El Tribunal Constitucional Federal de Alemania acaba de poner en marcha un proceso que podría culminar en la disolución de la Unión Económica y Monetaria europea. El tribunal ha dictaminado que, luego de un período de transición de no más de tres meses, el Bundesbank tal vez ya no participe en el Programa de Compras del Sector Público de la eurozona (PSPP por su sigla en inglés), a menos que el Banco Central Europeo demuestre que los objetivos de la política “no son desproporcionados respecto de los efectos de las políticas económicas y fiscales que de él resulten”.
La decisión del tribunal abarca el período entre las primeras compras de activos del PSPP el 9 de marzo de 2015 y la fase de reinversiones que comenzó el 1 de enero de 2019, hasta que se detuvo efectivamente el reloj el 8 de noviembre de 2019, cuando las compras acumuladas del PSPP alcanzaron casi 2,1 billones de euros (2,3 billones de dólares). Lo que se cuestiona principalmente es un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que contenía dos elementos clave.
Primero, el TJUE dictaminó que el PSPP no eludió el Artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe el financiamiento monetario de los presupuestos de los estados miembro. Segundo, decidió que el programa tampoco violaba el “principio de proporcionalidad”, según el cual “el contenido y forma de la acción de la Unión no excederá lo que sea necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados”.
El tribunal alemán no cuestiona el primer punto, y tampoco aborda las medidas más recientes adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, como la expansión del PSPP para incluir un Programa de Compras de Emergencia Pandémica de 750.000 millones de euros, o las operaciones más recientes de préstamos bancarios dirigidos del BCE. Pero sí rechaza (de manera bastante despectiva) la conclusión del TJUE sobre el principio de proporcionalidad. En la opinión del tribunal alemán, el dictamen del TJUE sobre este punto excedió su autoridad legal tal cual está estipulada en el Tratado de la Unión Europea.
De hecho, el tribunal alemán cuestiona abiertamente la competencia legal del TJUE, explicando que respetará las decisiones del TJUE, “siempre que el TJUE aplique principios metodológicos reconocidos y que la decisión que ofrezca no sea arbitraria desde una perspectiva objetiva”. La implicancia, por supuesto, es que el TJUE no ha cumplido con este criterio básico.
Haciendo mención a los Artículos 5.1, 5.2 y 5.4 del Tratado de la Unión Europea, el tribunal alemán ahonda un poco más en la cuestión. “El TJUE dijo que la decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre el PSPP y sus enmiendas subsiguientes siguen estando dentro del ámbito de las competencias del BCE”, sostienen los jueces. “Esta visión no considera, de manera explícita, la importancia y el alcance del principio de proporcionalidad… y es simplemente insostenible desde una perspectiva metodológica dado que ignora por completo los verdaderos efectos de la política económica del programa”.
En mi opinión, es remarcable que el tribunal alemán haya llegado al punto de cuestionar los efectos de las políticas económicas más amplios del PSPP, más allá de lo que se pueda haber logrado (y se siga logrando) en términos de mantener la inflación de la eurozona “por debajo, pero cerca del 2%”. ¿El tribunal alemán convocó a un panel de testigos expertos que incluya a viejos y nuevos keynesianos, monetaristas, conductistas y marxistas para ofrecer evidencia de estos supuestos efectos?
No es para bromas, porque la situación es muy grave. Es altamente improbable que el Consejo de Gobierno del BCE ofrezca una explicación que convenza al tribunal alemán de que “los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no son desproporcionados en relación a los efectos de la política económica y fiscal del programa”. Después de todo, el PSPP claramente tiene un efecto significativo en los términos en base a los cuales algunos estados miembro pueden acceder a mercados de deuda soberana. Italia es un ejemplo obvio. También lo es Grecia, luego de la decisión del BCE de incluir deuda pública de grado de subinversión en el PSPP.
De cara al futuro, en tanto los déficits del sector público se expandan como resultado de la respuesta a la pandemia, las compras del PSPP de deuda soberana pueden convertirse en factores importantes de costos de endeudamiento soberano y hasta de acceso a mercados de soberanos. Si Alemania de repente dijera “nein” al PSPP, uno o más países de la eurozona podrían verse obligados a quedar afuera de la unión monetaria.
Peor aún, el dictamen del tribunal alemán toca otra fibra además del nexo entre PSPP y deuda soberana. Por ejemplo, los jueces también expresan temores respecto de los efectos de las compras de activos del BCE no sólo en los balances de los bancos y las tasas de interés, sino también en las empresas zombi y, por ende, potencialmente en cada ahorrista, prestador, propietario de bienes raíces y tenedor de pólizas de seguro en la eurozona.
Es verdad, las consideraciones del saldo de cartera implican que el alivio cuantitativo y el alivio cualitativo afectan los rendimientos y precios de los activos, y así la actividad económica real y el bienestar económico de los residentes domésticos y extranjeros. Estas son cuestiones legítimas que el BCE, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo deben considerar. Pero no son de incumbencia alguna del tribunal alemán.
Willem H. Buiter, a former chief economist at Citigroup, is a visiting professor at Columbia University.