Constantemente tenemos conocimiento de nuevas medidas que se van adoptando en distintos ámbitos administrativos para «incentivar» que los ciudadanos se vacunen contra la COVID-19.
No dudamos que en circunstancias de especial gravedad la sociedad adoptará medidas con la finalidad de salvaguardar el interés general. No es un asunto de derecho, sino de necesidad. Así ha sido a lo largo de la historia. Herodes sintió el nacimiento de un nuevo profeta como una amenaza para su reino y decidió la muerte de todos los menores de tres meses. Su régimen no era un régimen democrático y no tuvo necesidad de mucho debate, simplemente tenía miedo y poder suficientes, y actuó.
Pero ha habido otras circunstancias en la historia en las que otras sociedades, regladas por regímenes diferentes –pues no es un asunto de régimen político–, también han adoptado medidas contra grupos de ciudadanos. Así, ha habido deportaciones de población, confinamientos masivos, sacrificios a los dioses... Y no hay que retroceder mucho en la historia ni volar a lugares remotos. En un tiempo tan próximo como la primera mitad del siglo XX, y en un país que se presenta como modelo de democracia, se confinó a todos los ciudadanos de origen japonés como medida para evitar cualquier tipo de resistencia interna o espionaje por parte de éstos en una guerra mundial que se ampliaba al Pacífico.
La adopción de medidas restrictivas de la libertad individual está prevista en nuestra Constitución bajo ciertos supuestos, pero la historia se ha encargado de confirmar que en situaciones excepcionales se han tomado medidas que iban más allá de una restricción temporal, convirtiéndose en imposiciones a veces definitivas. De entre todas las motivaciones posibles, es el miedo una de las más importantes. ¿Quién va a discutir la imposición de medidas duras a algunos ciudadanos si la seguridad de todos está en juego?
Ahora bien, este es un asunto delicado. Mañana podría aparecer un informe que dijera que los mayores de 90 años son un peligro para el tráfico y se les podría prohibir circular. Probablemente esto no importaría a muchos, pues pocos llegan a esa edad; incluso bastantes allegados lo verían con simpatía y respirarían aliviados. Pero también pudiera ser que ese mismo informe dijera que el peligro son los mayores de 45 y esto ya no gustaría a tantos. Incluso, en alguna situación hipotética, podría suceder que no hubiera comida para todos y decidirse la eutanasia forzosa a partir de cierta edad. Esto no gustaría a casi nadie, pero el miedo es una fuerza extraordinaria que hace olvidar cualquier atisbo de humanidad.
Algunos argumentarán que para eso existen los Derechos del Hombre aprobados por la ONU y, en el caso de las vacunas, el Protocolo de Nuremberg, que prohíbe expresamente a cualquier país y grupo social imponer normas que vayan contra la libertad plena y absoluta del ser humano en su independencia y libre decisión, y, en el caso de España, el artículo 15 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, pero… necesidad obliga.
Nosotros nos conformamos con recordar que en una sociedad democrática corresponde, moral y legalmente, a los representantes de los ciudadanos sostener ese debate. Se trata de un debate delicado, que requiere profundidad de pensamiento y que sólo tiene justificación ante situaciones excepcionales que verdaderamente amenacen la existencia de la colectividad. De no darse estas circunstancias, podría ser percibido como una imposición caprichosa de obligaciones que conculcan la libertad de los ciudadanos y podrían producir desconfianza con respecto a la capacidad de los representantes electos a la hora de entender la gravedad de los problemas y adoptar medidas equilibradas.
En todo caso, creemos que se trata de un debate que corresponde al poder legislativo y no a la Administración, a ninguna de las Administraciones, que deben actuar siempre conforme a las leyes. Por eso, vemos con inquietud la proliferación de medidas, a veces precipitadas, confusas, inestables y sin base científica sólida, que vienen siendo adoptadas por quienes, a nuestro juicio, carecen de sustento legal suficiente.
Luis García-Mauriño es presidente de la asociación Tercios Viejos españoles y coronel del Ejército.