Los porteros de la ley

No hay nada tan kafkiano en El proceso de Kafka como la historia que le cuenta a Josef K. un sacerdote que se presenta como «capellán de la prisión» en la oscuridad de la catedral vacía. No en vano Orson Welles extrajo ese «relato dentro del relato» del final del libro y lo convirtió en una especie de preámbulo onírico a su película. Las palabras del narrador aún resuenan en mis oídos como trasfondo de una solemne puerta abierta hacia la luz:

«Ante la ley hay un portero. A este portero se le acerca un hombre del campo y le pide que le deje entrar en la ley. Pero el portero le dice que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta entonces si podrá entrar más tarde. ‘Es posible’, dice el portero, ‘pero ahora no’. Como la puerta de la ley está abierta igual que siempre y el portero se echa a un lado, el hombre se asoma para ver en su interior».

Es sólo el comienzo. El peticionario cree que la suya es una causa justa y que «la ley debe ser accesible siempre y a cualquiera». Pero como el portero con «su gran abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda y su barba de tártaro larga, rala y negra» le impone mucho, decide sentarse en un taburete junto a la puerta de la ley a esperar que cambie el viento. Todo es en vano. «Allí permanece sentado días y años». Lo intenta por todas las vías, incluso entregando cosas, tal vez dinero, al portero que recibe sus ofrendas de forma displicente: «Sólo lo acepto para que no te creas que te has dejado pasar algo por alto». Pero la entrada continúa infranqueable.

Aporto estos antecedentes literarios para que los amigos y familiares de la juez Belén Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que acaba de rechazar la admisión a trámite de la querella por falso testimonio de Jamal Zougam contra las dos rumanas que declararon haberle visto en uno de los trenes del 11-M, entiendan por qué a Su Señoría está creciéndole el apéndice nasal y en sus mejillas empieza a aparecer mucho más que pelusilla.

En auto de 19 de enero, la juez Sánchez Hernández contestó a la demanda del condenado a 42.917 años de prisión con ese primer «es posible» del portero de la ley o más concretamente con la apreciación de que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos». Sin embargo, un mes después le ha dado con las puertas del «pero ahora no» en las narices.

¿Con qué argumentos? Con dos que producen vergüenza ajena a cualquier ciudadano con un sentido elemental de la lógica. Por un lado, el de que la descripción de los hechos no incorpora el elemento subjetivo del «dolo» -o sea la voluntad de mentir por uno u otro motivo- que requiere el tipo penal del falso testimonio.

Esto es directamente falaz, pues la querella, basada en las revelaciones de EL MUNDO, detalla cómo la testigo protegida J-70 fue rechazada como falsa víctima por el tribunal de evaluación del Ministerio de Interior 15 días antes de que se le iluminara la memoria y recordara -al cabo de un año del atentado- haber visto a Zougam en un vagón; y cómo tanto ella como la camaleónica C-65 -que tanto iba con una amiga como con otra en aquel tren- obtuvieron papeles, dinero y trabajo como consecuencia de su crucial apoyo a la decisión policial de endosarle los 191 asesinatos al único detenido al que podían relacionar con lo ocurrido, vía mochila de Vallecas. Si esto no es una base para abrir un procedimiento, iniciar una investigación y tomar declaración a las dos rumanas para someterlas por primera vez con conocimiento de causa al principio de contradicción, que venga Dios y lo vea.

El segundo argumento de la juez aún es más patético pues alega que no le corresponde a un juzgado de instrucción «contradecir o impugnar la valoración efectuada por el tribunal -del 11-M- de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». Si fuera así no existiría el artículo 458 del Código Penal que tipifica el falso testimonio y habría por lo tanto un motivo menos para pagarle a ella el sueldo como funcionaria.

Tamaña estolidez resulta en este caso doblemente hiriente a la inteligencia y a la moralidad en la medida en que, tal y como apunta el susodicho 458, la demostración del perjurio es la única vía que podría llevar a un juicio de revisión de la condena de Zougam; y en la medida en que su defensa desconocía en el momento del juicio oral todas estas circunstancias sobre las testigos protegidas que EL MUNDO ha podido averiguar al cabo de años de laboriosa investigación. ¿Alguien duda de que al menos la credibilidad de J-70 se habría desmoronado con estrépito si un letrado hubiera exhibido un expediente en el que las propias autoridades acababan de darla por falsaria?

Son tan ridículos e inanes los dos motivos de inadmisión que parece lógico que la decisión sea revocada a nada que el recurso recaiga sobre una sala normal de la Audiencia Provincial. Pero, claro, la instrucción volvería entonces a la juez Sánchez y, vista su disposición, muy poco podría esperarse de ella. Sobre todo por un detalle que sugiere una especial malevolencia, un cierto sadismo hacia la familia del querellante. Me refiero a su insólito requerimiento de fianza -nada menos que 3.000 euros- incluido en aquel auto de 19 de enero en el que abrió diligencias previas.

La madre de Zougam, cofirmante de la querella, tuvo que pedir un crédito al banco; pero al propio reo, sometido desde hace ocho años a un implacable régimen de confinamiento solitario, se le saltaron las lágrimas cuando interpretó, como nosotros mismos también lo hicimos, que aquella inusual demanda económica sólo podía anticipar la admisión de la querella. Nadie estaba en condiciones de imaginar que, visto lo visto, la juez sólo la pidió «para que no creas que te has dejado pasar algo por alto».

Sí, ya sé, la Justicia no es una ciencia exacta; unas veces se gana y otras se pierde; los jueces o los jurados, como los árbitros, aciertan y se equivocan. Me he hecho tantas veces esas reflexiones, analizando condenas que como la de Garzón caían por su propio peso pero había que ver para creer, absoluciones tan estupefacientes como la de Camps o comparecencias tan cargadas de futuro como la de Blanco o la de ayer de Urdangarin, que tengo por norma no dar nada por zanjado mientras los dados rueden. Por eso lo único intolerable es que te impidan jugar el partido. Cuando lo que se relata en una querella tiene apariencia de delito, como reconoció la propia juez Sánchez, su inadmisión vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva que la Constitución otorga hasta al más miserable de los seres. No digamos nada si de ese tenue hilo pende la reclusión de por vida de alguien a quien cada vez más personas informadas consideramos inocente.

En el relato del «capellán de la prisión» el «hombre del campo» va extinguiéndose lentamente en su solitario taburete. Al borde de la muerte expresa su última perplejidad: «¿Cómo es posible que en todos estos años nadie excepto yo haya pedido que le dejen entrar?». El portero desvela entonces su cruel secreto: «Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo para ti. Ahora me voy y la cierro».

Jamal Zougam no es, sin embargo, el único que se encuentra hoy ante las puertas de la ley. Desde hace unos días, cual si de un macabro sarcasmo se tratara, dos de las tres asociaciones de víctimas del 11-M han sido expulsadas del recinto en el que a duras penas habían logrado penetrar y se han visto obligadas a amontonarse en un duro banco al otro lado del quicio de la entrada. Han descubierto amargamente que, incluso después de dos años de fructífera instrucción en los que la juez Cillán había acumulado elementos más que suficientes para llevar a juicio al comisario Manzano, podía ocurrirles que un segundo portero hiciera tabla rasa de todo ello y, como en el juego de la oca, les mandara otra vez a la casilla de salida.

El surrealista motivo esgrimido para abortar su querella es en el fondo el mismo que indolentemente ha deslizado Belén Sánchez en su paupérrimo auto: la «cosa juzgada». Si hay una figura jurídica más detestable que la prescripción cuando los delitos son flagrantes, es la «cosa juzgada». Con el agravio adicional de que en este caso la sección 17 de la Audiencia Provincial no se refiere a la vista oral del 11-M sino a la inadmisión de otra querella mucho más genérica en la que ya estaba incluido Manzano.

Aquella fue una decisión correcta porque un grupo de ultraderecha se limitó a presentar un ejemplar del libro Titadyne, disparando a bulto contra todos los funcionarios que pasaban por allí. Pero aplicar el principio del non bis in idem a la mucho más concreta y acotada acción legal de la Asociación de Víctimas del 11-M, a la que se adhirió la AVT, cuando gracias a ella ya habíamos comprobado que el jefe de los Tedax manipuló unas pruebas y ocultó otras, o cuando estábamos a punto de averiguar de qué covachuela policial partió la consigna de que Renfe destruyera los vagones, es una infamia jurisdiccional pues ni el objeto ni el sujeto del pleito eran el mismo.

Como bien ha argumentado el abogado de los querellantes José María de Pablo, esto supondría que la mejor forma que tendría cualquier delincuente para garantizarse la impunidad sería presentar una denuncia chapucera y mal fundamentada contra un amplio colectivo que le incluyera y escudarse a partir de ahí en su seguro archivo. ¿Cómo han podido actuar así estos tres magistrados? Yo sólo puedo aportar el dato elocuente de que el presidente de esa sección, José Luis Sánchez Trujillano, fue el mismo juez que consideró que cuando Rodríguez Menéndez publicó una y otra vez que yo «sodomizaba a niños de 12 años» no se trataba de un delito de calumnia porque no concretaba a qué niño se refería.

Espero que la fulminante revocación de aquella sentencia por la instancia superior que procedió a la condena solicitada sea un perenne baldón que impida a Trujillano progresar en su carrera de igual modo que la trayectoria de Bermúdez acaba de ser determinante para su no renovación en el cargo. El problema es que el recurso de este aberrante sobreseimiento que de momento cercena las esperanzas de esclarecer aspectos clave del 11-M, si bien está claro respecto a la cuestión de fondo, puede verse obstaculizado por graves escollos técnicos pues, por añadir más surrealismo al surrealismo, hay juristas que sostienen que tal decisión no es recurrible.

Por segunda semana consecutiva me esmero, pues, en estimular la imaginación cinéfila del nuevo fiscal del Estado. Ante esas enormes puertas de la ley que filmó Welles tiene ahora mismo sentados en un lado al único condenado como autor material de la masacre de Madrid clamando, con indicios insoslayables, que ha sido víctima de la mayor injusticia judicial de la Historia; y en el otro a los representantes de dos tercios de las víctimas que ya han podido demostrar en un juzgado que la policía manipuló pruebas decisivas de la investigación y exigen que eso no quede amortizado a beneficio de inventario. Una fina inteligencia como la suya no puede ignorar que lo que se aporta desde esas dos perspectivas antagónicas es en realidad coincidente.

Como siempre que se trata de la Justicia, el «relato dentro del relato» de Kafka tiene dos finales. Exasperado por la estulticia del portero, Josef K. llega a un diagnóstico sin esperanza: «La mentira se convierte así en el orden universal». Pero el sacerdote hace una salvedad a la que es posible agarrarse como a un último matorral sobre el abismo: «Al principio se dice que la puerta de la ley permanece abierta, como siempre, pero si siempre permanece abierta, siempre, es decir independientemente de la duración de la vida del hombre para el que está destinada, entonces el portero tampoco podrá cerrarla».

Eso es lo que está hoy en juego en España: si prevalecerá la puerta o lo harán algunos de sus más torpes, fanáticos e indolentes porteros. De momento van ganando los porteros.

Por Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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