En el año 1983, la Unión Soviética inauguró dos reactores nucleares en lo que hoy es Ucrania. Uno de ellos, la unidad cuatro de Chernóbil, sufrió una explosión e incendio tres años después, mismos que liberaron grandes cantidades de partículas radiactivas a la atmósfera – este fue un accidente catastrófico cuyos efectos se sienten aún hoy en día, mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El otro reactor, una unidad localizada en la Central Nuclear del Sur de Ucrania, permanece en funcionamiento, a pesar de que todos los indicios sugieren que la unidad debería ser retirada.
El funcionamiento prolongado de dicha unidad, y de las cada vez más envejecidas plantas de energía nuclear del país, probablemente no habría sido posible sin el apoyo financiero de los contribuyentes europeos, brindado a través del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), como parte de un programa de “actualización de seguridad”, con una inversión de €600 millones (USD650 millones). Desafiando tanto al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo), como al contrato de préstamo suscrito con el BERD, el mencionado programa se implementó en ausencia de cualquier consulta con los vecinos europeos de Ucrania.
Gracias a estos esfuerzos, en el año 2013 la Autoridad Estatal de Inspección de la Regulación Nuclear (SNRIU) decidió conceder a la Central Nuclear del Sur de Ucrania un permiso que extiende su vida útil por un período de 10 años. Sin embargo, de acuerdo con un estudio exhaustivo publicado el mes pasado por el Centro Ecológico Nacional de Ucrania (NECU), la evaluación en la que se basa dicha decisión fue profundamente defectuosa. De hecho, el reactor de la unidad número uno sufre vulnerabilidades peligrosas, y el desgaste que se observa en algunas de sus áreas ya supera niveles que son diez veces mayores a los tolerables. El estudio advierte que dichas vulnerabilidades podrían dar lugar a una emergencia nuclear, lo que conduciría a la liberación de partículas radiactivas en el interior de la unidad – o incluso en el medio ambiente.
De ninguna forma este es un caso aislado. Tres de las unidades de energía nuclear de Ucrania están actualmente en funcionamiento, a pesar de que ya feneció el período de vida útil para el cual fueron diseñadas, y otras nueve unidades van a llegar al final de su vida útil prevista durante los siguientes cinco años. Muy próximamente, específicamente dentro de menos de tres semanas, la unidad dos en el Sur de Ucrania llegará a ese punto, lo que significa que la SNRIU ahora debe decidir sobre si concede a dicha unidad una extensión de vida útil de 20 años.
La SNRIU tomará esta decisión de importancia crítica sin tener información clave sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que presenta dicho reactor en Ucrania y sus países vecinos. A pesar de que esto contraviene la responsabilidad que tiene Ucrania, en su calidad de signatario del Convenio de Espoo, sobre llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental transfronterizo (sin tener que también mencionar que este país pierde la oportunidad de considerar posibles alternativas a la continuación del funcionamiento del reactor), no se espera que se lleve a cabo ningún análisis de ese tipo.
El mes pasado, grupos activistas de los países vecinos enviaron cartas a los representantes de sus países en el BERD, en dichas cartas solicitaban que el banco suspenda su apoyo a la revitalización de las centrales nucleares de Ucrania hasta que se lleve a cabo una evaluación transfronteriza. Una carta similar, firmada por la CEE Bankwatch Network y otras 45 organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientalistas de toda la región, ya había sido enviada a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y al director que representa a la Unión Europea en el BERD.
No obstante lo anterior, inclusive si dicho análisis sí se lleva a cabo, la autoridad reguladora nuclear de Ucrania no estaría en condiciones de garantizar el funcionamiento seguro de las envejecidas unidades nucleares. Tal como destacó el estudio del NECU: su independencia ha disminuido drásticamente por la reciente decisión del gobierno sobre reducir significativamente las obligaciones regulatorias de dicha entidad con relación a las empresas privadas y las compañías de propiedad estatal (salvo con respecto a los impuestos). Como el BERD reconoció en el mes de febrero, en la actualidad la SNRIU tiene prohibido ser la entidad líder en la conducción de inspecciones de seguridad, prohibición que se constituye es un incumplimiento de una condicionalidad dentro del contrato de préstamo suscrito con el BERD.
Toda esta situación se plantea sin que ni siquiera se tenga que mencionar la amenaza inmediata que plantea el conflicto militar en curso con los rebeldes apoyados por Rusia en la región de Donbass, situada al Este de Ucrania. Más allá de los riesgos obvios que se asocian con la inestabilidad, se encuentra el hecho de que Ucrania depende de Rusia no sólo para la obtención de la mayor parte del combustible que es necesario para hacer funcionar sus envejecidos reactores, sino que también depende de dicho país para el tratamiento y almacenamiento de la mayor parte de su combustible gastado. En otras palabras, la dependencia que tiene Ucrania en su energía nuclear, misma representa cerca de la mitad de su producción de electricidad, ha aumentado su vulnerabilidad estratégica frente a Rusia.
Todo esto, por sí solo, debería ser suficiente para convencer al gobierno de Ucrania sobre no perpetuar la dependencia que tiene su país en esta insegura y peligrosa fuente de energía. Si ello no es suficiente, el 29 aniversario de la catástrofe de Chernóbil, que se conmemora este mes, debería servir como un recordatorio de cuánto daño puede causar un accidente nuclear.
Ucrania debería tomar las fechas de fenecimiento de la vida útil de sus reactores como una oportunidad para ir tras del logro de un futuro energético más sostenible y más seguro. Teniendo en cuenta que dichos esfuerzos también serían de interés para Europa, los gobiernos y los ciudadanos de la UE deben hacer todo lo que sea posible para apoyarlos. Este es un compromiso a largo plazo, pero es posible que para dicho compromiso tampoco exista una extensión de vida útil.
Iryna Holovko is a Ukraine campaigner at CEE Bankwatch Network and the National Ecological Centre of Ukraine. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.