Seguimos reaccionando de la manera más fácil ante una catástrofe: señalar siempre a los políticos y a la Administración como culpables de todo. Las acusaciones son infinitas: desde no advertir con la suficiente publicidad de la probabilidad del peligro, hasta no dar orden de prohibir toda actividad al aire libre. Se ha repetido durante el vendaval del pasado fin de semana, sin que, por ejemplo, se haya subrayado que dos de las víctimas mortales que se han sumado al número de fallecidos por el vendaval, se deben a que estaban en el balcón de su casa. Por otro lado, la exigencia de que debieron suspenderse las actividades al aire libre podía comportar otro riesgo, como se ha visto en la fatalidad de los niños de Sant Boi. Y los árboles que han caído sobre viviendas, algunas destruidas en su totalidad, son hechos difíciles de evitar. Quienes ahora critican a la Administración por no advertir de lo que se avecinaba, hoy siguen sin percibir la magnitud y los impredecibles efectos de un temporal equiparable a un huracán.
La cuestión, pues, es mucho más compleja. Debemos asumir una nueva cultura de la prevención de riesgos, basada en la corresponsabilidad, la cooperación y la ayuda mutua. A menudo, es decisiva la responsabilidad y el activismo de la comunidad para reducir los efectos de estas catástrofes. Debería ser un ejemplo la actuación municipal y de los voluntarios en el municipio de La Palma de Cervelló, donde hubo una víctima mortal.
Exigimos a la Administración que sea como un dios protector que puede prever cualquier acontecimiento y salvarnos de cualquier riesgo. Pero seguimos en actitudes individualistas, pasivas y, en ocasiones, poco cívicas que generan desmovilización y una desconfianza en todos y en todo.
Otra paradoja es que quienes niegan el cambio climático y critican las políticas activas de reducción del CO --como los conservadores norteamericanos-- ahora no asuman su cuota de (ir)responsabilidad ante estas catástrofes, que son consecuencia directa. Incluso después del huracán Katrina, el gobierno Bush impidió durante años las medidas de prevención ambiental que realizaban los gobiernos locales y estatales como los de California y Massachusetts.
Por otro lado, se relativizan los resultados exitosos de otras políticas de prevención de riesgos, como en la seguridad vial. Pese a la hipercrítica por la limitación de la velocidad y el carnet por puntos, se han evitado 400 muertes en accidentes de tráfico en el 2008, muchos de ellos niños. Si nuestra sensibilidad fuera la misma deberíamos reconocer que 400 muertos menos son equiparables a la reducción de un 30% de los homicidios y asesinatos ocurridos en un año en España.
Como dice el juez Posner en Catastrophe. Risk and Response, es improbable que los ciudadanos agradezcan a los políticos cuando reducen riesgos con resultados evidentes. Mientras no haya equilibrio entre una crítica justa y un elogio ante resultados claros de prevención y seguridad, no avanzaremos en una mayor seguridad integral.
Lo que sí es cierto es que el cambio climático nos está llevando a un cambio sustancial en los riesgos y amenazas, como el que hemos visto este fin de semana. Por ello, además de criticar menos las medidas de reducción de velocidad y cualquier otra que frene el calentamiento global, deberemos prepararnos para situaciones y peligros que antes pensábamos que solo afectaban a otras partes del mundo.
Para ello necesitamos una nueva cultura y nuevos profesionales de la seguridad y de la prevención de riesgos. No debe quedar circunscrita a las administraciones públicas, también incluye a las empresas, a la comunidad activa y a los individuos.
Al igual que se han reducido los accidentes laborales, gracias a la creación de una regulación que obliga a la corresponsabilidad de las empresas en este campo, debemos ampliar los campos de prevención de riesgos con gestores especializados. Por ello hay que desarrollar más profesionales de la seguridad ambiental, vial, alimentaria, química, etcétera, como señala Hood, en El gobierno del riesgo (Ariel, 2006).
La nueva sociedad del riesgo se define por la exigencia de una mayor información y transparencia sobre todas las amenazas y peligros que se ciernen sobre nuestro derecho a la vida y a la salud, y por tanto, a la seguridad integral. Han sido los movimientos ciudadanos los que han alertado sobre los peligros del plomo o del mercurio, o de otros productos químicos tóxicos. Hoy se puede decir que el derecho administrativo está encaminado primordialmente a asegurar el derecho del ciudadano a conocer y a regular en todas las materias donde se perciben estos tipos de riesgos.
Serán los jueces los que deben comprobar si el edificio se adecuaba al derecho vigente. Aunque muchos de los que critican la poca acción preventiva de la Administración son los que también critican el excesivo intervencionismo y trámites burocráticos antes de poder abrir un local.
Catalunya, que hasta hace unos años era una comunidad activa, segura y emprendedora, está pasando a ser una comunidad hipercrítica y negativa y ello no contribuirá a mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Manuel Ballbé, catedrático de Derecho. Fundador de la Escuela de prevención y seguridad integral en la UAB.