Este verano de olas de calor sin precedentes y de elecciones contenciosas en todo el mundo ofrece una oportunidad valiosa para reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar los individuos a la hora de impulsar un cambio positivo. Al construir coaliciones y amplificar las voces de los más afectados por las crisis, podemos reunir el coraje y la voluntad política necesarios para superar desafíos globales aparentemente insuperables.
El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son excelentes ejemplos. Como defensora desde hace mucho tiempo de la justicia medioambiental, he visto de primera mano el profundo impacto de ambos, tanto en las comunidades de primera línea como en las poblaciones indígenas. Estas poblaciones han sido las más afectadas por estas crisis interrelacionadas, que ponen en peligro sus sustentos, su salud y su legado cultural.
Los entornos terrestres y marinos diversos que son sustento de las comunidades indígenas también sustentan la vida y la sociedad tal como la conocemos. Dependemos de ecosistemas saludables para nuestros alimentos, cobijo, agua, avances médicos y prevención de enfermedades. Más del 50% del PIB del mundo, calculado en 44 billones de dólares, depende de la naturaleza. De manera crucial, los ecosistemas vibrantes actúan como sumideros naturales de carbono, ya que absorben hasta el 50% de los gases de efecto invernadero producidos por las actividades humanas.
Al representar una amenaza para los sumideros esenciales de carbono como las selvas tropicales y los océanos, la pérdida de biodiversidad exacerba el cambio climático, lo que, a su vez, acelera la degradación ambiental, dejando a millones de personas, así como a incontables especies de plantas y animales, ante una vulnerabilidad cada vez mayor. La buena noticia es que esto se puede revertir: al fomentar ecosistemas resilientes y diversos, podemos mitigar los efectos del cambio climático y crear un círculo virtuoso que proteja a las comunidades de primera línea.
En medio de la mayor extinción masiva en más de 65 millones de años, proteger la biodiversidad es más urgente que nunca. Hay estudios que demuestran que cerca de la mitad de las especies animales del mundo actualmente experimentan caídas aceleradas de la población, en tanto que América Latina y África enfrentan la pérdida de biodiversidad más severa.
Si bien estas situaciones describen un panorama sombrío, se ha registrado cierto progreso en cuanto a abordar la crisis de biodiversidad. En 2022, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad llevada a cabo en Montreal (COP15), las partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica aprobaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF por su sigla en inglés). Este acuerdo histórico, que requirió años de construcción de coaliciones y campañas de sensibilización, delineó una estrategia para frenar y revertir la pérdida de naturaleza, incluyendo la meta ambiciosa de preservar al menos el 30% de la tierra y de los mares del mundo para 2030.
En el marco del GBF, los países desarrollados prometieron otorgarle al Sur Global, donde se encuentra la mayor parte de lo que queda de biodiversidad en el mundo, al menos 20.000 millones de dólares anuales para 2025 y 30.000 millones de dólares anuales para 2030. De cumplirse, estos compromisos les permitirían a los países en desarrollo implementar planes de acción ambiciosos a nivel nacional en defensa de la biodiversidad, salvaguardando así a las poblaciones más vulnerables al clima del mundo.
Desafortunadamente, el mundo hoy por hoy está lejos de alcanzar estos objetivos. Un nuevo informe del grupo de expertos ODI con sede en Londres revela que, de los 28 países que analizó, 23 no han cumplido con sus compromisos de financiamiento de la biodiversidad hasta 2021 (el último año del que existen datos disponibles). Para cumplir con sus objetivos de 2025, estos países necesitarían duplicar sus aportes.
La brecha entre las promesas y la acción en materia climática parece aún más preocupante cuando uno considera que 20.000 millones de dólares por año representan apenas el 1,1% de los 1,8 billones de dólares que los países de todo el mundo gastan anualmente en subsidios perjudiciales con el medio ambiente. Estos recursos, equivalentes al 2% del PIB global, respaldan a sectores como los combustibles fósiles y la agricultura industrial, que responden por la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsan la pérdida de biodiversidad.
Para proteger los activos naturales del planeta, los gobiernos deben alinear su gasto con sus valores declarados. La nueva Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, que apunta a restaurar al menos el 20% de la tierra y de los mares de la UE para 2030, y todos los ecosistemas degradados para 2050, representa un paso importante en esta dirección.
Sin duda, hay mucho más por hacer. De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Colombia que se llevará a cabo en octubre (COP16), los responsables de las políticas y los defensores del clima deben seguir construyendo coaliciones globales para cerrar la brecha de financiamiento de la biodiversidad. También deben garantizar que, en materia de proyectos de conservación y restauración, las comunidades más afectadas por la degradación ambiental -especialmente los pueblos indígenas- estén incluidas en el proceso de toma de decisiones.
Proteger y restaurar la biodiversidad es crucial para respaldar la recuperación de los ecosistemas naturales de nuestro planeta y mitigar los peores efectos del cambio climático. En la COP16, los líderes globales tendrán la oportunidad de crear un círculo virtuoso de cambio. Para garantizar un futuro sustentable, es imperativo que aprovechen esta oportunidad.
Mary Robinson, a former president of Ireland and former UN high commissioner for human rights, is Chair of The Elders and a member of the Global Steering Committee at Campaign for Nature.