Desde que Pedro Morenés tomó posesión como ministro de Defensa se observa cómo de manera reiterada él mismo, mandos militares en activo y algunos que ya están retirados hacen continuas referencias a la disciplina, la jerarquía y la unidad de nuestras Fuerzas Armadas. En principio, parecería adecuado hacerlo, aun a pesar de que son valores instrumentales que nadie, absolutamente nadie, pone en cuestión entre los militares. Por ello, este pertinaz abuso de su cita puede significar que pretendan que se olvide la existencia de problemas graves en el seno de los ejércitos. Parece que abusan de esos valores instrumentales como cortina de humo para evitar hablar de lo que verdaderamente preocupa a los miles de hombres y mujeres de sirven a su patria a través de su trabajo en las Fuerzas Armadas. Podría decirse además que con esta excusa se pretendería evitar el cumplimiento de las leyes y los mandatos que la soberanía popular ha dado al poder ejecutivo.
En todo caso, los retos que tiene el ministro en el campo de la política de personal no son pocos. Algunos ya fueron identificados en el programa electoral de Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno de España, y lo fueron para ser cumplidos. El primero de esos retos-compromisos era la revisión de la Ley de la Carrera Militar, en base al mandato de la Ley de Derechos y Deberes, introducido en su texto final con la presión parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso. Ahora parece que todo aquello puede resolverse desde la mera gestión; tesis, por cierto, sostenida por el equipo de Carmen Chacón. Cuestiones como los ascensos, destinos, promoción profesional, renovación de un contrato, en definitiva, aspectos ligados directamente a la vida laboral del militar y a su estabilidad en el puesto de trabajo, sobre los que existe un consenso generalizado de su equivocado diseño normativo, no pueden ser resueltas desde la mera gestión si no se cambia la ley que las regula. La gestión, al menos en las Administraciones públicas, viene regida por el principio de legalidad, por normas jurídicas contra las que solo por vía de recurso o por modificación legal se puede actuar.
Si las normas hasta ahora vigentes han generado la mayor cantidad de litigios conocida en el seno de las Fuerzas Armadas y han motivado la generación de un mandato legislativo para su reforma, no cabe otra manera de afrontar el problema que cumplir la ley y el compromiso electoral y hacerlo en el plazo legal, que expira el 1 de abril de este año.
Además de lo anterior, el ministro debe afrontar el necesario reforzamiento de estructuras centrales y únicas en materias de personal, para de esta manera cumplir con el compromiso electoral de “una Administración, una competencia”, al que él mismo hizo mención en su comparecencia parlamentaria el pasado día 26 de enero. Con este objeto, debe dar instrucciones para que las competencias del propio ministerio en personal sean ejercidas plenamente, tanto en aspectos de coordinación como de control. No es posible —y, sin embargo, está ocurriendo— que cada ejército regule a su manera cuestiones que deben ser comunes para todos los militares.
Lo que está sucediendo en los procesos de calificación profesional (IPEC) no puede continuar. ¿Cómo es posible que se regulen de manera distinta, incluso contradictoria, en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército del Aire y que, en algunos casos, cada año cambien las pautas de elaboración, siendo como son la piedra angular para la carrera profesional del militar? El ejemplo paradigmático es la situación de los suboficiales y los soldados y marineros, precisamente los que soportan la inmensa mayoría de los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas. ¿No afecta a la disciplina y unidad de las Fuerzas Armadas esta situación tan caótica?
No menos importante es aclarar las consecuencias que la crisis económica pudiera tener en el cierre o supresión de unidades. Todo ello afecta a los militares y a sus familias. No tiene sentido mantener los cierres y/o supresiones de cuarteles en marcha si tuvieran que realizarse otros en un futuro inmediato, con carácter general y más amplio, que podrían afectar a aquellos militares que ya han tenido que desplazar a su familia, con todo lo que ello conlleva. El compromiso electoral de poner a las familias de los militares entre las prioridades de la acción de gobierno demanda prudencia y certeza, sobre todo en la movilidad geográfica y en lo relativo a la carrera profesional.
Son retos importantes para los que el ministro debe escuchar a los militares a través del privilegiado instrumento que son las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y constituir en plazo el Observatorio de la Vida Militar. Esperemos que así sea.
Por Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles.