Los negocios del yerno del Rey

Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y por tanto de los contribuyentes españoles.

La primera reflexión parece evidente: la trayectoria profesional que justificaba la posibilidad de estos negocios del Sr. Urdangarin (en tiempos deportista profesional) así como su actual puesto de trabajo en Washington en una multinacional española del sector de las telecomunicaciones está indisolublemente ligada a su condición de yerno del Rey. Con esto lo que quiero decir es que las administraciones públicas que contrataban «a dedo» (aunque fuera bajo la figura del convenio o mediante contratos con entidades instrumentales financiadas por ellas) al Instituto Nóos para realizar distintas actuaciones en el ámbito de la comunicación y los deportes lo hacían precisamente atendiendo a dicha condición. Ayudaba el socio, Diego Torres, avispado profesor de ESADE, y la existencia de una junta directiva donde aparecía nada más y nada menos que una Infanta de España y cuyo tesorero era Carlos García Revenga, que trabajaba para la Casa Real. Casi nada.

Si hubiera sido de otra forma, es decir, si el Instituto Nóos hubiera tenido un prestigio o una trayectoria profesional propia más allá de la de su presidente y su junta directiva, las administraciones públicas implicadas hubieran elaborado los correspondientes pliegos para la contratación de los servicios que ofrecían, aunque hubieran tenido que competir, eso sí, con otras empresas que hubieran podido prestar servicios similares posiblemente de forma más económica. Incluso descontando la voluntad política de los respectivos presidentes autonómicos o alcaldes de favorecer un instituto con este caché.

La prueba de que esto fue así es que existió un primer contrato que ganó el Instituto Nóos por el procedimiento negociado con el Gobierno de las Islas Baleares por un importe menor de 60.000 euros, donde el propio Instituto confeccionó las tres ofertas que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Debió de parecer poco dinero para tanta grandeza y a partir de entonces el Gobierno balear prefirió acudir a la socorrida figura del convenio (que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe si su objeto equivale al de un contrato, como sería el caso) dadas las escasas probabilidades de que el Instituto Nóos, con su inexistente solvencia técnica y económica, pudiera ganar un contrato público por una cantidad importante, incluso echándole mucha buena voluntad, es decir, forzando la contratación.

Con independencia de la opinión que merezca la oportunidad de realizar unas jornadas sobre turismo y deporte por importe de 2,3 millones de euros, decidida por el Gobierno autonómico de Jaume Matas, cuya trayectoria de despilfarro y de corrupción es bastante impresionante, lo cierto es que el instrumento jurídico para hacer esta contratación con dinero público está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento bastante complejo y necesariamente abierto a la competencia. El Instituto Nóos o cualquiera de sus instrumentales, no estaba en condiciones de ganar concursos públicos de este importe. Pero incluso de haberse ganado estos contratos hubieran quedado sometidos al control de la intervención de la comunidad autonóma balear, que. aunque a estas alturas ya sabemos que no era gran cosa, sin duda era mejor que ningún control en absoluto, que es básicamente a lo que equivalía una entrega de dinero muy importante mediante convenio a un instituto privado a cambio de la realización de unas jornadas (o un observatorio más tarde)

En cuanto a los contratos o acuerdos con el Gobierno autonómico de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia (por no mencionar a los clubs deportivos, Aguas de Valencia, la empresa privada que tan atenta resulta con la Generalitat de la que depende su concesión y su negocio, etcétera) la historia es básicamente similar, aunque los mecanismos utilizados para la entrega de la nada despreciable suma de 3,4 millones de euros fueran un poco distintos, al parecer contratos con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) por parte del Gobierno autónomo y con la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al Consistorio, que actuaron como obedientes entes instrumentales para financiar al Instituto tres ediciones del Valencia Summit.

Y así, a medida que pasan los días, van saliendo también otros contratos de menor importe con otros gobiernos autonómicos y con ayuntamientos. La historia es siempre la misma: administraciones públicas que entregaron importantes sumas de dinero público sin prácticamente ningún control mediante convenios o contratos realizados por entidades instrumentales al Instituto presidido por el Sr. Urdangarin en base a su figura y conexiones familiares por motivos que podrían resumirse en una frase: en España a la hora de hacer negocios importa más el who you know (a quién conoces) que el what you know (qué conoces, o qué sabes hacer). Pero claro que aquí hay un matiz importante; estamos hablando de dinero y contratos públicos y de conexiones con la más alta magistratura del Estado español, por lo menos mientras éste siga siendo una monarquía. En definitiva, nos tenemos que preguntar si es razonable invertir el dinero de los contribuyentes para que un político local se de el gusto de posar junto a la hija, el yerno -o incluso a los nietos del Rey si se da el caso- en una recepción porque otro resultado visible de estas inversiones brilla por su ausencia. Pero un momento, ¿no se supone que estas apariciones institucionales ya sean a nivel estatal, regional o local es precisamente una de las contraprestaciones -valga la expresión- que se reciben a cambio de mantener el presupuesto de la Casa Real? Claro está que sin Instituto Nóos por medio a lo mejor la lista de prioridades institucionales de la familia Urdangarin no hubiera sido exactamente la misma.

Sigamos. Presuntamente el Sr. Urdangarin no sólo recibió dinero público por procedimientos poco ortodoxos, sino que lo desvió a empresas suyas patrimoniales, si bien esta cuestión está sub iúdice, aunque a medida que avanzan las investigaciones los indicios son más demoledores, paraísos fiscales incluidos. En cualquier caso, que una persona con su puesto de trabajo y sus conexiones familiares tuviese tan siquiera la tentación de utilizar el dinero de los españoles no ya para hacer negocio de lobby a través del Instituto Nóos -lo que ya me parece muy cuestionable- sino para su enriquecimiento personal, invita también a algunas reflexiones. Efectivamente, cabe pensar que el modelo de sostenibilidad de la monarquía española no resulta muy adecuado cuando la familia política de la Familia Real tiene estas veleidades. Por otro lado, el que la Casa Real no haya impedido ab initio este tipo de conductas, prohibiendo tajantemente el aventurerismo empresarial con cargo a la institución parece muy grave, pues es de suponer que a menos la Infanta sí tenía conocimiento de las actividades de su marido, dado que figuraba en varias de las empresas. El que además las actuaciones realizadas se hayan dirigido fundamentalmente a obtener dinero público resulta especialmente dañino para la institución, y todo esto con independencia de la suerte judicial que corra finalmente el Sr. Urdangarin pues el mal ya está hecho.

No obstante, la segunda reflexión y última es la que me parece más importante en la gravísima situación de crisis política e institucional que estamos viviendo, por no hablar de la económica. El Sr. Urdangarin es un ciudadano español más, y como tal carece de cualquier privilegio ante las leyes españolas. La única figura que goza de inviolabilidad ante los tribunales de Justicia es la del Rey, y el Sr. Urdangarin, según nos recuerdan estos días con insistencia, ni siquiera es miembro de la Casa Real por lo que no goza de privilegio o inmunidad alguna frente a las leyes y los Tribunales españoles. Conviene no olvidarlo, máxime teniendo en cuenta que el 82% de los ciudadanos españoles han manifestado en el último barómetro del CIS (el de febrero) su opinión de que los españoles no son iguales ante la ley.

Por esa razón, me parece que una muy buena medida para demostrar lo contrario es que este español tenga los mismos medios jurídicos para defender su inocencia que el resto de sus compatriotas, ni más ni menos. Contando con que tendrá una legión de abogados expertos a su disposición que le facilitarán la tarea y que no están precisamente al alcance del bolsillo del contribuyente común. Mi opinión personal es que la subsistencia de la monarquía -si es que todavía tiene opciones- depende en gran medida de que sea así, frente a los que puedan pensar que, al contrario, debe de hacerse todo lo posible para que el Sr. Urdangarin no pise ni el juzgado ni la cárcel si llegara el caso. Porque entonces nos habremos quedado ya sin Constitución y sin Estado de Derecho definitivamente y ¿de qué sirve entonces una monarquía constitucional?

Por Elisa de la Nuez, abogada del Estado excedente y coeditora del blog ¿Hay derecho? También es miembro del Foro de la Sociedad Civil.

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