Cada vez son más los estudios que vinculan el desapego de una parte de la ciudadanía hacia el sistema político con las consecuencias que las transformaciones económicas recientes están teniendo en nuestras sociedades. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las regiones cuyas estructuras productivas se han visto más afectadas por la nueva competencia internacional, son las que más han virado políticamente hacia Trump, el Brexit, o los partidos de corte nativista y proteccionista. Como trato de mostrar en mi reciente libro Antisistema: Desigualdad económica y precariado político, los individuos que se ven económicamente más vulnerables, especialmente tras la gran recesión, son más proclives a votar a partidos que cuestionan el funcionamiento del sistema político. Un cierto consenso empieza a emerger entre economistas, politólogos y sociólogos: aunque los procesos de internacionalización y automatización de nuestras economías tengan consecuencias netas positivas, también generan ganadores y perdedores sistemáticos. Muchos individuos son capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece una economía más abierta y dinámica, pero otros ven cómo estas transformaciones les condenan a perder sus empleos y a aceptar trayectorias laborales más precarias y erráticas. Para los trabajadores menos cualificados y de menores salarios no es fácil adaptarse a los cambios que trae la nueva economía: cambiar de sector o de ocupación para convertirse en un “ganador” de la globalización o de la automatización no siempre es posible. El proceso de ajuste deja cicatrices, concentradas entre ciertos grupos sociales.
Que los cambios económicos tienen consecuencias distributivas y que estas pueden degenerar en crisis políticas no es algo que hayamos descubierto ahora. Una de las principales enseñanzas de la historia económica de la primera mitad del siglo XX es que para sostener políticamente un orden económico internacional abierto era necesario que los sistemas políticos nacionales fueran capaces de lograr que el crecimiento fuera inclusivo, es decir, que los Estados ofrecieran políticas de compensación transversales que suavizaran las consecuencias negativas asociadas a la exposición a los mercados globales. No es casualidad que la reconstrucción de un orden económico internacional abierto tras la Segunda Guerra Mundial viniera de la mano de la mayor expansión del Estado del bienestar de la historia.
¿Por qué hoy no somos capaces de compensar a los perdedores de la globalización y la automatización? Son procesos que hacen a nuestras economías más ricas en su conjunto, por lo que podríamos en principio transferir parte de esos beneficios a los grupos que están encontrando más dificultades. Si estamos de acuerdo en que la clave para parar el descontento social y político respecto de estas transformaciones económicas es llevar a cabo políticas públicas que permitan que todos los grupos se beneficien de ella. ¿Qué nos impide hacerlo?
El que sea un problema tan extendido nos hace ser escépticos respecto a explicaciones coyunturales centradas en partidos concretos o en la tan manida falta de “voluntad política de nuestros gobernantes”. Las causas, creo, son más profundas.
Una primera explicación la proporciona el economista Dani Rodrik: a diferencia del pasado, las últimas olas globalizadoras tienen más consecuencias distributivas (generan más ganadores y perdedores netos) y generan menos beneficios agregados para todos. En estas circunstancias, cabe imaginar, compensar es más complicado: es más fácil financiar nuevos programas sociales cuando se crece al 5% anual que cuando lo hacemos al 2%.
Otra explicación es de naturaleza más política: los supuestos representantes de los “perdedores” de estas transformaciones económicas han dejado de preocuparse de ellos. El economista Thomas Piketty muestra en su último trabajo cómo los partidos que tradicionalmente representaban a los votantes de clase trabajadora en Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña (los partidos de izquierda) se han “brahmanizado”: hoy son, más que nada, los representantes de los segmentos de población con más alto nivel educativo. Los trabajadores no cualificados, de menos recursos, los más castigados en definitiva por las últimas transformaciones económicas, se habrían quedado huérfanos en el sistema político. Una interpretación seguramente más realista diría que no es que los partidos socialdemócratas se hayan deshumanizado y hayan voluntariamente dejado a su suerte a sus votantes más vulnerables, sino más bien que para ellos hoy resulta más difícil hacer compatible la defensa de los intereses de sus votantes tradicionales con los de otros grupos, que también necesitan atraer para ser exitosos electoralmente.
Los perdedores económicos no se han vuelto débiles solo en las urnas. Una de las principales instituciones que tradicionalmente les garantizaban voz en el proceso de toma de decisiones, los sindicatos, también han sufrido un proceso secular de debilitamiento. La consecuencia es que nuestros sistemas políticos han facilitado que los perdedores económicos se vayan convirtiendo en una suerte de precarios políticos: ciudadanos que se perciben incapaces de incidir en el proceso de toma de decisiones democrática. La ausencia de políticas de compensación sería por tanto una consecuencia más de ello: no les protegemos frente a los cambios porque nuestros gobernantes tienen demasiados pocos incentivos para hacerlo.
Y ahora que empezamos a ver las orejas al lobo ¿cambiarán las prioridades de nuestros líderes una vez que hemos visibilizado las dramáticas consecuencias políticas que tiene la desatención sistemática de las demandas de protección? Parece existir un cierto consenso en torno a la necesidad de una globalización más inclusiva, ¿pero es esperable que lo logremos?
La toma de conciencia por parte de nuestros líderes económicos y políticos de la gravedad de este problema es una condición necesaria, pero no suficiente. En la medida que los perdedores sigan siendo electoral e institucionalmente marginales, las promesas de compensación que les hagamos desde el sistema político serán inútiles. La razón es que estas políticas, para ser efectivas, han de reunir dos condiciones: que sean ambiciosas, y que sean sostenidas en el tiempo. Para lo primero será seguramente necesario un esfuerzo fiscal importante, que no será políticamente fácil de gestionar. Para lo segundo, necesitaremos que las promesas de compensación sean creíbles, es decir, que sus beneficiarios obtengan garantías de que no podrán ser fácilmente revertidas en el futuro. Y esto solo se consigue de una forma: que los perdedores recuperen la centralidad que han perdido en el proceso político.
En última instancia, el nuevo contrato social que exige la nueva economía requerirá no solo de un nuevo reparto de los recursos económicos, sino sobre todo del poder político.
José Fernández-Albertos es politólogo y científico titular del CSIC. Su último libro es Anti-sistema: Desigualdad económica y precariado político (La Catarata, 2018).