Los idiotismos morales

Ninguna profesión por noble que sea -decía Diderot- se libra de lo que él denominaba idiotismos morales. Una especie de mezcla de tontería, discordancia entre los principios y la conducta de buena parte de los que la ejercen, una deriva prepotente -diríamos en lenguaje de hoy- de esos profesionales para hacerse valer más de lo que merecen y para afirmar su poder y de paso, en buen número de casos, sacar beneficio personal de todo ello. Y, para colmo, «…cuanto peores son los tiempos, más se multiplican los idiotismos. Tanto vale el hombre cuanto vale el oficio y, recíprocamente, al final, tanto vale el oficio cuanto vale el hombre. Así pues, cada uno hace valer su oficio todo lo que puede».

Cuando cada día uno abre los periódicos, en cualquier soporte, recibe la constante agresión de esos idiotismos, la gran mayoría de ellos procedentes de individuos/@s (no nos vayan a multar por la falta de la «a», como le ha ocurrido a un empresario andaluz) pertenecientes a unas clases políticas que han perdido casi totalmente el sentido de la realidad y de la medida y se consideran no nuestros representantes democráticos, sino, en la mejor tradición autoritaria, dirigentes que juegan a «transformar la sociedad desde el Gobierno», como manifiestan sin pudor alguno. Los grados de intervencionismo en la sociedad civil y en los ciudadanos concretos están llegando continuamente a cotas difícilmente compatibles con una democracia real, pero no parece preocupar todo lo que debiera a la mayoría de los ciudadanos -quizás no resulta fácil calibrar el deterioro después de un pasado de 40 años de dictadura y de más de 30 de una bienvenida democracia permisiva y de un bienestar material que ha minusvalorado la creciente adulteración de las prácticas democráticas. Quizá, en este momento, las mayores dificultades económicas y el futuro incierto oscurecen la gravedad de las pérdidas de libertad de expresión que sufrimos paulatinamente. Pero lamentablemente todas las pérdidas van interrelacionadas en el círculo de la desconfianza que ha generado un sistema en el que la incompetencia de dirigentes políticos, la ignorancia y la osadía de sus ingenierías sociales de todo tipo, la corrupción cada vez más generalizada y más cínicamente negada por sus responsables, destilan idiotismos esperpénticos con frecuencia desoladora, así como abiertas medidas de carácter totalitario, en un intento de controlar una realidad que no comprenden ni pueden reducir a sus deseos de control sin molestias.

Causa a veces un cierto cansancio repetir lo obvio: que no se puede descalificar de ninguna manera a los políticos en general, pues los partidos y el principio de representación forman un engranaje imprescindible en democracia; que hay de todo en la viña del Señor y felizmente tenemos hombres y mujeres políticos bien preparados y profesionales -lo que quiere decir que tienen donde volver si dejan la política y no proceden de la nomenclatura ideologizada de los partidos desde pequeñitos, como tantos otros que soportamos día a día-; que lo que resulta en extremo pernicioso para la salud democrática es que los políticos -o una buena parte de ellos- se consideren un fin y no un medio al servicio de la ciudadanía que les ha elegido. Una y otra vez hemos denunciado la deriva autoritaria que nuestros políticos de cualquier signo exteriorizan como si fuera algo normal: desde los alcaldes que escarban en la basura de los ciudadanos y multan colectivamente a una comunidad, a presuntas leyes de igualdad de trato en las que se crea otra desigualdad por criterios de nacimiento y se decide frívolamente que el acusado es quien deberá demostrar su inocencia (en lugar de que sea la acusación quien esté obligada a demostrar la culpabilidad, algo que ya desde los atenienses y las medidas respecto a los sicofantes o delatores o acusadores espontáneos quedó establecido para evitar los abusos). Se han tardado siglos, guerras y mucho sufrimiento y muerte y energías en conseguir la unidad de justicia y la presunción de inocencia para todos, pero nuestros nuevos legisladores, que no suelen saber historia ni geografía ni gramática -y lo que es peor, no les importa-, no ven ningún inconveniente en la inversión de la prueba que, en un estado de Derecho, como es sabido, solamente en casos muy especiales de derecho procesal se contempla. De paso, se procura explotar lo peor de la condición humana: el miedo, la división, la delación. Respecto a esta, llama la atención el que la denuncia moralmente obligatoria respecto a atentados y asesinatos etarras, o a cualquier acto de delincuencia que implique daño irreversible a ciudadanos concretos, se trivialice o, peor aún, se retuerza en contra de las víctimas, mientras que se incita a la delación -¡anónima!- entre civiles: fumadores y no fumadores, empleados y empresas, ciudadanos ejemplarmente medioambientales o no, colegios en donde niños y niñas se separan espontáneamente en los juegos en el recreo (obligadles a jugar juntos), multas a empresarios por no emplear un neolenguaje políticamente correcto que deciden, en la mejor tradición orwelliana y totalitaria, gentes que consideran su poder político como omnipotente para hacer que las cosas se nombren de distinta manera (recuerden que los que no tienen empleo son «oferentes de empleo» y no parados, según la última ocurrencia en Andalucía, por ejemplo). Etc., etc. Mezclan sin criterio cosas importantes y razonables -la protección a las mujeres maltratadas y la necesidad de que éstas se atrevan a denunciarlo, por ejemplo, o la aludida necesaria denuncia del entorno etarra y/o delincuente- con trivialidades e «idiotismos» que, por un lado, degradan totalmente el sentido de lo público y rompen las fronteras de privacidad y de libertades individuales y, por otro, se esfuerzan en la manipulación e infantilización de la población. No la persuasión y la educación cívica, sino el palo y el temor; la vuelta al patio de colegio con el agravante de que el acusica de antaño queda sobrevalorado y escuchado.

Todos los días recibimos noticias que nos sobresaltan. Incluso las que proceden de buenas intenciones acaban preocupando a la vista de la incompetencia demostrada y de auténticos desastres que originan unas decisiones que se toman muchas veces de forma improvisada, sin calcular costos y consecuencias, sin escuchar siquiera a técnicos o expertos o profesionales que advierten de sus mas que probables daños. Gobiernos autonómicos que deciden expropiar pisos desocupados u obligar a su alquiler con medidas que parecen al menos discutibles, o que regulan la relación de padres con sus hijos, o que no permiten escolarizar a los niños en la lengua común del español (algo que perjudica expresamente a los menos favorecidos familiarmente y quiebra la igualdad de oportunidades), o infinidad de medidas que siguen creando -a pesar de la crisis- organismos o plataformas que aseguran para el futuro de los que las promueven continuar con las mismas gabelas aunque pierdan elecciones. Todo ello y más, con el gobierno de la nación mirando para otro lado y sin importar en muchos casos las decisiones de los tribunales de justicia, el último bastión como sabemos de los poderes democráticos. La invasión de todos los espacios de los ciudadanos es general, hasta en simples premios profesionales los políticos de turno, grandes e intermedios, intervienen directamente -incluso en algún caso se permiten borrar candidatos a un premio nacional, no vayan a ganar-; hasta en cómo hay que llamarse -el disparate sobre nombres y apellidos que, según han señalado sabios matemáticos, hará que todo el mundo acabe con los mismos apellidos, borrando así de paso el recuerdo de las raíces familiares y homogeneizando a todos: el sueño totalitario. Sólo importa el corto plazo, ganar elecciones y no les importa, sobre todo si están en el poder en ese momento, obviar en sus campañas los problemas reales, aunque luego vemos que toman decisiones en un sentido que han ocultado cuidadosamente en sus programas, o que improvisan sobre la marcha sin mayores escrúpulos.

El último asalto que se acaba de perpetrar afecta a la libertad de expresión de los medios de comunicación, ya que, bajo el paraguas de salvaguardar el pluralismo político y social, se hace exactamente lo contrario: es el poder ejecutivo el que de alguna manera se erige en juez último y establece una serie de prohibiciones respecto a publicidad electoral, o a lo que desde el poder consideran «neutralidad informativa» o «proporcionalidad» y otras cuestiones durante el período electoral, difusas por naturaleza y difíciles de medir, que dificulta la posibilidad de debates libres y sitúa a los posibles medios críticos en un constante filo de la navaja. El intervencionismo gubernamental no puede esperar el procedimiento judicial si hubiera lugar, sino que ataja sin problemas a través de Consejos y Comisiones la vigilancia y sanción de los Medios Audiovisuales, recordatorio de aquel Consejo Nocturno que Platón instituía como vigilante controlador y censor máximo de la ciudad para él imperfecta, cuando el sueño de la perfección de La República con el filósofo-rey omnipotente se diluye, pero no la peligrosa utopía de un Gran Hermano que sabe siempre lo que conviene a los gobernados. La hybris y el pensamiento de grupo parecen adueñarse de buen número de nuestros gobernantes. Frente a tantos idiotismos morales en el sentido de Diderot, el gran ilustrado abogaba, al menos para sobrevivir con cierta cordura, por una necesaria autodistancia y humor resistente. O quizá haya que recurrir también, como tantas veces, a la sabiduría de Montaigne «Nos proporcionó la Naturaleza -escribió- una amplia facultad para aislarnos y con frecuencia a ella nos llama a ello para enseñarnos que nos debemos en parte a la sociedad, pero la mejor a nosotros mismos».

Por Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial y miembro de la Real Academia Española y de la Academia de la Historia.

1 comentario


  1. ¡Mágnifico! Nuestra admirada profesora ha puesto en palabras algo que numerosos ciudadanos pensamos, sentimos y padecemos; Muchos de nosotros, en diferentes ámbitos, luchamos para que las organizaciones sociales sean lo que deben ser en democracia: un contrapeso que evite la deriva.
    Una alumna que después de 30 años recuerda sus magistrales clases que no clases magistrales.
    Amaya Azcona

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