Desde el inicio de la crisis de la COVID‑19, el fantasma del default acecha a las economías en desarrollo. El temor a perder acceso a los mercados lleva a que muchos países no quieran encarar el hecho de que sus deudas son insostenibles. Pero un análisis objetivo del impacto de la crisis de la COVID‑19, sumado a las realidades fiscales y financieras de los países de bajos ingresos, revela una «nueva normalidad», en la que un default en el momento oportuno no es lo peor que puede ocurrir.
Según cálculos del Banco Mundial, la mitad de los países más pobres del mundo tienen o corren riesgo de tener problemas para devolver sus deudas. Por ejemplo, en África subsahariana este año hubo un deterioro considerable de los indicadores de solvencia, tras seis años en los que venían empeorando por la caída mundial de precios de los commodities. Angola, Ghana y Nigeria dedican alrededor de la mitad de sus ingresos al pago de intereses. Y la agencia S&P Global Ratings calcula que dos tercios del total de pagos de intereses de los diecinueve países de África subsahariana a los que califica se destinan a acreedores privados.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional predice que la crisis de la COVID‑19 anulará una década de avances en reducción de la pobreza, y tendrá efectos duraderos que empeorarán considerablemente las perspectivas de desarrollo de los países de bajos ingresos. Esto debería ser inaceptable ya por motivos humanitarios, e incluso más si se tienen en cuenta los objetivos de desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.
Es verdad que los acreedores han tomado algunas medidas para aliviar la carga de deuda de las economías en desarrollo. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 (DSSI) permite a los países más pobres del mundo (mayoritariamente africanos) pedir una postergación de los pagos de préstamos bilaterales. Los países del G20 también acordaron un marco compartido para la reestructuración de deudas públicas.
Pero subsisten importantes obstáculos. Para empezar, muchos países en desarrollo temen que las agencias calificadoras los declaren en default si reestructuran sus deudas, y que eso los prive de acceso a los mercados por tiempo prolongado. Pero aunque las agencias sin duda harán lo primero, el temor a lo segundo es exagerado.
En primer lugar, los países más pobres ya están fuera de los mercados de capitales desde marzo. Ahora deberían ocuparse de volver a ellos en forma sostenible.
De hecho, la gran escasez de inversiones rentables mejora el poder de negociación de esos países. Durante la crisis de deuda latinoamericana de los ochenta, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a diez años rendían más de 10%. En lo peor de la crisis financiera global de 2007‑09, ese mismo rendimiento era cercano a 4%. Hoy se redujo a menos de 1%. En todo el mundo, hay más de 18 billones de dólares en bonos con rendimiento negativo.
En este contexto, los inversores no pueden despreciar por mucho tiempo los bonos de un país que incurrió en default si ofrecen rendimientos atractivos. De hecho, la caída mundial de tipos de interés se dio a la par de una reducción observable del tiempo que lleva a deudores soberanos recuperar el acceso a los mercados después de un default. En 2017, un año después de salir del default, Argentina colocó un bono a cien años. Los bonos griegos a diez años rinden menos de 0,7%. No es coincidencia.
Además, cuando un deudor está al borde de la insolvencia, la reestructuración de deudas mejora su situación crediticia. La reducción del apalancamiento eleva el potencial de crecimiento y desarrollo. De modo que los países de África y otras regiones incluidos en la DSSI deberían volver a ser inversiones atractivas.
La reestructuración de bonos africanos beneficiaría a los deudores sin causar gran perjuicio a los acreedores, a diferencia de, por ejemplo, la crisis de deuda de los ochenta. En aquel momento, un default unilateral inoportuno de economías emergentes hubiera dejado insolventes a algunos de los bancos estadounidenses más grandes; por eso los acreedores tenían un claro interés en ponerse intransigentes y ganar tiempo.
No sucede lo mismo hoy. La deuda de los países incluidos en la DSSI es una parte muy pequeña de las carteras de los inversores institucionales, y el efecto general sobre la industria financiera sería insignificante. Al no ser un hecho traumático, los inversores estarán mucho más dispuestos a volver al mercado cuando el precio sea correcto.
Finalmente, tomando prestadas las famosas palabras de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, esta vez sí que es distinto. Las dificultades financieras que experimentan muchos países pobres no son resultado de políticas imprudentes y endeudamiento excesivo, sino de un shock súbito importante. Los inversores saben bien que en estas condiciones, un default no es señal de que vendrán otros. Es decir, el default no se volverá un estigma permanente.
Queda otro posible obstáculo: que los acreedores privados no estén de acuerdo. De hecho, algunos están haciendo todo lo posible por alentar el temor de los deudores soberanos al default. Pero una reestructuración es casi inevitable, y tendrán que participar en ella los acreedores privados lo mismo que los oficiales. (A diferencia de otras crisis de deuda africanas, hoy los bonistas son una parte importante de la ecuación de la deuda en muchos países.)
Hay que empezar lo antes posible las negociaciones. Experiencias pasadas muestran que demorar una reestructuración de deuda soberana empeora la situación del país deudor, aumenta la quita de capital para los acreedores y prolonga la exclusión de los mercados de capitales.
Por suerte, el monto de los vencimientos de bonos africanos en 2021 es muy pequeño, lo cual ofrece un contexto perfecto para las necesarias y complejas negociaciones, en las que deberán participar numerosos acreedores. Por el bien de sus castigadas sociedades, los gobernantes africanos deben aprovechar la oportunidad, ahora que tienen todas las cartas en la mano.
Pero para que la reestructuración realmente sirva, los gobiernos deudores tienen que comprometerse a canalizar los nuevos flujos de capitales privados en formas que promuevan el desarrollo social y económico, lo que los inmunizará contra shocks y crisis futuros. El alivio de deuda y la recuperación sostenible deben ser dos lados de una misma moneda. Una moneda con la que África podrá comprar el bien más importante: un futuro de más prosperidad y resiliencia.
Moritz Kraemer, Chief Economic Adviser of the risk consultancy Acreditus, was S&P’s sovereign chief ratings officer from 2013 to 2018. Traducción: Esteban Flamini.