El Estado de derecho requiere que los jueces sean independientes y puedan tomar sus decisiones con autonomía y sin coacción. ¿Pero qué sucede si, siendo independientes, son parciales y actúan de acuerdo con principios ideológicos? Y, sobre todo, ¿qué hacer si los jueces tienen un sesgo ideológico claro, a favor de ciertas posiciones, que les lleva a enfrentarse a los poderes políticos representativos?
En Estados Unidos, quizá el país desarrollado en el que los jueces son más poderosos, ha habido conflictos terribles. La división del poder político en aquel país, entre las dos ramas del Legislativo y el Ejecutivo, o entre los varios niveles de gobierno propios de un sistema federal, deja amplio margen para que los jueces intervengan en cuestiones políticas. Hace dos meses, el Tribunal Supremo estadounidense decidió, por una estrecha mayoría de cinco jueces frente a cuatro, eliminar las limitaciones a la financiación de los partidos por las empresas, alegando que la regulación existente chocaba con el derecho constitucional a la libertad de expresión. Se trata de una sentencia política, que beneficia a los republicanos y que ha suscitado duras críticas por parte del presidente Obama. Una sentencia como ésta tiene graves consecuencias para la democracia norteamericana, pues da mayores facilidades de las que ya había para que el dinero distorsione el ejercicio de la representación política.
El caso más dramático de conflicto entre justicia y política en aquel país se produjo en los años treinta del pasado siglo, cuando el Tribunal Supremo se opuso a algunos proyectos legislativos fundamentales del New Deal de Roosevelt. Tras ser reelegido en 1936, Roosevelt decidió tomar cartas en el asunto y, con el pretexto de aliviar la carga de trabajo de los jueces, amenazó con aprobar una ley por la cual nombraría a tantos nuevos jueces como miembros mayores de 70 años hubiera en el Supremo. No hizo falta que la ley se aprobara. El mero anuncio bastó para que los jueces abandonaran su postura obstruccionista hacia las políticas del presidente.
En España el sistema judicial atraviesa graves dificultades. Unas son de naturaleza "técnica", derivadas de la falta de medios y de la mala formación de muchos jueces. Otras, son más bien "políticas", tienen que ver con la politización de la justicia. Los analistas suelen atribuir la responsabilidad de estas segundas dificultades a los partidos. Se acusa a los partidos de decidir los nombramientos judiciales "cambiando cromos", en detrimento de los criterios de mérito que deberían utilizarse. Esa acusación, sin embargo, se basa en una concepción idealizada del Estado de derecho y pasa por alto el verdadero problema de fondo, que no es sino el fuerte sesgo ideológico de los jueces. En España, nuestro sistema judicial está dominado por posiciones conservadoras. Son los intentos de unos por preservar el dominio conservador y de otros por alterarlo lo que explica las tensiones que llegan a los titulares de la prensa sobre los bloqueos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Tribunal Constitucional. Si los jueces tuvieran mayor neutralidad política, los problemas se simplificarían notablemente.
Si en Estados Unidos la institución clave es el Tribunal Supremo, en nuestro país hay tres instituciones judiciales con clara relevancia política: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recientemente, este periódico informaba sobre la composición de la Sala Penal del Tribunal Supremo encargada de resolver el asunto de Garzón y de la red corrupta del Partido Popular (Gürtel). De sus 15 miembros, uno fue nombrado en la etapa de González, 10 en la de Aznar y cuatro en la de Zapatero. Nueve de los 15 son claramente conservadores, entre ellos Adolfo Prego, que tiene posiciones filofranquistas. Si imponen sus tesis y condenan a Garzón y anulan las pruebas del caso Gürtel, ¿deben las instituciones representativas y la sociedad civil aceptar semejante abuso de poder en nombre del Estado de derecho y de la separación de poderes?
Cuando el PSOE llegó al poder en 2004 se encontró con un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha. El Partido Popular hizo todo lo posible para retrasar su renovación a fin de no perder la mayoría que tenía en esta institución. Aunque muchos culparon a los dos partidos de la falta de acuerdo, era evidente quién salía perdiendo con la renovación. Cuando ésta se consiguió por fin, fuera de plazo, el PP logró meter a algunos candidatos de perfil, digamos, "inquietante": la jueza del ácido bórico (uno de los casos más ridículos y sonrojantes que se han visto en la justicia española), o la jueza que llevó el caso del incendio de Guadalajara y que retorció hasta límites absurdos los informes técnicos sobre aquel desgraciado asunto. Y como colofón, puso de vicepresidente a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps y que ha intentado neutralizar los esfuerzos por destapar la corrupción en Valencia. El PSOE, por su parte, tampoco se quedó corto nombrando a un ex secretario de Estado de la época de González.
En la anterior legislatura, el Partido Socialista promovió una reforma legal del CGPJ, según la cual las decisiones más importantes tendrían que tomarse por mayoría de dos quintos, obligando así a los dos grupos a ponerse de acuerdo. Al PP le pareció intolerable que se cuestionara su dominio en el gobierno de los jueces y su portavoz en aquel momento, Ignacio Astarloa, calificó la reforma, con la acostumbrada morigeración que estila este partido, de "cacicada", "día negro para la democracia y el Estado de derecho", bla, bla, bla...
En la práctica, esta reforma ha transformado a cada una de las partes en una minoría de bloqueo. Ejerciendo su veto, el PP lleva meses bloqueando en el CGPJ la renovación de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana (presidido por el amigo íntimo de Camps, Juan Luis de la Rúa) y del País Vasco (presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, quien impulsó la causa contra los lehendakaris Ibarretxe y López por haber mantenido contactos con Batasuna). Una reforma que en principio debía estimular el consenso está dando gran poder a los jueces conservadores para paralizar las renovaciones que puedan mermar su poder.
En el Tribunal Constitucional las cosas no andan mucho mejor. El PP consiguió desestabilizar esta institución con su insensata política de recusaciones, destinada a impedir la formación de una mayoría favorable al Estatuto catalán. También están bloqueados los nombramientos y no se ha sustituido a cuatro de los magistrados cuyo mandato expiró a finales de 2007, ni se ha remplazado al magistrado fallecido (Roberto García-Calvo, quien fuera gobernador civil en el Gobierno de Arias Navarro y que en sus últimos días se vio envuelto en un asunto muy turbio al que los medios decidieron dar carpetazo: un ciudadano le denunció por amenazarle con una pistola en una discusión de tráfico).
Ante este panorama, no queda sino plantearse qué reformas legales son necesarias para acabar con todas estas muestras de desmesura judicial. Es lógico que los jueces, por el sistema de acceso a la carrera y por su función y formación, tiendan a un cierto conservadurismo social e institucional. Pero resulta inaceptable que en los últimos años, al calor de la crispación política, tantos jueces, en posiciones de enorme responsabilidad, hayan empezado a tomar decisiones partidistas que casi siempre están escoradas en la misma dirección. En España se está produciendo un peligroso deslizamiento del Estado de derecho al Estado de derecha. Probablemente las aguas vuelvan a su cauce cuando el PP llegue al poder y se restaure la sintonía entre el poder judicial y el poder representativo.
Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.