Las crecientes necesidades de financiación de un aparato estatal improductivo y mastodóntico que debe ofrecer toda clase de servicios y atenciones a los que los ciudadanos accedieron en tiempos de bonanza y no están dispuestos a renunciar, ha convertido la recaudación de impuestos en objetivo prioritario.
El empobrecimiento de la población acrecienta los recelos contra quienes acumulan riqueza, por lo que el terreno está abonado para que sean blanco fácil de toda clase de improperios si además aparece la sospecha de que no pagan los impuestos que corresponden a sus altos ingresos. Conforme a un proceso mental simplificado propio de un pensamiento colectivo, los ricos son los malos y Hacienda, los buenos.
El siguiente paso empieza a aparecer y consiste en aceptar sin crítica o como deriva positiva la abolición de cualquier límite a la intromisión del Estado o de terceros en la vida de los ciudadanos. Comienza a extenderse un pensamiento regresivo que considera derechos civiles tan esenciales como la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones o las garantías procesales, como excusas o ventajas tramposas propias de delincuentes.
Cuando la entrada en vigor del sistema democrático estableció la necesidad de autorización judicial para que la policía pudiera registrar un domicilio, quienes pensaban en clave del régimen anterior descalificaban la novedad: a mí no me importa que la policía entre en mi domicilio pues no tengo nada que esconder.
Para que pueda determinarse qué impuestos le corresponde pagar a cada ciudadano en proporción a sus ingresos, es preciso conocer previamente cuáles son éstos. Con tal premisa, el ciudadano no tiene más remedio que vaciarse los bolsillos frente al recaudador, lo que abre un interesante debate sobre qué interés debe ser considerado preferente: el del Estado por recaudar o el del las personas por asegurarse un ámbito infranqueable de intimidad o privacidad.
En términos estrictamente jurídicos y atendiendo al rango constitucional de cada uno de los intereses en liza, no cabe ninguna duda de que los derechos fundamentales del individuo son prevalentes frente al interés del Estado en recaudar impuestos.
De acuerdo con nuestras normas, es la Hacienda Pública la que debe recabar los datos de los ingresos de sus contribuyentes sin violar su privacidad, su intimidad, su domicilio o sus comunicaciones. Sin embargo, en el plano de la realidad de las cosas, no tengo seguridad de que ese orden de prelación de valores esté vigente en la práctica y, sobre todo, en el pensamiento mayoritario de los ciudadanos.
Buena muestra de este proceso de extensión de un pensamiento regresivo o preconstitucional, es la opinión mayoritaria en los profesionales de los medios de comunicación de que deben ser publicados los datos que reflejen la sospecha de evasión fiscal de un rico y famoso, aunque aquellos se hayan obtenido ilícitamente. Conforme a ese criterio mayoritario, lo delictivo debe perseguirse aun a pesar de que en esa persecución puedan cometerse o haberse cometido otros delitos.
Conforme al orden de prelación que soporta tal pensamiento, no importa sacrificar la inviolabilidad de domicilio de las comunicaciones, si se trata de aclarar si se han evadido impuestos, si de trata de recaudar impuestos. Es decir, para quienes mantienen esa opinión mayoritaria, es preferente el interés recaudatorio frente al respeto a los derechos civiles de los ciudadanos.
La libertad de información y de prensa -en otro tiempo instrumento de liberación de la sociedad civil, azote de los poderes públicos en defensa de los derechos de los ciudadanos- ha mutado en nuestros días y conforme a una expansiva tendencia o afición a la persecución y dilapidación en la plaza pública de ricos pecadores, viene ahora a convertirse en azote de esos malvados ciudadanos en defensa de la mejor y más efectiva recaudación de impuestos.
Tal es el estado de opinión dominante. Visto de esa forma no es tan extraño que gane Trump o que la extrema derecha pase del 47% en Austria. Los fundamentos de un pensamiento regresivo que confía en el Estado como un padre y sospecha del ciudadano, están cada día más extendidos, aceptados y hegemónicos.
José María Calero Martínez es abogado.