Los políticos españoles, a examen

Hay que reconocer que los españoles somos apasionados. Nuestra selección de fútbol gana, en primera ronda, a un contrincante por tres a cero y ya pensamos, mayoritariamente y con amplio respaldo mediático, que la Eurocopa está en el bolsillo. Días después somos eliminados de la competición y, de inmediato, se habla de ‘fin de ciclo’. Del blanco al negro. En política, no somos distintos. Se celebra del mismo modo una victoria por mayoría absoluta aplastante que por algo más de 135 diputados. En otros partidos políticos, batir, en apenas seis meses, por dos veces, el récord de depreciación electoral -por cierto, récord en poder del mismo líder político- tampoco está tan mal visto. Al parecer, hay algo positivo en ello: se ha conseguido eludir el temido sorpasso de las nuevas fuerzas de izquierda.

Y las demás formaciones políticas no han tardado en hallar, días después de los comicios, argumentos más que suficientes para justificar sus pobres resultados, con reproches a los sondeos previos incluidos. Por supuesto, ninguna responsabilidad política asumida. Todo ello, sin ahondar en el inquietante 30,1% de electores que se quedaron en sus casas el pasado 26 de junio. Ciertamente, que 10,3 millones de personas quieran mostrar, con esa toma de postura, su alejamiento del panorama político imperante en nuestro país, no es dato que deba concitar excesivo entusiasmo. Pero ha llegado el momento de la verdad.

Los políticos españoles, a examenCon estos mimbres, estamos ahora en pleno proceso de definición de una posible mayoría parlamentaria que alumbre un gobierno mínimamente estable. En suma, en época de pactos. El primer acuerdo, el relativo a la elección de la Presidencia y Mesa del Congreso de los Diputados, ya se ha materializado. Sin embargo, el pacto se ha asentado, no en bases programáticas, sino en el tradicional intercambio de sillones. Y ello, a pesar de que una de las fuerzas políticas implicadas en aquél ha hecho de la regeneración democrática su santo y seña. Mal precedente.

La cuestión ahora se centra en saber si nuestros políticos estarán a la altura del momento histórico que se está viviendo. En los últimos tiempos, se ha hablado con reiteración de la ausencia de liderazgos fuertes y estimulantes, apreciación que se ha conciliado bien con los datos de la mayoría de las encuestas sobre valoración de nuestros representantes, en las que ninguno de ellos ha logrado el aprobado.

Podríamos estar ante una ocasión propicia para lograr una reconexión de los ciudadanos con la clase política. Ahora bien, para ello resulta esencial que los pactos a los que puedan llegar las distintas fuerzas políticas aborden, de forma expresa y principal, los focos esenciales de preocupación de la sociedad. Si centramos esos posibles acuerdos en el canje de cromos, es de prever que esa desconexión entre el ciudadano de a pie y sus representantes vaya a peor.

Sin ánimo de ser exhaustivos, parece evidente que uno de los pilares que la sociedad demanda con mayor insistencia consiste en el diseño de un auténtico proyecto nacional, que preserve cuestiones como la sanidad, la educación, las pensiones y la unidad del país de las alternancias políticas en el gobierno. Conviene ser conscientes de que las tensiones territoriales han hibernado durante la época electoral, a la espera, probablemente, de que un gobierno débil les permita salir de la cueva con bríos renovados.

Sin embargo, y de forma inexplicable, las grandes fuerzas nacionales se resisten a abordar los desafíos separatistas con determinación. Y la forma inapelable de hacerlo es contando la realidad histórica, algo que bien podría fundar un pacto de gobierno como el que se busca. Con todas las críticas que puedan hacerse a la configuración territorial actual de nuestro país, la unidad del pueblo español existe desde la época de los Reyes Católicos. Es decir, España es uno de los países de más larga tradición unitaria de Europa. La unión entre catalanes, castellanos, andaluces, vascos, gallegos o aragoneses es un hecho desde más de 400 años. En Italia, por ejemplo, no se construye la unidad nacional hasta hace algo más de un siglo. Sin embargo, seguimos siendo los españoles quienes más dudamos respecto a la consolidación de la unidad de España, una prueba más de las carencias de cohesión social en estas latitudes y de la falta de un proyecto y de una voluntad de vida en común.

Tampoco se oye hablar, en este periodo de pactos, de las formas para hacer frente, con verdadera decisión, a unos de los principales males que atraviesan nuestra vida pública: la corrupción. Es un error permanecer anclados en la idea de judicializar la moral, esto es, la consideración de que una conducta es sólo reprobable políticamente cuando así se deriva de una resolución judicial, normalmente de carácter penal, que, además, hace insostenible la situación de aquel a quien afecta. En la España de hoy, la moralidad ajena a lo que podríamos llamar criterios jurídicos está ausente del panorama político. No se reconoce la existencia de conductas que, aun careciendo de reproche judicial, pueden ser contrarias a la ética. Y, así, la regeneración política resulta harto compleja, cuando no imposible.

En estos posibles pactos de gobierno que se busca fraguar, los ciudadanos queremos ver sentadas medidas valientes de lucha contra la corrupción, que permitan descargar presión sobre los jueces y fiscales, convertidos, en los últimos tiempos, en auténticos depuradores de la vida pública. Medidas como el cese en el cargo, por imperio de la Ley, de la autoridad que nombró al responsable político condenado por un delito de corrupción. O la adopción de un procedimiento ágil y eficaz que coadyuve en la completa restitución, al erario público, de los fondos distraídos con la comisión de este tipo de delitos. De otro lado, también resultaría muy sano que los ciudadanos, al igual que acontece con las listas de morosos de la Hacienda Pública, pudiesen acceder y conocer el estado de tramitación de esos procedimientos orientados a la recuperación del dinero sustraído por delitos de corrupción.

En definitiva, el contexto generado tras las últimas elecciones generales hace que el auténtico examen de nuestros políticos sea, no en los comicios, sino ahora, con ocasión de las decisiones que todos habrán de tomar en orden a garantizar o no la gobernabilidad del país y que pondrán de manifiesto si, de una vez por todas, se dejan de lado los tacticismos cortoplacistas y se apuesta decididamente por la prevalencia de los intereses generales sobre los intereses de partido.

En el bien entendido, además, que no es momento de articular pactos de gobernabilidad que, en realidad, escondan acuerdos entre pillos, en los que cada cual vaya a ver cómo puede engañar al otro o, por lo menos, a sacarle alguna concesión, sin ofrecer nada o casi nada a cambio. Tentación, ésta, nada remota, por cierto. Para unos, se precisa una cierta paz social que ayude al desarrollo de una tarea de gobierno en minoría. Para otros, los pactos se presentan como una buena oportunidad para escenificar operaciones espectaculares de exigencias y de regeneración democrática, aptas para disimular semifracasos electorales.

Dado que la sociedad ya no está para ilusionismos, es esencial que, en estos momentos, los diálogos de los políticos en las alturas resulten creíbles, no engañosos, y que estén dotados de verdadero contenido, apegados a la realidad de los problemas por los que atraviesa el país. Después de dos convocatorias, estamos ya en el examen final: no puede correrse el riesgo de vender como pacto lo que, en el fondo, sea una farsa, aderezada quizá con buenas intenciones, pero sin voluntad real de traducirla en disposiciones gubernamentales concretas. El país no está para experimentos. No es seguro que los protagonistas que así actúen cuenten con una convocatoria de gracia.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado en excedencia y socio de Business & Law Abogados.

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