Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 13/07/06):
Anteayer el juez Garzón ordenó la detención de dos presuntos enlaces de la red de extorsión mediante la cual ETA ha estado cobrando el llamado impuesto revolucionario.Asu vez, ese mismo día, se daba a conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que confirmaba otra sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a Arnaldo Otegi a un año de prisión por injurias al Rey.
En efecto, a propósito de una visita del Rey al País Vasco, en febrero del 2003, el líder abertzale pronunció las siguientes palabras: "¿Cómo es posible - decía Otegi- que se fotografíen hoy en Bilbao con el Rey español, cuando el Rey español es el jefe máximo del ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura?".
Al margen de su carácter delictivo, estas palabras de Otegi demuestran un grave desconocimiento de la Constitución: ni el Rey es el responsable de las actuaciones del ejército, ni España es un régimen monárquico, ni la monarquía parlamentaria nos ha sido impuesta. Un dirigente político respetable es aquel que sabe hacer pedagogía sobre las reglas que rigen la convivencia, no aquel que las deforma y tergiversa hasta desfigurarlas con el objetivo de servir a sus propios intereses.
Además, cabe señalar también que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió a Otegi en primera instancia, lo cual debe hacernos meditar sobre cómo puede afectar a la independencia de los jueces su cercanía a los imputados y su residencia en el lugar de los hechos. Hay poderes que cuanto más cercanos mejor funcionan; otros, al contrario.
En cualquier caso, muchos se preguntan desde los inicios de la tregua si los jueces y magistrados, en sus autos y sentencias, deben adaptar sus resoluciones a la nueva situación, modificar sus criterios y tener en cuenta las expectativas creadas. Dicho de manera más cruda: si su actitud debe cambiar al objeto de colaborar con el Gobierno para mejor contribuir al final de ETA. En artículos, declaraciones y tertulias, se llega a afirmar que algunas resoluciones judiciales son un obstáculo para la nueva situación y casi llegan a responsabilizar a los jueces del posible fracaso del mal llamado proceso de paz.
Al día siguiente de la declaración de tregua permanente, hice en estas páginas un breve comentario en el que mantenía que el anuncio de la nueva situación era una excelente noticia pero no cabía olvidar que seguíamos en un Estado de derecho. Creo que el Gobierno dice exactamente lo mismo cuando afirma que no se pagará ningún precio político en una posible negociación con ETA. No se trata sólo de una cuestión de principios, sino también de algo que tiene consecuencias prácticas: sólo el Estado de derecho puede asegurar el fin del terrorismo y, en el caso de que los poderes públicos vulneren las normas para complacer a los terroristas, éstos habrán vencido porque el Estado habrá tratado de forma desigual a sus ciudadanos. Si a ETA se le perdonan sus delitos o se transige en la persecución de éstos, ¿por qué no se le perdonan también al resto de los españoles?
Por tanto, el deber de los jueces sigue siendo el de siempre: cumplir y hacer cumplir estrictamente la ley, tratar a unos y otros con la misma vara de medir. En este punto se ha generalizado una curiosa teoría del todo inaceptable. Se dice a menudo que uno de los métodos de interpretación jurídica es el de que las leyes "deben aplicarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicadas". Ello es totalmente cierto y así, con estos mismos términos, lo establece el art. 3.1 del Código Civil. No es cierto, en cambio, que este método interpretativo - muy raramente utilizado- sea de aplicación en el caso que nos ocupa. Realidad social no es equivalente a coyuntura política.El concepto de escándalo, por ejemplo, dentro del delito de escándalo público, puede variar porque la mayoría de la sociedad ya no considere como tal un hecho que antes se consideraba escandaloso. Las costumbres cambian y los supuestos que constituyen este delito deben también cambiar en la misma medida.
Ahora bien, cosa muy distinta son las políticas que emprende un Gobierno, las cuales no afectan a los jueces, únicamente vinculados al ordenamiento jurídico. Ahí no hay un cambio de realidad social sino un cambio de coyuntura política,es decir, un cambio de naturaleza muy distinta. Un juez no debe verse afectado por una nueva situación política y debe proseguir en la única labor para la que está legitimado: aplicar la ley de forma igual para todos, en resoluciones jurídicamente razonadas y de acuerdo con los métodos de interpretación jurídica aceptados. Nada más y nada menos. Toda resolución contaminada por la coyuntura política no está justificada, es arbitraria y democráticamente ilegítima.
El imperio de la ley, es decir, el Estado de derecho, es el único caldo de cultivo en el que el terrorismo puede acabar. En el momento que un líder representativo del mundo abertzale demuestre que conoce las reglas democráticas, sea partidario de cumplirlas rigurosamente y ello sea aceptado por una gran mayoría de sus partidarios, ETA pasará a la historia. Otegi, los Otegis de turno, son los responsables de la violencia. El trato igual en la aplicación de la ley por parte de los jueces es una garantía de la libertad de todos. Nunca un comportamiento de este género puede ser responsable del fracaso de la política antiterrorista.