La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó una Policía limitada en varios de sus capítulos para hacer frente a sus obligaciones. Desde antes de su toma de protesta, pronostiqué que se enfrentaría al reto de estructurar y coordinar para su óptimo funcionamiento a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Cumplir ese reto exige estructura, organización, programas, recursos, y el compromiso del gabinete federal de seguridad, los gobernadores y los alcaldes. También, laborar con la información y la inteligencia correspondiente, así como crear una conexión estrecha con la participación ciudadana y el uso de todas las medidas para prevenir el delito. Es necesaria, además, la conformación y vinculación obligada de la Policía en esos tres niveles de gobierno.
Para poder hablar sobre la seguridad pública en el país es necesario contextualizar la etapa que correspondió al gobierno anterior, del expresidente Enrique Peña Nieto, y el inicio de la gestión actual.
No cuestionaré ninguna de las decisiones que se han tomado; antes bien, sólo me referiré a ellas por medio de comentarios sobre lo que estimo son aciertos y desaciertos.
El gobierno del expresidente Felipe Calderón heredó al de Peña Nieto una secretaría de Estado dedicada a la Seguridad Pública, misma que fue suprimida y cuyas funciones se ubicaron en la secretaría de Gobernación, bajo la figura de una Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En principio, conmigo al frente de la dependencia, se procuró la continuidad de sus esfuerzos en el mismo nivel jerárquico de una secretaría; desafortunadamente esto no fue posible, y tampoco se autorizó establecerla como un organismo descentralizado —o, al menos, desconcentrado— a pesar de la solicitud expresa para llevarlo a cabo.
Desde el inicio del proceso, los desafíos exigieron a la CNS emprender acciones contundentes como afinar las funciones de la Policía Federal, que se hizo al modificar su estructura, fortalecer mandos, establecer una nueva programación y retomar la capacitación para superar sensiblemente los resultados de su operación. También, mejorar de forma sustancial los protocolos para recolectar, procesar y utilizar la información para inteligencia policial, y mantener el orden público, principalmente en las vías de comunicación y las localidades con problemas de seguridad del país.
Logramos alcanzar nuestras metas. Sin embargo, la CNS siguió teniendo un poder muy limitado para decidir sobre la operación y el ejercicio de los recursos. Entre otros proyectos, también habíamos previsto el Control Policial Nacional, el cual permitiría consolidar a las secretarías de Seguridad Pública de cada uno de los 32 estados. Desafortunadamente, las Policías estatales recibían poca atención tanto del gobierno central como de los propios gobernadores y, muchas veces, nunca llegaron a conformarse de forma regular y productiva.
Si las limitaciones eran claras a nivel estatal, eran aún mayores en los casi 2 500 municipios del país. En los casos donde se contaba con un grupo policial, se carecía de propósito, estructura, organización e integración programática, además de recursos insuficientes.
Todo lo anterior me llevó, al cabo de 15 meses —en marzo de 2014—, a solicitar al expresidente Peña Nieto mi separación del cargo como Comisionado Nacional de Seguridad. Observé la prevalencia de un rumbo sin corrección y, en consecuencia, de tener que proyectar esta precaria realidad hacia el futuro.
Por eso supuse —y así lo referí en diversas ocasiones— que la actual administración heredaría una Policía limitada. No cuestionaré la decisión de aprovechar a las Fuerzas Armadas para la conformación de la Guardia Nacional: veremos a futuro su capacidad para generar los resultados esperados.
Pero un país como México, lo reitero, exige la conformación y vinculación obligada de la Policía entre los tres niveles de gobierno. Es imposible que una Policía única y centralizada pueda resolver todos los problemas de delincuencia, tanto del fuero federal como del común, si no está debidamente asistida, apoyada y complementada por las agrupaciones estatales y municipales.
Es un hecho, lo subrayo, que las policías estatales y municipales permanecen marginadas o inexistentes. No observo directrices que busquen su desarrollo ni su fortalecimiento estructural, orgánico y programático como lo demandan la geografía nacional, la demografía y el índice delictivo tan preocupante que enfrenta México.
Mientras no logremos concretar la fase de integración de las Policías de los tres niveles, no podremos suponer que se alcanzarán los objetivos y metas deseadas en esta materia que tanto aqueja a la sociedad.
Manuel Mondragón y Kalb fue Comisionado Nacional de Seguridad del gobierno de México entre 2013 y 2014.