencia del sistema diseñado en 1978.
Cada formación política ha de saber, en consecuencia, la cuota de responsabilidad que debe asumir ante el reto del entendimiento en estas y otras materias, sobre todo para que ningún Cambó tenga que repetir aquello de «por culpa de estos malvados, me he visto obligado a apoyar a estos imbéciles».
Javier Redondo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.