En memoria de mi madre, Susa Fernández Boyano
Este año se cumple el octogésimo aniversario de la publicación de La familia de Pascual Duarte. Con esta célebre novela ambientada en Torremejía (Badajoz), Camilo José Cela inauguró el género tremendista, pero se olvidó de algo realmente tremendo. En esta localidad no hubo violencia revolucionaria en la Guerra Civil; los únicos actos represivos los protagonizaron los franquistas, y sus víctimas fueron enterradas en una fosa común sin identificar que la gente hollaba al pasar, lo que perpetuó el sufrimiento de los familiares durante décadas. Poco podría haber anticipado Cela que este “pueblo perdido por la provincia de Badajoz (…), agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan”, saltaría a la prensa nacional en 1980 y llegaría al Congreso de los Diputados de la mano de Juan María Bandrés.
Uno de los primeros recuerdos de infancia del torremejiense Antonio Benítez es el de un grupo de personas agolpadas a la puerta de su casa en ruidosa protesta porque unos guardias civiles venían a llevarse una de las dos vacas que tenían sus padres, la mitad de su único patrimonio. Él tenía solo cuatro años, así que tardó en comprender lo sucedido. Su padre, Benito Benítez, alcalde de la ORT elegido en Torremejía tras los primeros comicios municipales de la democracia, nada más asumir su cargo se hizo eco de la demanda que le plantearon los familiares de los fusilados y decidió poner fin a la ignominia.
Benito presentó una iniciativa al pleno municipal. Según se recoge en el acta, “se informó a la corporación sobre el proyecto de construcción de una tumba comunal, para recoger los restos de vecinos que murieron por acción violenta durante la pasada Guerra Civil española de 1936/39, mostrando todos su conformidad”. Entre el 16 y el 17 de agosto de 1979, allegados de las víctimas y algunos trabajadores del empleo comunitario —diseñado para paliar el paro agrícola— acudieron a la fosa ubicada en el antiguo camposanto, sacaron los restos que allí había y los llevaron en sacos al nuevo cementerio. Allí se erigió un gran mausoleo conmemorativo donde se podía leer el nombre de 33 víctimas y la siguiente inscripción: “A las 15 horas del día 14 de septiembre de 1936 fueron fusilados por el fascismo”.
Ese día se congregaron muchas personas; incluso acudieron emigrantes que hacía tiempo que vivían fuera del pueblo. En el acto sólo hablaron el alcalde y José Ángel Calle, dirigente de la ORT y concejal por Mérida, quien afirmó que las personas cuyos restos acababan de ser trasladados habían sido asesinadas defendiendo la libertad y la democracia. Este discurso, grabado en secreto por la Guardia Civil, pues en aquel entonces estos actos de homenaje se consideraban potenciales problemas de orden público, le valió una denuncia al concejal, aunque la causa finalmente fue sobreseída.
A pesar de que, como figura en el acta municipal, nadie se opuso a la exhumación, un concejal de la UCD, médico y jefe local de Sanidad, envió un escrito al gobernador civil de Badajoz informándole de que se habían exhumado los restos sin pedir los permisos que eran preceptivos. Poco importaba que hubieran transcurrido más de 40 años desde los hechos. Aunque sabían que Benito tenía el respaldo del Ayuntamiento y les constaba que desconocía la legislación de policía sanitaria mortuoria, tanto el concejal como el gobernador civil interpusieron sendas denuncias. Al final, el juez de instrucción dictó un auto de procesamiento contra Benito imputándole un delito contra la salud pública por traslado de restos cadavéricos sin autorización, y otro por malversación de caudales públicos, ya que había pedido a obreros del empleo comunitario que ayudaran a los familiares a desenterrar los restos. El auto exigía al alcalde una fianza de 50.000 pesetas. Al no disponer de dicha cantidad —ni siquiera tenía vivienda en propiedad—, le embargaron una de sus dos vacas y estuvo en libertad provisional hasta la sentencia. Tal como nos han contado los familiares del alcalde, y los abogados que la ORT puso a su disposición, el proceso judicial supuso para la familia Benítez un auténtico calvario.
Cuando trascendió lo de la vaca, se armó un gran revuelo mediático, y Bandrés escribió al presidente del Congreso de los Diputados interpelando al Gobierno para que el ministerio fiscal retirase de la acusación. Al final, el juez le absolvió de ambos delitos, no sin antes afearle, lo que indignó a los presentes, que hubiera contado a los medios el embargo de la vaca. El magistrado debió de sentirse avergonzado por el ridículo en que había incurrido el sistema judicial y por lo absurdo que era tener sentado en el banquillo a alguien que, obrando de buena fe y con el permiso de la Corporación, se había limitado a actuar a instancias de los familiares de las víctimas. La presión del ambiente debió de resultar abrumadora e influir en el veredicto, pues muchas personas del pueblo se desplazaron a Badajoz, y los testigos recuerdan la profunda impresión que les causó ver la sala plagada de mujeres vestidas de luto riguroso, las mismas que, tras hacer una colecta, habían conseguido desembargar la vaca y devolvérsela al alcalde.
La Transición no puede entenderse sin prestar atención a estas microhistorias, ya que ponen de relieve tanto las posibilidades como las limitaciones de aquella apasionante y delicada etapa de cambio político. La “libertad sin ira” se fue aprendiendo poco a poco y el protagonismo no fue sólo de las élites, sino que en buena medida correspondió a la ciudadanía.
Personas de condición humilde pugnaban por hacer oír su voz silenciada —cuando no fuertemente reprimida— durante décadas y consiguieron tensar las costuras del estrecho traje heredado e incluso colar entre sus hilos iniciativas de reparación tan audaces como las de los pioneros de la recuperación de la memoria histórica. Al mismo tiempo, actores e instituciones que habían gozado de posiciones de privilegio se resistían a asumir la democratización del poder —podemos imaginar la impresión que causó en un pueblo tradicionalmente sometido al caciquismo que una persona de condición humilde y militante de la ORT ocupara la alcaldía— y a poner en marcha las nuevas normas y procedimientos democráticos —sorprende que el procesado tuviera que reflejar por escrito la parroquia en la que había sido bautizado y si pertenecía o no a la Falange, puesto que indagar en estas cuestiones chocaba con la Constitución, ya vigente—.
Estas historias locales demuestran que tanto quienes idealizan la Transición como quienes la demonizan se equivocan. Los periodos de cambio político están plagados de incertidumbre y no se pueden juzgar de forma simplificada. Unas puertas se abren y otras se mantienen cerradas durante mucho tiempo, con frecuencia demasiado. Cuando no se ha derrocado al régimen precedente hay que sopesar muy bien los riesgos de las acciones que se emprenden, porque muchos de quienes han disfrutado durante décadas del poder suelen tener la tentación —y a veces los medios— de abortar el proceso. Algo bien distinto es lo que cabe exigir a quienes, una vez estabilizada la democracia, deciden no emprender determinadas reformas o no reparar a las víctimas del régimen anterior.
En el antiguo emplazamiento del cementerio de Torremejía hoy existe un parque denominado Jardines de la Paz. En el quincuagésimo aniversario de la publicación de La familia de Pascual Duarte, Cela inauguró allí una placa firmada por él que reza: “Pido a los clementes dioses que gobiernan el mundo que el futuro de paz y concordia entre los hombres haya llegado ya”. España, sin embargo, sigue regada de fosas comunes y todavía existen formaciones políticas que se resisten a que el Estado asuma la responsabilidad de buscar, exhumar e identificar a las víctimas que, más de 80 años después, yacen en ellas. La pretensión de dejar sin presupuesto y cobertura legal las muchas exhumaciones aún pendientes no parece casar bien con esa idea de concordia que algunos se empeñan en agitar como bandera frente a la memoria, que, por cierto, siempre es plural y debe ser democrática e inclusiva.
Paloma Aguilar Fernández es catedrática de Ciencia Política de la UNED. La investigación completa sobre este caso figura en el artículo Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la transición, publicado junto con Guillermo León en la revista Historia y Política.