Los héroes de nuestro tiempo

Para los que piensan que nada ha cambiado sustancialmente en España en lo que se refiere a la tolerancia con la corrupción política, conviene recordar el fenómeno natural de la pseudomorfosis: se trata de un proceso por el que el aspecto superficial de un mineral permanece invariable pese a que sus estructuras internas han cambiado por completo. Algo parecido está ocurriendo con nuestra sociedad y la lucha contra la corrupción. Aparentemente todo sigue igual, pero hay muchos indicios de que la ciudadanía ya no tolera ciertos comportamientos de nuestros políticos que hasta hace poco eran habituales. Como ejemplo, recientemente el Congreso de los Diputados ha votado a favor (prácticamente por unanimidad) de la toma en consideración de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentado por Ciudadanos. Hace no tanto tiempo, el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmaba que en España no hacía falta proteger a los denunciantes de la corrupción. Parece que ahora todos los partidos políticos, incluido el PP, piensan que sí que es necesario. O quizá simplemente piensan que votar en contra de la tramitación de una ley que protege a los denunciantes de la corrupción supone un coste político inasumible. Probablemente con razón.

Claro está que, mientras tanto, siguen aflorando las tramas de corrupción y se ha instalado en la opinión pública la percepción de que las instituciones anteponen la protección de los suyos -especialmente si se trata de altos cargos bien relacionados políticamente- a los intereses generales representados demasiadas veces por sufridos funcionarios o empleados públicos que ponen en riesgo su carrera profesional y su tranquilidad personal para denunciar los casos de corrupción de los que han sido testigos. Porque indudablemente quienes mejor conocen lo que sucede en nuestras administraciones y empresas públicas son los que trabajan en ellas, ya se trate de adjudicaciones amañadas, de obras fantasma, de sobrecostes no justificados, de servicios con precios astronómicamente hinchados o de tantas y tantas otras ilegalidades y corruptelas que cuestan mucho dinero a los contribuyentes.

Como es habitual, la conciencia ciudadana de la necesidad de proteger a denunciantes de la corrupción ha surgido a partir de historias particulares de héroes y heroínas de nuestro tiempo que ejemplifican perfectamente el calvario laboral, judicial, mediático e incluso personal que amenaza a quien decide defender los intereses de todos frente a unos altos cargos interesados en mirar para otra parte, bien por complicidad con los corruptos, bien por temor a ser salpicados por los escándalos o por comodidad y cobardía. Probablemente, el primer caso que llamó la atención de la opinión pública fue el de Ana Garrido Ramos, empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla y denunciante de la trama Gürtel, que ha llegado a ser portada de medios internacionales. La campaña que iniciamos en Hay Derecho para solicitar al Ministerio de Exteriores la Orden del Mérito Civil para ella alcanzó nada menos que 150.000 firmas, aunque por supuesto nunca se obtuvo ni una respuesta expresa ni mucho menos una condecoración.

Pero hay muchas más historias y no todas ni mucho menos ocurren en el ámbito local. Tampoco se trata siempre de asuntos antiguos que afloran ahora, lo que nos permitiría consolarnos pensando que “eso ya no pasa”. Para demostrarlo, ahí tenemos el caso reciente de los ingenieros denunciantes de Acuamed, empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Los directivos a los que denunciaron están siendo investigados por la Audiencia Nacional e incluso algunos (empezando por el que era director general de la empresa, Arcadio Mateo) han llegado a estar encarcelados y están en libertad bajo fianza. Pero lo que es menos conocido es que los ingenieros denunciantes fueron despedidos y, aunque van obteniendo sentencias favorables en los Tribunales de Justicia de la jurisdicción social, la empresa las recurre sistemáticamente. Por supuesto, ellos se pagan su defensa jurídica mientras que los contribuyentes pagamos la de la empresa pública. También pagaremos, en su día, el importe de la indemnización que previsiblemente recibirán al menos si se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que a su vez confirma la del Juzgado de lo Social) recurrida ahora casación en el caso de una de las denunciantes, Gracia Ballesteros. Su compañera, Azahara Peralta, no ha tenido tanta suerte; su juicio se encuentra todavía pendiente y ella ya ha agotado el derecho al paro.

No está de más recordar que el despido disciplinario de los denunciantes se acordó en un Consejo de Administración de Acuamed que está lleno de altos cargos y presidido por el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, número dos de la Ministra Isabel García Tejerina. Tampoco está de más recordar que los investigados (antaño imputados) continúan trabajando en la empresa y, al parecer, no les va nada mal aunque están siendo investigados por delitos de corrupción en relación con la contratación pública de la empresa donde siguen trabajando, y algunos están en libertad bajo fianza. Al parecer, para ellos rige la presunción de inocencia en todo su esplendor; mientras que para los denunciantes rige la presunción de culpabilidad y, de entrada, se les pone en la calle.

¿El mundo al revés? Sin duda, al menos si el mundo estuviera al derecho. Pero, como bien dice una denunciante de la corrupción en el documental Corrupción, un organismo nocivo (realizado con medios muy modestos gracias a un crowfunding entre ciudadanos concienciados) si el sistema expulsa a gente como ella cuando defiende los intereses generales y lucha contra la corrupción cabe preguntarse por qué tipo de sistema tenemos. La respuesta es evidente para quien quiera verla: un sistema que protege a los corruptos que puedan generar problemas políticos o/y jurídicos a personas importantes del ámbito público o privado y que persigue a los funcionarios y empleados públicos honestos. El sistema también incentiva la aparición de cómplices voluntarios o involuntarios que, como en el caso del bullying, agravan la situación de las víctimas que se sienten aisladas e incomprendidas por sus propios compañeros de trabajo e incluso por familiares y amigos que les reprochan el haberse metido en líos y les hacen responsables de las consecuencias. La mafia no lo haría mejor pero el problema es que estamos hablando de instituciones y de dinero público.

Ante esta injusta y paradójica situación -muchas veces, no lo olvidemos, muy desconocida para la ciudadanía por la complejidad técnica característica de los procedimientos de contratación administrativa, terreno abonado para la corrupción-, la sociedad civil y la ciudadanía de bien tiene que reaccionar. La tramitación de esta ley supone un importante paso en la buena dirección y una esperanza para muchas personas que se han jugado su carrera profesional y su bienestar personal por defender lo que es de todos. Es imprescindible evitar el riesgo de aprobar normas cosméticas o descafeinadas, lo que puede ser una tentación en particular para el PP y el PSOE en la medida en que serían los principales afectados si más empleados públicos se animasen a denunciar lo que saben que ha ocurrido y sigue ocurriendo especialmente en la contratación pública. Pero también es importante que la Ley tenga en cuenta la experiencia de Derecho comparado disponible ya en muchos países de nuestro entorno -Francia acaba de aprobar una ley hace dos meses para luchar contra la corrupción proteger a los denunciantes- y que introduzca normas que ya han dado buen resultado en otros países.

Ante todo, conviene ser rigurosos para diagnosticar primero y remediar después la persecución que sufren muchas personas honestas por querer hacer bien su trabajo. Se trata de un fenómeno que pone de relieve, como pocos, una peligrosa inversión de los valores predominantes en una sociedad. Por eso es imprescindible que reaccionemos de forma decidida para defender los valores de la honestidad, la justicia, el mérito y la verdad, que son los valores de la civilización y los que nos separan de la barbarie. No podemos limitarnos a ser meros espectadores de este combate tan desigual y en el que tanto podemos ganar o perder. Ya decía Burke que para que el mal triunfe sólo hace falta que los buenos no hagan nada.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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