¿Los hoteles perjudican la salud?

En Barceona, tras año y medio de Ada Colau, vemos como las fórmulas del “sí se puede” resultan útiles para ganar, pero no tanto para gobernar una ciudad compleja. Tal incapacidad se detecta de forma especial en sectores como el turismo. En la campaña de 2015, los Comunes de Colau partían de un mensaje simple: la demonización del negocio turístico, con los hoteleros y los cruceros en el punto de mira, ya que éstos eran agentes de una gentrificación que expulsaba a los vecinos. “Los hoteles perjudican gravemente la salud”, parecía que rezaran las papeletas de voto de Barcelona en Comú.

Una de las primeras medidas de Colau fue de varita mágica; una moratoria universal sobre hoteles en Barcelona. Los proyectos hoteleros quedaban congelados hasta nueva orden, sin distinción de barrios, de tamaño ni de tipología de hotel. En apariencia, la medida resultaba progresista, porque apuntaba contra el lobby hotelero, percibido como agente de especulación y lujo. Tal magia de chistera produjo buenos titulares, pero a nivel de gestión contenía un grave error; el de confundir turismo de valor añadido con especulación. A la hora de la verdad, la moratoria actuó como un bumerán, porque al congelar la oferta, provocó una inflación récord de precios hoteleros. Y en ese sentido, favoreció a los negocios de gama alta.

Al cabo de más de un año, la presión sobre los hoteles ha empujado la ciudad a salir del fuego para caer en las brasas. Pronto se reveló mucho más preocupante la proliferación de apartamentos turísticos ilegales. Al vestir aires populares y ser difíciles de controlar, los negocios de alojamiento en pisos no sufrieron de entrada la misma persecución dogmática. Los de Colau no cayeron en la cuenta de que, a veces, lo más devastador en materia social es precisamente lo más barato. Por poner un ejemplo, un fast-food de franquicia puede provocar más degradación laboral y urbana que un restaurante selecto. El low cost no es de izquierdas, igual que el valor añadido no es de derechas.

Digamos pues algunas verdades, por mucho que no encajen con ciertos estereotipos; los apartamentos turísticos irregulares, los del montón, contribuyen más a aumentar alquileres que a aumentar salarios; y más a generar molestias que a generar empleos. Un establecimiento hotelero de calidad puede expulsar menos a los vecinos que un apartamento ilegal metido dentro de un edificio de pisos (más cuando éste atrae a grupos de turistas ruidosos que complican la convivencia). Como dato ilustrativo, y desafiando todos los tópicos, en la Barceloneta, el barrio donde más protestas contra el turismo se han vivido… ¡apenas hay hoteles!

Bajo cobertura de la economía colaborativa, se produce un auténtico embuste en forma de hostales y apartamentos ilegales que campan a sus anchas. No digo que no haya apartamentos legalizados que fomentan el turismo familiar. Pero seamos realistas, lo que domina no es el pequeño propietario que para llegar a final de mes busca una propinita alquilando habitaciones. Ahora predomina un negocio millonario gestionado por grandes empresas y páginas web que ingresan beneficios en el extranjero. Y no tiene visos de mejorar; de los 6.500 apartamentos ilegales que calcula el Ayuntamiento, apenas se reconoce el cierre de 71 desde 2015. Así pues, en el mejor de los casos, se ha cerrado un 1% del total. Ya hace meses, desde ERC propusimos un plan para cerrar todos los pisos ilegales en un año; fue rechazado, pero las cifras certifican que era necesario.

Tampoco ayuda la confusión en torno a la llamada gentrificación. Cuando Ruth Glass acuñó el término en el Londres de 1964, ya alertó que la afluencia de clases medias no era un problema de por sí; de hecho, podía ayudar a la recuperación de barrios enteros. En Barcelona, muchos profesionales liberales y parejas jóvenes que se instalaron en el casco antiguo contribuyeron a evitar el deterioro de la zona -y muchos se cuentan ahora entre los más convencidos votantes de Colau-. La mejora social no es, no puede ser, un mal síntoma. Hay que insistir en que lo realmente dañino es la inflación de precios y la especulación. Y ahora mismo, eso tiene mucho que ver con la hotelización de los pisos particulares, con ese intrusismo por parte de empresarios sin licencia, sin certificaciones de Hacienda, de Sanidad o de Trabajo, sin nada regulado.

Barcelona parece que se ha acostumbrado a vivir en una sinrazón; lo desregulado se tolera mientras que lo regulado se persigue. La moratoria de hoteles tal vez podía haber esperado un poco, ajustándola mejor, puesto que los hoteles, por definición, son controlables. En cambio, la falta de intervención sobre los apartamentos turísticos ha provocado una saturación y una inflación de alquileres que nada tiene de progresista. Es obvio que un propietario no se conformará con 600 euros mensuales si puede obtener 3000, aunque sea desafiando la legalidad. En ese sentido, quien permite la proliferación de negocios ilegales está apoyando un mercado especulativo de corte ultraliberal, un Far West al margen de la ley y la conveniencia social.

El progresismo no pasa por el éxito de lo barato. El éxito y el bienestar de una ciudad se suelen medir por el valor, y Barcelona es precisamente uno de los destinos preferidos del mundo por su altísimo valor. A veces parece que todavía no nos hayamos dado cuenta. Por eso, las soluciones a aplicar en Barcelona pasan por una apuesta clara a favor de la calidad antes que la cantidad, evitando la demonización del mercado regulado, promoviendo la escasez que fomenta la categoría y adaptándose a la realidad de cada barrio y cada calle. Aquel hotel que en un barrio es un problema, en otro barrio puede ser una solución. Hay que adoptar medidas inteligentes, que difícilmente serán recetas simples y universales.

Hay que cortar por lo sano con la peor especulación del momento: la de los apartamentos turísticos ilegales. Necesitamos un plan de choque que, para empezar, no admita el fracaso a priori y confiese que no podrá cerrar todos los negocios ilegales. Lo ilegal debe ser cerrado. ¿Acaso otra cosa sería aceptable en relación a fábricas ilegales, discotecas ilegales, salas de cine ilegales? La Administración, y no digamos una administración progresista, está ahí para regular los excesos del mercado libre. Hay que regular hoteles y cruceros, por supuesto, pero también hay que regular, todavía más, a los irregulares, que por definición se escapan más a la intervención de la cosa pública.

Hay que iniciar de inmediato conversaciones con el aeropuerto, con el puerto y con otras instancias para domesticar el modelo actual, masificado en exceso. Hay que encontrar un modelo de crecimiento sostenible que pase por la puesta en valor de la ciudad y de sus espacios, y por la lucha contra la desvalorización. En el fondo, se trata de elegir el futuro, de trabajar por la ciudad que queremos para nuestros hijos; si los salarios pueden ser altos, ¿por qué tienen que ser tan bajos? Si los servicios pueden ser buenos, ¿por qué deben ser malos? Si podemos escoger calidad, ¿por qué cantidad? Si Barcelona puede ser París, ¿por qué demonios nos emperramos en que sea Cancún?

Debemos ser valientes y empezar por decir verdades, aunque se aparten del manual ideológico. Comunes y podemitas deben admitir la complejidad de la economía social, especialmente en las grandes ciudades -que por definición son eso, complejas-. Y hay que alertar, aunque cueste votos, que viajar barato no es ni un derecho universal ni genera ninguna obligación de acogida. El turismo de borrachera o de baratija no es de izquierdas. Sí que lo es, y diría que mucho, garantizar a los vecinos un trabajo decente, un merecido descanso y una vivienda digna. Si eso pasa por combatir tópicos e incongruencias, pues hágase.

Alfred Bosch es presidente del grupo de ERC en Barcelona.

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