Los responsables del Estatut

Es curioso que en los periódicos se hablara más de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya antes de que esta se pronunciase que después. Ciertamente, ello no es así entre los expertos en derecho público, que ya comienzan a publicar sus comentarios en revistas especializadas. Pero en las declaraciones de los políticos, y en las opiniones de los analistas, parece que la sentencia haya dejado de interesar.

En Catalunya estamos ya en la recta final de las elecciones autonómicas. El proceso legislativo estatutario ocupó la atención general en la legislatura anterior y el debate sobre la constitucionalidad de la sentencia - mezclado inevitablemente con la cuestión de la financiación autonómica-ha sido el tema dominante de la que ahora finaliza.

Ante estas próximas elecciones, para que puedan decidir su voto de manera fundamentada, es importante que los ciudadanos tengan un criterio formado sobre todo este tortuoso proceso de tantos años, en el que han tenido un papel predominante los partidos catalanes responsables de la reforma, es decir, PSC, CiU, ERC e ICV. Hasta el día anterior al pronunciamiento del tribunal, todas estas formaciones mantuvieron la plena constitucionalidad del texto estatutario e inmediatamente después se mostraron disconformes con dicho pronunciamiento e, incluso, se sumaron a una multitudinaria manifestación que presidió, de forma insólita, el presidente de la Generalitat.

Desde la perspectiva actual, es decir, tras la sentencia, es evidente el fracaso de estos partidos en todo el proceso estatutario: la sentencia ha desvirtuado los principales objetivos que se pretendían con el nuevo Estatut. Así lo pone de manifiesto un simple vistazo a los ya numerosos artículos escritos por expertos juristas aparecidos recientemente en publicaciones como la Revista Catalana de Dret Públic,El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho o Claves para la Razón Práctica.Ni la singularidad de Catalunya dentro del Estado, ni el blindaje y aumento de las competencias, ni la vinculación de los órganos del Estado al Estatut, ni la relación bilateral, ni un modelo especial de financiación se han alcanzado tal como se pretendía, ya que el TC ha considerado que rebasaban el marco constitucional.

Lo resume perfectamente la cualificada opinión de una reputada autoridad en la materia como es el profesor Santiago Muñoz Machado, publicada en El Cronista,opinión bastante generalizada también entre los mismos mentores jurídicos catalanes del Estatut: "El Estatuto de 2006 no tiene un contenido sustantivo mucho más importante que el que ya tenía pacíficamente reconocido el Estatuto de 1979. Sostengo, por tanto, que Cataluña no tiene más poderes reales, después del Estatuto de 2006, que los que tenía desde que se aprobaron la Constitución y el Estatuto de 1979. La diferencia entre ambos estatutos es simplemente aparencial".

Todo ello significa que en Catalunya - y también en España, no olvidemos la responsabilidad del Gobierno de Zapatero-se han estado perdiendo el tiempo y las energías en un empeño que no era posible si no se reformaba la Constitución. Se ha cometido un grave error de técnica jurídica al creer que reformando el Estatut debía cambiarse la jurisprudencia constitucional. Se ha ignorado que esta jurisprudencia deriva de la interpretación de la Constitución, norma suprema que no debe ser interpretada a la luz de normas jerárquicamente sujetas a ella como son los estatutos de autonomía. Yel hecho de que estos estatutos formen parte - junto a otras normas-del bloque de la constitucionalidad no implica que estén situados en una posición jerárquicamente equiparable a la Constitución.

El Estatut, en muchos de sus artículos, quizás no vulnera la letra de la Constitución, pero sí la interpretación que de ella había efectuado, en doctrina reiterada y consolidada, el TC. En un sistema de democracia constitucional - como el nuestro y también el de EE. UU., Alemania, Italia y tantos otros-la Constitución no se reduce a la mera literalidad de su texto, sino al sentido que le da el Tribunal Constitucional, su máximo intérprete. Este olvido, el desconocimiento de una regla tan elemental, está en la base de que preceptos muy importantes del Estatut hayan sido declarados, total o parcialmente, inconstitucionales. Desde esta perspectiva, como ya mantienen muchos comentaristas, el fallo de la sentencia era totalmente previsible a menos que el tribunal cambiara su muy asentada jurisprudencia en muchas y variadas cuestiones fundamentales. Ello no era nada probable, ya que una de las principales funciones de una Constitución es dar estabilidad a los fundamentos de un sistema jurídico y precisamente el garante último de esta estabilidad es el TC. No tener todo ello en cuenta ha sido una imprudencia, y las imprudencias se pagan.

El electorado catalán debe ser consciente de estas actuaciones en el momento de ir a votar. Al emitir un voto se otorga la confianza a un representante. Nadie quiere que le representen partidos de escasa competencia. Y todo el proceso estatutario, hasta julio pasado, ha estado presidido, precisamente, por la incompetencia.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.