Por Elena Espinosa, ministra de Agricultura (EL PAÍS, 10/10/05):
En los últimos meses se viene sucediendo de forma reiterada, en los medios de comunicación y en la sociedad, el debate sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea (UE). El punto culminante lo marcó el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de junio, en el que no fue posible alcanzar un acuerdo. Es necesario recordar que están en juego los fondos estructurales de la UE (cohesión, fondos regionales, para el desarrollo rural y para la pesca) para el periodo 2007-2013.
El primer análisis ha de consistir en la consideración de la nueva realidad de la UE de los 25, en la que se altera la situación de España en los objetivos prioritarios de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales como consecuencia de su crecimiento económico y del efecto estadístico debido a la incorporación de nuevos Estados miembros con menor renta per cápita. Es cierto que los fondos de desarrollo rural son vitales para el desarrollo del medio rural español, no sólo para el agrario, y, en este sentido, el resultado de las negociaciones sobre el FEADER (nueva denominación del fondo de apoyo al desarrollo rural) es de gran importancia.
De forma paralela a la negociación de las perspectivas financieras, se ha suscitado nuevamente la conveniencia, necesidad y oportunidad del apoyo al sector agrario, de la continuidad de una Política Agraria Común (PAC) fuerte, y del gasto que ésta supone. Desde algunas posiciones se vienen cuestionando, cada vez con más insistencia, las ventajas de la PAC para el conjunto de la sociedad. Mi respuesta es que la UE necesita una política agraria que contribuya a garantizar el abastecimiento de alimentos en cantidad y calidad y que mantenga una actividad económica y una población agraria que contribuyan a la ocupación y ordenación del territorio, que eviten el despoblamiento y que mantengan el medio ambiente, el medio natural y el paisaje.
La realidad de la política agraria dista mucho de las apreciaciones negativas que se hacen. En primer lugar, los agricultores y todos los habitantes de nuestros pueblos son los que realmente mantienen vivo el mundo rural, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras raíces. Éste es, sin duda, el modelo europeo de agricultura, en el que la actividad agraria no cumple sólo una función económica, sino también social, cultural y ambiental, en definitiva, multifuncional. La sociedad debe valorarlo y debe estar dispuesta a compensar económicamente las dificultades de la vida rural en comparación con la urbana, en servicios asistenciales, educativos, de ocio, etcétera. Allí donde la empresa privada no ve beneficios es, sin duda, donde debe actuar con firmeza el sector público. Es, simplemente, un reconocimiento social de las externalidades positivas, en ocasiones difícilmente mesurables, que los agricultores aportan a nuestra sociedad.
Estos agricultores de los que hablamos, los que cultivan nuestros campos, son los que hacen posible la conservación y mejora del medio ambiente, el desarrollo de una pujante industria agroalimentaria (14% de la ocupación y 17% de las ventas netas de producto sobre el sector industrial en España), la mejora de la calidad de los alimentos que consumimos y la garantía de una alimentación sana y segura, como nunca la ha habido.
Pero esto no es todo. Efectivamente, la PAC representa el 40% del presupuesto comunitario; pero también es cierto que es la única política comunitaria verdaderamente común, junto con la pesquera. En realidad, no puede entenderse el desarrollo de la UE, desde sus inicios, sin la PAC, que ha actuado como único motor europeo en numerosas ocasiones. La agricultura no recibe otras ayudas distintas de las de la PAC. Así, si tenemos en cuenta el apoyo público total (de todas las administraciones), nos encontramos con la realidad de que la agricultura no es el sector más apoyado. Por otro lado, debe recordarse que el presupuesto comunitario es bastante pequeño, precisamente porque las grandes áreas de gasto público, salvo la PAC, son financiadas por los presupuestos nacionales. Ahora la hacienda comunitaria sólo representa un 1% del PIB (de la renta comunitaria), frente al 50% del PIB para los presupuestos en el mundo industrializado.
Otro asunto muy polémico es el relativo a los efectos negativos de la PAC en el comercio mundial y, sobre todo, en las exportaciones de los países en vías de desarrollo. Hay varios argumentos que ponen en entredicho este supuesto. La UE es, con diferencia, dentro del primer mundo, quien más apoya a estos países. Es el principal destino de exportaciones agrarias de los Países Menos Avanzados y Países en Desarrollo. Para ello, tiene diversos instrumentos de cooperación a través de diferentes acuerdos, que supone la apertura de las fronteras de la UE, sin aranceles, a todas las producciones de los 49 países más pobres del mundo.
Además, como ha puesto de manifiesto el debate sobre la reforma del azúcar, no es incompatible mantener la actividad agraria en la UE con la concesión de un acceso privilegiado a los países menos avanzados. Al contrario, una PAC fuerte, acompañada de acuerdos preferenciales con los países en desarrollo, es la opción preferida por estos países, frente al modelo de desregulación indiscriminada que sólo beneficiaría a las grandes potencias agrícolas y a los operadores comerciales. Como contrapunto pueden analizarse los sectores del cacao y del café, sin producción ni apoyo en la UE, con comercio liberalizado, en los que los productores de África y América se enfrentan a problemas de mercado y de estabilidad de precios. La última reforma de la PAC, además, desacopla gran parte de las ayudas de la producción. De esta forma, la nueva PAC no incita a elevar la producción, cumpliendo escrupulosamente con la OMC.
Otro argumento recurrente en contra de la PAC es el desigual reparto de las ayudas. Es cierto que, hasta ahora, este reparto no introducía el criterio de limitar las ayudas máximas por explotación. Por primera vez, esta reforma ha incorporado la modulación obligatoria de las ayudas, reduciéndolas para las explotaciones que menos lo necesitan. Creo que, también aquí, vamos por el buen camino.
Un último argumento. La agricultura necesita de la investigación y la innovación tecnológica. No son conceptos opuestos, sino complementarios en muchas parcelas. Hay pocos sectores en los que sea más necesaria la I+D+i. En este campo es muy necesaria la presencia activa del sector público y las políticas de mejora de la calidad de la producción y de los procesos, fomentando una agricultura sostenible, económica, social y ambientalmente.
La PAC y la agricultura son hoy más necesarias que nunca, para nuestro medio rural, para nuestro medio ambiente, para nuestra seguridad alimentaria. La agricultura y el papel de nuestros agricultores y ganaderos han de ser reconocidos y valorados por la sociedad. No podemos olvidarnos, y en ello nos va el futuro, no sólo de los hombres y mujeres del campo, sino el de toda la sociedad en la que vivimos. No puede haber agricultura sin futuro, porque no hay futuro sin agricultura.