Tras varios años de crecimiento sostenido y superior al de nuestros socios europeos, empiezan a multiplicarse las señales de una ralentización de la actividad económica en España. Podemos discutir si vamos a crecer este año en torno al 3 por ciento o por debajo, pero lo que ya no se puede negar es que nos enfrentamos a una desaceleración que incluso para algunos, como el Banco de España, se empieza a mostrar por encima de lo previsto.
En una situación de incertidumbre internacional como la que estamos viviendo, la capacidad de mantener una senda de crecimiento sostenido hacia mayores niveles de prosperidad se hace especialmente relevante, y la política económica a desarrollar a partir de ahora debería tener esto muy presente. Sin un crecimiento razonable no va a ser posible asegurar mayores cotas de bienestar y desarrollo para la sociedad española.
La situación actual pone de manifiesto que la capacidad de crecimiento de nuestra economía depende, en gran medida, de condicionantes externos. La globalización, con la generalización de fenómenos como la transnacionalización de las decisiones empresariales -es decir, que las empresas encuentran en el mundo las localizaciones más eficientes para cada una de sus actividades- conduce a que, de manera creciente, estemos expuestos a la competencia en sectores y actividades antes resguardados de la misma.
La posición competitiva internacional debe, por tanto, ser la guía que dirija las medidas de política económica en ámbitos tan diversos como la educación, la legislación financiera, las cargas administrativas, los planteamientos energéticos, la legislación laboral o la estructura de la fiscalidad. Porque por mucho que presumamos de ser la octava potencia económica del mundo en términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo cierto es que la economía española se encuentra en el vigésimo noveno lugar del ranking del World Economic Forum en cuanto a su nivel de competitividad.
El gran desafío económico a medio y largo plazo de nuestra economía es, por lo tanto, el de la competitividad. Esta es, sin duda, la cuestión fundamental a que deberá enfrentarse el gobierno resultante de las elecciones del 9 de marzo.
La eficacia y la eficiencia con que funciona el sistema económico y social dependen de manera indiscutible de la calidad de la organización y gestión de las Administraciones públicas. Se ha avanzado mucho en este país durante los últimos años en superar las notables deficiencias que existían en muchos de los servicios públicos básicos. Se ha hecho un gran esfuerzo y se han logrado hitos importantes como la universalización de la educación obligatoria y de la atención sanitaria.
Hay que pasar ahora a una segunda fase en la que el sector público se convierta en proveedor eficiente de los servicios que demanda la sociedad española. Para lograrlo hay que mejorar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, hay que prestar una atención especial a la coordinación entre administraciones y hay que mejorar la gestión pública y aprovechar las sinergias con la gestión privada. Todo ello se ve claramente facilitado por las grandes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En esta dirección contribuiría mucho llevar a término esa necesaria segunda descentralización que está aún pendiente. Hasta ahora hemos vivido un trasvase de competencias desde la Administración central a las Autonomías, pero urge ahora impulsar tanto una mejor definición de las competencias que recaen sobre las Administraciones locales como una modernización de sus fuentes de financiación. Por poner un ejemplo muy claro en este sentido, el problema del elevado precio de la vivienda no se podrá resolver de verdad mientras las corporaciones locales no dispongan de fuentes de financiación alternativas al actual procedimiento de recalificar con cuentagotas suelo público.
En cuanto al sistema educativo, este es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en las aspiraciones de una sociedad hacia mayores niveles de prosperidad y progreso. Una enseñanza de calidad para todos es, además, un factor clave para impulsar la cohesión social y favorecer la igualdad de oportunidades. Desde el punto de vista económico, la relación entre educación y competitividad nace de que la primera es una forma de inversión; concretamente inversión en capital humano. Y todas las medidas encaminadas a la mejora del sistema educativo español deberían insertarse en el que ya es el paradigma de la educación en el mundo desarrollado: el «life-long learning», o aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En materia educativa es donde más claramente se manifiesta la necesidad de un consenso político para dotar de estabilidad al sistema. En cuanto a las recomendaciones, entre las primeras estaría la formación continua de los educadores y las referidas al funcionamiento de los centros educativos. La educación en nuestro país mejoraría si los centros contaran con los mecanismos adecuados para impulsar el control de sus resultados, la autonomía y la transparencia. Por parte de los alumnos, una mayor valoración del respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo, etc, sería muy conveniente.
El mercado de trabajo es otro ámbito fundamental para el capital humano. Los últimos diez años de crecimiento económico han sido años de fuerte creación de empleo, pero nuestro mercado laboral sigue padeciendo importantes debilidades como una alta tasa de temporalidad o tasas de actividad femenina menores de las que se observan en muchos países de nuestro entorno. En general, la regulación del mercado laboral debería enfocarse a facilitar la adopción de formas de organización más flexibles. Una de las rigideces se encuentra en nuestro sistema de negociación colectiva, cuya estructura actual limita la capacidad de las empresas para establecer sus propias formas de organización temporal y espacial. La contratación a tiempo parcial es otra de las fórmulas que habría que impulsar. Las reformas del mercado de trabajo deben aspirar, además, a conjugar tres elementos fundamentales en la gestión de la inmigración: apertura, control e integración.
Otro de los factores productivos con mayor impacto en el crecimiento de una economía es la energía. A la hora de perfilar el mix de generación futuro hay que seguir promocionando las tecnologías de generación renovables pero, al mismo tiempo, considerar la energía nuclear como un elemento clave para garantizar el suministro y cumplir los compromisos medioambientales asumidos por nuestro país. Tampoco hay que olvidarse de la tecnología de ciclos combinados con gas natural y, en general, avanzar en el proceso de liberalización del sector.
Poner en marcha las reformas estructurales apuntadas exige Pactos de Estado entre, al menos, los dos principales partidos del arco parlamentario; y cuantos más se sumen a ellos, mejor. Sólo mediante estos acuerdos se puede lograr la voluntad y el clima necesarios que garanticen su aplicación, aislando estas reformas de las vicisitudes de un ciclo político cuyo horizonte temporal es más corto que el necesario para experimentar todos los efectos positivos de las transformaciones estructurales. Es decir, que quien gobierne este país después de estas elecciones generales debería superar la miopía que normalmente impone el ciclo político, para ampliar su horizonte de miras más allá de los cuatro años de duración de la legislatura.
Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios.