Los riesgos de la Carta del Agua

Los conflictos y las tensiones entre las regiones españolas sobre la gestión de los recursos hídricos se han acentuado en los últimos meses. La incoherente e hipócrita política del agua desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente ha propiciado cuatro grandes males, el primero de ellos una falta de transparencia y veracidad por parte de prácticamente todos los grupos políticos, que sólo hablan de aquella parte de la realidad que les favorece. Un segundo e importante factor es el claro abuso de las subvenciones perversas, aquéllas que son negativas tanto para la economía como para el medio ambiente. En este tema no parece salvarse ningún partido. Todos, en la medida de sus posibilidades, están utilizando el dinero del contribuyente para poner parches y ganar votos en las siguientes elecciones, sin preocuparse de buscar soluciones sensatas y duraderas. De hecho, esta actuación ha proporcionado réditos políticos en regiones como Aragón y Murcia, en las que el tema del agua ha influido claramente en los resultados de las votaciones.

En tercer lugar, los actuales desequilibrios también encuentran una causa relevante en el caos existente en la gestión de las aguas subterráneas desde la Ley del Agua aprobada por los socialistas en 1985; un caos que tampoco mejoró durante los ocho años del Ejecutivo del PP. En cuarto lugar y no con menor importancia están las concesiones que el Gobierno de Zapatero hizo a Cataluña sobre el delta del Ebro. Independientemente de su posible inconstitucionalidad y eventual interpretación inadecuada por otras comunidades autónomas, estas concesiones han sido el catalizador para que casi todas ellas hayan establecido en sus respectivos estatutos que 'el agua de esta región es mía'. De ahí que los conflictos se den tanto entre autonomías gobernadas por distintos partidos como entre las lideradas por el PSOE. Por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura han recurrido el Estatuto de Andalucía por el aprovechamiento del Guadalquivir.

Este triste panorama ha alcanzado un esperpéntico clímax con las recientes acciones para evitar las posibles restricciones de agua en la ciudad de Barcelona. El tripartito catalán tiene en su haber un cúmulo hasta ahora nunca igualado de medias verdades, contradicciones y ambigüedades. Por añadidura, los platos rotos de ese desaguisado van a ser pagados por todos los españoles a través de los Presupuestos del Estado. Esos platos rotos son actividades como la de transportar agua en barco. Esta actuación va frontalmente en contra de lo que recomienda la Directiva Marco del Agua de la UE: el beneficiario debe pagar el coste completo de las obras o actividades que le benefician.

Por ello, y haciéndome eco de otras voces, propugno la necesidad urgente de un pacto de Estado sobre el agua. Esa urgencia viene en parte motivada por la conveniencia de evitar que, con motivo de la Expo de Zaragoza, el Gobierno de España no vea aumentado su descrédito ante los expertos mundiales en la administración de los recursos hídricos. La Expo de la capital aragonesa, cuyo tema principal es conseguir una mejor gestión internacional del agua, espera recibir unos cuantos millones de visitantes de todo el mundo. Además, tiene previsto elaborar la denominada Carta de Zaragoza, con la que pretende ofrecer al mundo sabios consejos para una mejor gestión del líquido elemento. Esa iniciativa se va a basar, textualmente, «en un elenco de propuestas, casos exitosos, lecciones aprendidas, experiencias replicables y recomendaciones de actuación (...) para garantizar que este evento internacional mantenga su espíritu vivo y vigente en forma de un legado que quedará condensado en la Carta de Zaragoza. La Carta de Zaragoza surge de la decantación con visión de futuro, la síntesis ordenada, la revalorización final y el enunciado claro y conciso de los principales resultados del proceso».

Es decir, estamos ante una declaración más de las muchas que se han realizado desde 1977, cuando se formalizó la primera de la ONU en Mar de Plata (Argentina). Hace tres años, un conocido jurista del Banco Mundial publicó un resumen de todas esas declaraciones. El autor venía a decir que impulsar más no conducía a ninguna parte, aunque su opinión no es compartida por aquellos otros que creen que ese tipo de documentos contribuyen a crear un clima favorable para conseguir una mejor gestión de los recursos hídricos. De hecho, todo esto podría sonar bien si no se contemplase el triste espectáculo que hoy ofrece la política del agua española. Porque puede augurarse que la reacción de muchos participantes en la Expo será recordar al Gobierno español que se aplique en la resolución de sus propios problemas antes de recomendar al resto cómo actuar.

Quizá para evitar esa probable y lógica crítica, la web de la Expo también dice: «La Carta no apunta hacia los fracasos o los desatinos, ni busca rememorar diagnósticos reiteradamente presentados en distintos foros. Por el contrario, señala con claridad hacia el presente y el futuro». Una escapatoria tan ingenua como inútil. La única solución para evitar que continúe el desprestigio internacional de nuestro país en esta materia es promover ya un pacto de Estado sobre el agua.

M. Ramón Llamas, presidente de la sec. de Ciencias Naturales de la Real Academia de las Ciencias.