El 15 de septiembre de 2015, los jefes de estado y gobierno del mundo adoptaron unánimemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un amplio plan global para crear un planeta más equitativo y sostenible. Sin embargo, más de cinco años después, los avances hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan mucho que desear.
Entre las mayores limitantes para que los países los logren se encuentra la falta de recursos financieros. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, muchos países de ingresos medios y bajos mostraban señales de tener dificultades en el pago de sus deudas. Mientras luchan por enfrentar crisis simultáneas en el sector público y sus economías, la movilización de recursos financieros para el desarrollo sostenibles es una propuesta cada vez más difícil.
Por supuesto, hay maneras de recaudar fondos. Los países pueden elevar sus ahorros nacionales, intentar atraer la inversión extranjera y buscar asistencia para el desarrollo por parte de los países ricos, las organizaciones internacionales y los bancos de desarrollo multilateral. Pero hacerlo nunca es fácil, especialmente en un mundo en que prosperan los flujos financieros ilícitos.
En 2015, Gabriel Zucman estimó que al menos $7,6 billones de la riqueza privada del planeta estaban depositados en paraísos fiscales, cifra equivalente a un 8% de los recursos financieros nacionales globales. Esa cifra había crecido en un asombroso 25% en los cinco años anteriores, lo que sugiere que hoy es significativamente mayor. En 2017, la Oficina Nacional de Estudios Económicos informó que cerca del 10% del PIB mundial se encontraba en paraísos fiscales en el extranjero.
Los flujos de salida financieros ilícitos no solo debilitan los recursos financieros de los países de bajos ingresos, sino que también pueden socavar la disposición de los países donantes a prestar más ayuda para el desarrollo.
Los gobiernos cuentan con tres grandes líneas de defensa contra los flujos financieros ilícitos. La primera es reducir el nivel de dinero ilícito mediante la lucha contra la corrupción.
Además del delito evidente –como la evasión de impuestos, los sobornos y la malversación de bienes públicos- una iniciativa así tendría que hacer frente a maniobras más sutiles, como la explotación por parte de las compañías multinacionales de vacíos jurídicos en el código tributario. La elusión fiscal de las multinacionales debilita la capacidad de los países de financiar el desarrollo al menos tanto –si no más- que la corrupción directa.
La segunda línea de defensa es el control atento de los flujos de capitales transfronterizos. Mantener los fondos ilícitos en su país de origen hace que la corrupción sea menos provechosa y, en consecuencia, menos atractiva. Pero, nuevamente, las actividades evidentemente ilegales son solo una parte del problema. Legal o no, la fuga de capitales vacía las arcas del gobierno y hasta puede causar crisis financieras o monetarias.
Por último, los gobiernos deben asumir una actitud proactiva para dar seguimiento, confiscar y repatriar los fondos que hayan evadido los controles de capital. El problema es que es muy complejo y costoso recobrarlos y, hay veces en que se puede llegar a los tribunales por las desconfianzas entre países. Por estos motivos, muy poco dinero ha vuelto a sus legítimos dueños. En términos más generales, si bien en los últimos años se han creado una serie de iniciativas, programas, convenciones y tratados internacionales para reducir los flujos financieros ilícitos, ciertamente no han sido muy eficaces.
Pero hay razones para esperar que esta situación cambie pronto. El año pasado, Volkan Bozkir, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Munir Akram, Presidente del Consejo Económico y Social de la ONU, acordaron convocar a un Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (Panel FACTI, por sus siglas en inglés) para el Logro de la Agenda 2030.
Hoy el Panel FACTI ha publicado un informe completo que incluye 14 recomendaciones basadas en la evidencia para fortalecer la arquitectura financiera global y dar apoyo a un desarrollo sostenible. Por ejemplo, el panel recomienda enfáticamente que todos los países promulguen leyes que cubran la mayor gama posible de herramientas legales que sirvan para obligar a que quienes cometen delitos financieros transfronterizos rindan cuentas de sus acciones. También se plantea que los gobiernos deben crear mecanismos de gobernanza sólidos y bien coordinados para reforzar la integridad financiera.
El Panel FACTI además aboga por una cooperación internacional mucho mayor, como la creación de normas tributarias globales, en especial estándares de transparencia, a través de un instrumento legal “abierto e inclusivo”. Y recomienda crear un mecanismo imparcial de resolución de disputas tributarias internacionales, en el marco de la Convención sobre Tributación de la ONU, además de un mecanismo inclusivo de coordinación global en el Consejo Económico y Social de la ONU para abordar la integridad financiera en un nivel sistémico.
No va a ser fácil implementar las recomendaciones del Panel FACTI, pero el esfuerzo de la ONU por encontrar soluciones es indudablemente un paso en la dirección correcta. Si podemos hacer que la comunidad internacional se haga parte, puede que todavía tengamos una oportunidad de obtener los recursos necesarios para lograr los ODS.
Yu Yongding, a former president of the China Society of World Economics and director of the Institute of World Economics and Politics at the Chinese Academy of Social Sciences, served on the Monetary Policy Committee of the People’s Bank of China from 2004 to 2006. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.