Los jueces de la democracia

Por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (EL PAÍS, 15/05/07):

Los jueces de la democracia no pueden conformarse con ser la boca que pronuncia o repite mecánicamente las palabras de la ley como pensaba el tan traído y llevado Montesquieu. El juez es, por encima de todo, una parte sustancial en la creación del derecho. Si se refugia en el ritual de las togas y los juramentos, se convierte en una estatua ornamental y lo que es peor, en un peligroso instrumento para la convivencia social y la estabilidad democrática.

El juez que sólo sabe o maneja las normas legales es como un autómata que pudiera ser sustituido, con ventaja, por un sistema inteligente de tratamiento informático. El conocimiento jurídico, desprovisto de cualquier acercamiento a la rica pluralidad social, ignora el papel del jurista y del juez en una sociedad democrática en continua transformación por su propia esencia y dinámica. Los valores superiores -la justicia, la libertad y la igualdad-, están por encima de cualquier lectura literal, fría e incluso despiadada de la ley, por mucho que ésta sea el producto de las mayorías. Las leyes, pueden ajustarse o no a los valores constitucionales, la decisión corresponde al Tribunal Constitucional.

Los jueces que administramos en exclusiva el Poder Judicial, tenemos la misión de actuar como contrapeso o balanza contra los excesos o pretendidas inmunidades del poder. Un juez de la democracia no puede decir que la ley es la ley y hay que cumplirla como si fuera una orden. Este positivismo descarnado ha llevado a muchos juristas a convivir con naturalidad e incluso entusiasmo, con regímenes autoritarios y criminales. Al final algunos pagaron sus culpas en los Tribunales de Núremberg.

No basta con jurar o prometer acatamiento a la Constitución para tener convicciones democráticas. Es necesario integrar en la vida de cada uno, los sentimientos, los principios y los valores que deben estar presentes en la aplicación de la ley.

Muchas veces he tenido que afrontar críticas porque la Asociación a la que pertenezco se denomine Jueces para la Democracia. Nos reprochan que pretendamos monopolizar petulantemente la sigla democracia. Nos dicen que todos los jueces son, por esencia, demócratas. Me gustaría que así fuese. Aunque a muchos les cueste asumirlo, el juez es algo más que un funcionario o un profesional.

Determinadas resoluciones judiciales, sobre todo en sus razonamientos y manejo de valores, son el resultado de un sistema de selección de jueces que estimo profundamente equivocado y sin parangón en el panorama europeo.

Todos los poderes emanan de la soberanía popular, salvo el Poder Judicial que brota de las Facultades de Derecho. Sólo los licenciados en ciencias jurídicas, tienen la posibilidad de ser investidos de la potestad de juzgar y decidir sobre vidas y haciendas.

Los médicos adquieren conocimientos prácticos en sus Facultades, los ingenieros y otros científicos terminan con cierta habilitación para desempeñar sus funciones. Los licenciados en Derecho terminan sus estudios sin dominar la práctica y, como es lógico, sin experiencia vital.

Un juez debe ser un personaje en contacto permanente con la realidad que le va a salir al paso en cada uno de los conflictos que tendrá que resolver. La experiencia no sólo le forma jurídicamente, también humanamente.

El problema de la selección de los jueces, comienza, como hemos dicho, en las Facultades de Derecho. Los estudios son excesivamente teóricos y abstractos, se transmiten oralmente y se exigen cuentas por escrito, cualquiera que sea el comportamiento del alumno. Es igual que participe o se muestre indiferente, que sea habitual su concurrencia o que pase trimestre tras trimestre en el más absoluto absentismo. Al final sus posibilidades de superar la asignatura y pasar el curso son prácticamente iguales.

Superado el trámite de la licenciatura, las ofertas son muy variadas. La mayor parte optan por ponerse a estudiar, lo que revela las carencias que la propia Universidad admite resignadamente. Puestos a sacrificar el tiempo y torturar la mente con desgaste memorístico inútil, se elige la oposición.

En el caso de que opten por la judicatura deben pasar horas y años inmovilizados ante los temas que después cantan, según el argot acuñado en el mundo de los opositores. Esta forma de valorar sus esfuerzos es suficientemente expresiva de la inanidad de los conocimientos memorísticos y de la superior importancia de la música sobre la letra.

La selección de los sufridos aspirantes es aleatoria. Siempre me resultó difícil discernir los que podían ser los mejores por sus cualidades humanas e intelectuales. Primaba y prima la carrera contra el reloj y la lotería de las bolas que fatídicamente te marcan, entre más de quinientos complejos temas jurídicos, los cinco que tienes que engranar en una hora. Si te recreas en alguna materia que dominas, pierdes el tren de alta velocidad que te exige perentoriamente dejar la vía expedita y pasar al tema siguiente. Si muestras criterio o ciertas dosis de sentido común y te quedas en blanco en el “censo a primeras cepas o el censo enfitéutico” (perdonen los lectores pero no pienso desvelarles el apasionante misterio), tienes todas las posibilidades de ser eliminado.

El sistema es totalmente aleatorio. Las condiciones personales del aspirante son desconocidas por los examinadores, su serenidad de ánimo, su escala de valores cívicos, su capacidad de persuasión y razonamiento o formación cultural, no juegan ningún papel en esta carrera de obstáculos con un final incierto y un vencedor siempre imprevisible.

Gracias a muchos compañeros que se dedican a escucharles y transmitirles otros valores, se suplen las llamativas carencias del sistema. Al final, de forma milagrosa, se producen satisfactoriamente, magníficos servidores de la justicia y del Estado de Derecho. El problema radica en la imposibilidad de detectar personalidades anómalas que constituyen una lacra generada por el propio sistema de selección de los llamados por la Constitución a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El lord Canciller inglés, Lyndhurst, decía con el proverbial sentido del humor británico, que un juez debe ser ante todo un caballero (ahora también una dama), tener una cierta dosis de valor y sentido común y si además añade unos ciertos conocimientos de derecho le será muy útil. Daba por sentado que las convicciones democráticas eran inherentes a su cultura. Ha llegado el momento inaplazable, de buscar ese modelo de juez que necesita nuestra democracia.