Los retos maquiavélicos del 155

Yo digo que se asciende al principado o con el favor del pueblo o con el favor de los grandes (Maquiavelo, El príncipe).

Puigdemont debería haber leído a Nicolò Machiavelli con más atención, hasta llegar a entender el significado de sus consejos en el siglo XXI. Cierto que ha tenido el fervor de una parte del pueblo, pero en una democracia el favor del pueblo se gana dentro de la legalidad de las normas y no jugando en falso, donde el fervor acaba por minar la democracia y deja de ser favor. También es cierto que ha intentado ganarse el favor de los grandes, pero los grandes ya no son los nobles catalanes sino los miembros del Consejo Europeo y estos de forma clara le han negado cualquier forma de apoyo. Así, como muchos habíamos pronosticado desde el inicio del procés, sin el apoyo efectivo del pueblo y ni siquiera verbal de los grandes, Puigdemont no acabará ascendiendo al principado de la llamada república catalana.

Aunque tampoco parece que Rajoy lo haya leído con atención, parándose en frases como: “Porque las ofensas deben inferirse de una sola vez para que, durando menos, hieran menos; mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor” (capítulo VIII). O quizás lo haya hecho muy recientemente y que el artículo 155 sea esa sola vez que encuentra su justificación en: “Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos” (capítulo XVIII). Frase que a menudo erróneamente se ha sacado de contexto para decir que para Maquiavelo, “el fin justifica los medios”, cuando el mismo es tajante en decir: “Lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo hostil es el ser abandonado por él” (capítulo IX). “Y concluyo que un príncipe debe apreciar a los grandes, pero no hacerse odiar por el pueblo” (capítulo XIX).

Esto lo decía hace 500 años, cuando se trataba de ascender al principado y no de ganar elecciones o defender una monarquía democrática. Hoy solo se debería cambiar el tono, pero no el contenido, de su comentario: “Todo príncipe debe desear ser considerado clemente y no cruel; no obstante, debe cuidarse de no emplear mal esta clemencia” (capítulo XVII). Este es el primer reto maquiavélico que tiene la aplicación del artículo 155: vencer y conservar el Estado pasa por restablecer el orden constitucional, la estabilidad económica y abrir puertas y ventanas del Palau de la Generalitat, cerradas a los que, de una forma u otra, no apoyan la causa independentista; pero cualquier acto del Gobierno central —al amparo del 155— va a ser presentado como una agresión a los derechos de Cataluña, como una prueba más de que la única solución es la independencia, generando de entrada más hostilidad.

Hay que saber romper esta dinámica perversa y lo primero es evitar la crueldad innecesaria —por ejemplo, congelar las cuentas de los grupos de investigación— o la incompetencia administrativa y de gestión que a menudo conlleva la centralización: la apuesta de la Generalitat por la digitalización tenía un fuerte componente de deslealtad con la Administración central pero también otro, no despreciable, de eficiencia. Lo segundo, tener empatía —que no es lo mismo que clemencia— con la amplia mayoría de catalanes que quieren vivir en paz, aman, quieren y saben mejorar lo propio, pero entre quienes reina la confusión y la preocupación: el mantra independentista cada día es más mantra que realidad, pero hay desconfianza en que esto se vaya a arreglar desde Madrid y, eso sí, hay dignidad, que a menudo ni unos ni otros parecen respetar, unos por sus acciones —policiales y jurídicas—, los otros por sus promesas que, ahora se ve, eran falsas. Pero empatía no necesariamente quiere decir contentar: en la larga lista de agravios de los catalanes se mezclan problemas reales con mentiras o, simplemente, falta de solidaridad o co-rresponsabilidad.

Lo que nos lleva al segundo reto maquiavélico. Maquiavelo era florentino, es decir, de la Toscana interior, y quizás por esto hay un tema recurrente en sus escritos que nunca expresó tan claro como lo haría un navegante: “La mejor forma de abordar los problemas inmediatos es tener claro a dónde se quiere ir”. La aplicación del artículo 155 —pensada como medida excepcional y temporal para afrontar la quiebra institucional— no es excepción y de entrada se da de bruces con la realidad: en Cataluña la Administración central es marginal —el 9% de los funcionarios— y su relación con la mayoría de los catalanes es esporádica, aunque importante y no necesariamente bienvenida: cumplir normas, pagar impuestos, etcétera; además, el discurso de la Generalitat— y de los medios que controla o subvenciona— ha tendido a autoasignarse éxitos y culpabilizar a la Administración central por carencias, recortes o fracasos. No es por casualidad que el procés se ha nutrido del descontento de la crisis económica; como si la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria, la deuda pública y la corrupción no hubiesen tenido apellidos catalanes. La tentación es reaccionar haciendo justo lo contrario, ¿para ir a dónde?

PP, PSOE y Ciudadanos apoyan la aplicación del 155, están de acuerdo en que hay que preservar la unidad del Estado español, participar activamente en la Unión Europea y la eurozona y, ahora también, en que el modelo de financiación de las comunidades autónomas y la Constitución deben reformarse. Pero esto no es suficiente para afrontar la quiebra social que afecta a todos los españoles y responder a la pregunta que estará en la calle en las próximas elecciones al Parlament: ¿qué modelo de descentralización territorial se quiere para España?

Es lógico que haya diferencias al respecto y que los catalanes voten sobre ellas y otras, pero para que haya una alternativa creíble al independentismo —y al populismo— hará falta un acuerdo de mínimos sobre lo que se quiere que vaya a ser el autogobierno de Cataluña, y de las demás comunidades autónomas, después del artículo 155. En mi opinión, no puede ser ni dejar las cosas como estaban —secesión excluida— ni la recentralización. Un acuerdo de futuro, abierto incluso a aquellas fuerzas que hoy no apoyan el artículo 155, sería la mejor guía para que la implementación del 155 acabe siendo “honorable y loada por todos”, o al menos por una amplia mayoría de españoles y catalanes.

Ramon Marimon es profesor de Economía del European University Institute (Florencia) y de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).