Los alarmantes acontecimientos que últimamente suceden en Cataluña recuerdan la obra emblemática del gran dramaturgo Henrik Ibsen Un enemigo del pueblo. Escrita hace 130 años no deja de sorprender su vigencia y actualidad.
El drama se sitúa en una pequeña ciudad costera del sur de Noruega cuya principal fuente de ingresos es un balneario municipal y cuenta cómo su médico, el doctor Thomas Stockmann, tras descubrir que sus aguas están corrompidas se enfrenta a las fuerzas sociales (su hermano el alcalde, el periodista local...) que, respondiendo ciegamente a sus intereses, se niegan a reconocer la incómoda verdad y rechazan con hostilidad su denuncia.
El escenario recuerda el desafío que deben encarar los jueces y magistrados destinados en Cataluña, no muy distinto al de muchos funcionarios. Recordemos: tras aprobar el Parlament la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación y la Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República -impugnadas por el Ejecutivo nacional-, el Constitucional suspende ambas normas pero el Gobierno catalán ha reaccionado, en rebeldía, alentando la desobediencia al Alto Tribunal y llamando a la ciudadanía a la calle. El lunes pudimos precisamente asistir a cómo se celebró el Día Nacional de Cataluña, la Diada. Una situación insólita que todo parece indicar que el Estado ha decidido afrontar tan solo con sus funcionarios y con sus jueces.
En realidad, la situación es aún más grave que en el drama clásico. En su inflexible ideario Ibsen quería ilustrar al individuo enfrentado a la sociedad; cuando, en la escena clave, el doctor Stockmann encara la asamblea ciudadana asumiendo el rechazo general, lo hace oponiéndose al pueblo. En cambio, en el drama actual en Cataluña, el poder judicial, al que se quiere enfrentar la calle y la ira popular, encarna al pueblo en su concepto más genuino. Porque cuando los jueces, asumiendo nuestro inquebrantable compromiso -que nadie dude de ello- cumplimos y hacemos cumplir las leyes y la Constitución, representamos al pueblo del que la Justicia emana -como lo proclama el artículo 117.1 de nuestra Constitución- y encarnamos la Democracia, que no puede existir sin respeto a la Ley. Por esa razón la rebeldía de quien desde las instituciones la desobedece no es un acto heroico sino despótico.
Es muy triste que no lo perciba así una parte de la ciudadanía, preocupante indicio de degradación en los valores ciudadanos, y será necesario reflexionar cómo ha podido fallar hasta tal punto la pedagogía. No es esta tarea para los jueces como tampoco lo es la política, tan sólo nos incumbe preservar el marco dentro de la cual ésta resulta legítima, pero cuando pase la fiebre del momento y termine la labor de la Justicia dando paso al de la política será preciso recordar que sin Ley no hay Democracia, porque en Democracia las Leyes las hace el pueblo y quien las preserva lo hace en su nombre e interés. Por más aliento con que cuente la subversión, cuando se enfrenta a la Ley es Tiranía. En esta ocasión, como en la obra clásica, el enemigo del pueblo es su más leal aliado.
Jaime Anta es magistrado y miembro del Comité de Coordinación Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.