Los pactos deben ser cumplidos… o no

– El viejo aforismo latino, pacta sunt servanda…, ya se sabe, mi querido amigo del progreso. Pero no es cuestión de citas pedantes en latín ni de sarcasmos cuando se trata de un tema de tal trascendencia: las cláusulas suelo de las hipotecas. La inmensa mayoría de los premiados en la lotería que son interrogados en televisión coinciden en el propósito de cancelar de inmediato su hipoteca como destino prioritario del dinero ganado en el sorteo. Para los españoles la hipoteca se siente como algo más que una obligación, es un dogal, una amenaza que se cierne sin remedio sobre nuestras vidas y de la que hay que liberarse. La hipoteca es una losa sobre el patrimonio familiar, aunque haya contribuido decisivamente a su crecimiento.

— La razón de ese sentimiento antihipotecario, señor letrado, son las cláusulas suelo.

— Sinceramente, no acabo de entender el problema. Usted sabe tan bien como yo que la libertad de contratación es la base de nuestro derecho de obligaciones desde hace siglos: la autonomía de los ciudadanos para celebrar contratos en los términos y condiciones que consideren convenientes a sus intereses sin otra limitación que la ley. La lógica consecuencia de esta libertad de contratación es la obligación de cumplir lo libremente pactado. Si las cláusulas suelo no están prohibidas por la ley y se pactaron libremente con pleno conocimiento de lo que se firmaba, no acabo de entender por qué no deben ser cumplidas.

— Es muy sencillo, señor letrado. La ley no puede oponerse al progreso y por encima de la libertad de pactos está la protección del consumidor, que es siempre el eslabón mas débil de la cadena y tiene que ser amparado frente a los abusos y los desmanes de los bancos. Libertad de empresa y de contratación, sí, pero dentro de un orden: el orden propio del Estado del bienestar que nos hemos ganado con tanto esfuerzo.

— Señor defensor del progreso, yo le prometo no usar más aforismos latinos, pero usted, por favor, absténgase de darme un mitin. Nadie pone seriamente en duda que en una moderna economía de mercado el consumidor –y el deudor hipotecario lo es– merece protección. El derecho mercantil se ha convertido en el derecho del consumidor. El centro del sistema ya no lo es solo el comerciante, ahora el centro lo comparten el comerciante y el consumidor. Sin embargo, mi querido amigo, la protección del consumidor no puede convertirse en una distorsión de los principios básicos de la economía de mercado. No es posible mantener un régimen democrático auténtico con una economía dirigida sin libertad de empresa y sin libertad de contratación en la esfera privada. La defensa del consumidor se está exacerbando tanto en las leyes como en su aplicación. Es un fenómeno que se da en otros muchos ámbitos de nuestra sociedad y se toma, erróneamente, como signo de progreso, cuando no es más que manifestación de un populismo cada vez más arraigado en todos los ámbitos de nuestra vida. La defensa del medio ambiente, por ejemplo, ha sido y es una necesidad acuciante frente a tantos años de desidia. Pero oyendo a algunos se tiene la sensación de que si por ellos fuera se sustituiría al hombre como centro del universo por el oso hormiguero con todas sus consecuencias. El progreso de usted es una incesante degradación de los principios básicos de nuestra convivencia civil y democrática.

— Ahora es usted quien da el mitin. La realidad es que el consumidor está indefenso frente al banco, y diga lo que diga la ley, señor letrado, deberá prevalecer la justicia.

— No, mire: nadie sensato se opone a que el deudor hipotecario cuente con la debida protección jurídica. Y, desde luego, la ley se la da. En primer lugar, puede pedir la nulidad de cláusulas sobre las que hubiera prestado su consentimiento sin el debido entendimiento, es decir, que no hubiera comprendido de verdad el alcance y las consecuencias de lo que estaba firmando. Esto ha sido desgraciadamente algo muy habitual en algunos productos financieros complejos vendidos al público sin una información suficiente. Pero no creo que, salvo excepciones, sea este el caso de las cláusulas suelo. Las escrituras no tienen «letra pequeña», los notarios son muy puntillosos por lo general explicándolas y se aseguran de que el firmante entiende lo que firma. Nada impide, desde luego, que en un caso concreto se pueda probar lo contrario. Al parecer, algunos deudores lo han conseguido. Pero pienso que difícilmente pueda ser este el supuesto general. Tengo el convencimiento de que la mayoría entendían lo que firmaban.

– Se olvida usted de que en esas cláusulas el banco incurría en abuso.

— Las cláusulas abusivas se establecen sin que el consumidor tenga una posibilidad real de evitarlas y le imponen una carga que resulta desproporcionada. La letra pequeña de los contratos con las grandes compañías contiene muchas veces cláusulas de ese tipo. También se dan cuando todos los vendedores de un determinado producto las imponen y el consumidor no tiene alternativa posible de proveedor. Pero si ha habido un sector realmente competitivo, ese ha sido el hipotecario. Es muy poco frecuente firmar una hipoteca antes de comparar la oferta de varios bancos. En principio, la existencia de una imposición abusiva parece poco creíble.

— Pues sepa usted, señor letrado, que yo mismo tengo una hipoteca con cláusula suelo y que he dejado de ser un deudor corriente y vulgar del banco. Ahora soy un damnificado por una práctica bancaria abusiva, en busca de justicia. Me voy al juzgado. Los anuncios de sus colegas dicen que se gana siempre.

— No lo tome como una posición legalista y de cerrazón frente al progreso, pero lo dudo mucho. Usted tiene capacidad más que suficiente para entender lo que firmaba. Me consta que negoció con todos los bancos de la plaza, que tenían un gran interés en la operación, por su importancia. Y, la verdad, hablar de abuso en una hipoteca naval sobre un velero de cincuenta metros de eslora…. ¿qué quiere que le diga?

Daniel García-Pita Pemán, jurista.

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