EL 14 de julio de 1931 se inauguraron las sesiones de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Cinco meses después aprobaron una Constitución. Tantas prisas había por materializar la revolución republicana que se consideró superfluo someterla a referéndum o, cuanto menos, celebrar elecciones ordinarias. Este 2021 se cumplirán 90 años. No es una fecha redonda. No hay apenas razones de peso para sentir un éxtasis de orgullo por aquella pieza jurídica. Al contrario, pues tuvo una vigencia escasa, no alumbró un proceso de democratización exitoso y no logró ser la Constitución de todos. La llegada de la democracia significa movilización intensa y competitiva; por lo tanto, un riesgo latente de división social y dramatización ideológica. Por eso es imprescindible que una Constitución democrática establezca unas reglas del juego compartidas que reduzcan la probabilidad de que las elecciones se vivan como juegos de suma cero, incentivando así la aceptación de la derrota. En este sentido, la obra de los constituyentes republicanos resultó un estruendoso fracaso.
La Constitución de 1931 no provocó la guerra civil. Es bueno advertirlo por si el griterío populista en su versión conservadora se apresta a pensarlo en este año de efeméride. Tampoco aquella Constitución fue la responsable de todos los males que denunciaron sus detractores, muchos de ellos conservadores alérgicos al pluralismo e hipócritas consumados en la defensa de las libertades modernas. Pero con ella se sembraron algunas semillas de una política de exclusión nefasta, al quedar identificado el régimen con el programa ideológico de quienes la diseñaron, algunos de un sectarismo chiflado muy notable.
La Constitución de 1931 no nació de una confluencia de grupos moderados que sirviera para aislar a los extremos y propiciar una competencia electoral centrípeta, que era lo urgente para desactivar las expectativas irrealistas propiciadas por la caída de la Monarquía. Eso lo hizo la de 1978, aunque en un contexto diferente. Si la de 1931 lo hubiera logrado, sencillamente la República se hubiera quedado para mucho tiempo. Pero los constituyentes republicanos no fueron como sus homólogos franceses de la década de 1870. Aquellos conjuraron la revolución para siempre y asentaron una República tan conservadora como transformadora. En España, los republicanos de izquierdas y sus socios del PSOE se empeñaron en hacer una Constitución que identificara la República con su idea de revolución, es decir, con una profunda transformación dirigida a golpe de decreto. Su democracia republicana tenía que ser antes revolucionaria que liberal, es decir, los derechos individuales se restringían o anulaban en función de las exigencias de la revolución. Así, la libertad religiosa no se aplicó a los católicos con todas sus implicaciones y la libertad de empresa se subordinó al monopolio sindical y clientelar de los socialistas y fuera de toda lógica económica. La modernización por imposición y con criterios de exclusión colocó a la España conservadora en contra de la República del 31. Además, dificultó el entendimiento entre las izquierdas y los moderados.
Los manuales de historia suelen contar que los católicos se opusieron a la Constitución, pero evitan resaltar que el primer demandante de una revisión profunda de aquella fue el mismísimo presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Significativamente, fue un Gobierno presidido por un partido de centro republicano, que no por la derecha, el que promovió la única iniciativa de reforma constitucional del periodo. Ese proyecto, debatido en comisión parlamentaria en 1935, no pretendía acabar con el régimen republicano sino ensancharlo. Las izquierdas republicanas, empezando por Manuel Azaña, se negaron rotundamente a cualquier debate de reforma constitucional, aun cuando estuviera promovido por políticos republicanos y se produjera en la sede de la soberanía nacional. En el viciado ambiente que propició la violenta insurrección socialista de 1934 a Azaña no se le ocurrió que era conveniente pactar una reforma que llevara más apoyos al régimen y alejara a los republicanos de los extremos, tanto a izquierda como a derecha. Tal vez por eso algunos le consideran un gran estadista, porque su contribución a la convergencia de los moderados fue nula.
Pero todo esto es irrelevante en un año en el que el Gobierno español ha hecho publica su intención de celebrar el aniversario de la Constitución republicana. La cuestión de fondo es otra: profundizar en la teatralización de la Historia al servicio de una Memoria de partido. Los perdedores de la Transición, esas minorías dopadas con la verborrea antiliberal y anticapitalista al uso, refugiadas en los márgenes subvencionados de algunos departamentos universitarios y círculos culturales, han encontrado su oportunidad varios años después. El ex presidente Rodríguez Zapatero les abrió la puerta y la nueva política los llenó de esperanza. Aquél empezó a ventilar la sede de Ferraz para que, poco a poco, no quedara nada de esas reliquias transicionales y pactistas que habían hecho del socialismo español uno de los puntales de una Monarquía democrática y parlamentaria garante de un Estado social y de derecho. Por su parte, el contexto pos 15-M permitió recuperar la cantinela de los perdedores, esto es, que el PSOE y el viejo PCE habían traicionado sus ideales en el altar del pactismo del 78. Frente a eso, el 31 es todo un referente.
Lo cierto, sin embargo, es que la elite constituyente del 78 sabía que la Constitución de 1931 no podía ser otra cosa que un contramodelo. Porque, como se vio en sede parlamentaria, ningún moderado quería hacer una Constitución que volviera a ser un trágala. Pero también, y eso es menos conocido, porque desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, la del 31 fue una obra imperfecta, improvisada en pocas semanas en una Cámara en la que no había disciplina parlamentaria, el populismo y el doctrinarismo campaban a sus anchas y, para colmo, un Gobierno débil y dividido se inhibió en el debate.
El resultado fue, sencillamente, una chapuza. El caso de las relaciones Iglesia-Estado es conocido, pero hay otros buenos ejemplos. La nueva República no fue ni presidencial ni parlamentaria, sino una variante híbrida tan imprecisa que dificultó la gobernabilidad y propició los choques entre la Presidencia de la República y el Consejo de Gobierno. El presidente de la República podía ejercer un poder considerable, como mantener temporalmente cerradas las Cortes o encargar un Gobierno a un político que no contara ni siquiera con grupo parlamentario propio; podía, además, disolver las Cortes a su libre consideración. Pero, por otro, el espíritu del debate constituyente daba a entender que el régimen debía funcionar como una República parlamentaria y la propia norma señalaba que el poder de disolución era limitado y su conveniencia podía ser juzgada por las nuevas Cortes. Otorgar al presidente la facultad de disolver pero luego dejar en manos de los recién elegidos la censura y caída de aquél era todo un ejemplo de improvisación.
Por si esto fuera poco, otra de las supuestas grandes innovaciones, el Tribunal de Garantías Constitucionales, fue diseñado con parecida inteligencia. Pese a la aparente pluralidad de su composición, fue concebido para que no pudiera actuar como un contrapeso independiente de las Cortes sino como un amplificador de la ideología de la mayoría constituyente. Cuando tocó elaborar la ley que lo regulaba los republicanos de izquierdas defendieron expresamente la doctrina de que su revolución, materializada a través de una mayoría parlamentaria que se creía perpetua, era inapelable y ningún tribunal ni doctrina de protección de los derechos fundamentales o de la división de poderes, podían cuestionarlo. Es muy probable que la actual vicepresidenta primera tenga en mente este prodigio de técnica jurídica al servicio de la democracia para animarnos a celebrar por todo lo alto el 9 de diciembre de 1931.
Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos y autor de El camino a la democracia en España. 1931 y 1978.