La economía española ha superado la parte más baja del ciclo descendente. Lo que significa, simultáneamente, que estamos en el peor momento económico desde 2008, tras seis años de crisis, y que hemos comenzado a crecer. Sobre bases sólidas, siempre que el Gobierno siga reduciendo el déficit público hasta el 2,8% del PIB en 2016.
En la medida en que se ha logrado estabilizar la economía española, los comunicadores, políticos y economistas identificados con la catástrofe, que habían pronosticado, una y mil veces, la quiebra del Estado y de la propia España, han comenzado a criticar el crecimiento, por ridículamente pequeño, o a asegurar que vivimos, –como los supuestamente ingenuos extranjeros que están invirtiendo aquí–, un espejismo, porque nuestra deuda es tan grande que la suspensión de pagos es inevitable y que, más pronto que tarde, habrá que hacer, incluso, una quita. La primera crítica es irrelevante, fruto de la pereza intelectual. La segunda, la de la deuda, hay que intentar resolverla.
Los países periféricos del euro hemos sido capaces de sanear, con grandes diferencias, nuestras economías, pero el precio que hemos pagado se manifiesta no sólo en el desempleo, la caída del nivel de vida y unas perspectivas de crecimiento muy limitadas, sino en el volumen de deuda que arrastramos. Hablar de deuda, sin especificar, es una gran ligereza. Hay deuda de las familias, de las empresas y de las Administraciones Públicas (AA.PP.). Hay deuda bancaria y deuda exterior. Las deudas cuya evolución determinará que los catastrofistas tengan, o no, en esta ocasión, razón, es la suma de la de las familias, la de las empresas y la de las Administraciones. La deuda contraída por los bancos con el exterior sólo indica que el dinero que han prestado dentro de España, a quien sea, se ha financiado con ahorro externo. El que los acreedores de las familias, empresas y AA.PP., sean nacionales o extranjeros, no debería tener importancia, porque lo fundamental es el tamaño de la deuda y los intereses que devenga, no quién haya sido el financiador último. La deuda exterior nos importa porque, en nuestro caso, se ha contraído por la intermediación de los bancos y si hay dudas respecto a su solvencia, –lo que ha sido el caso de España hasta hace unos meses-, la financiación exterior puede desaparecer en 24 horas. Una situación de la que nos salvó la intervención del BCE. En la actualidad, los bancos españoles siguen teniendo alrededor de 700.000 millones de euros de financiación exterior, pero 250.000 millones de esa cantidad lo son con el BCE.
Todas las consideraciones anteriores son un prolegómeno para emitir un juicio sobre si los diferentes sectores económicos endeudados podrán ser capaces de hacer frente a sus obligaciones en los próximos años, en un entorno de crecimiento moderado, con alto desempleo, poca creación de empleo y un número cada vez más elevado de pensionistas.
En 2000, tras dos años de incorporación al euro, el endeudamiento total de familias, empresas y AA.PP. era de 983.000 millones de euros, el 156% del PIB de ese año.
En 2004, ese endeudamiento global se elevaba ya a 1.517.000 millones, el 180% del PIB de ese año.
En 2008, el endeudamiento se había disparado hasta los 2.539.000 millones de euros, el 233% del PIB de ese año.
En 2011, el año del fin del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el endeudamiento total alcanzó los 2.867.000 millones, un 274% de un PIB reducido a 1.046 billones de euros. En ese momento, las AA.PP. tenían una deuda de 736.000 millones de euros, las familias 871.000 y las empresas 1.259.000 millones. Las perspectivas eran tenebrosas.
En 2013, el endeudamiento global se situará en torno a los 2.800.000 millones de euros. El primer freno al aumento de la deuda total. Pero la reducción del PIB hasta los 1.029 billones mantendrá el porcentaje de deuda total en torno al 272% de ese PIB. Distribuido entre un 94% de las AA.PP., un 76% de las familias y un 102% de las empresas. Dentro del crédito a las empresas hay que destacar que el concedido para actividades inmobiliarias y el sector de la construcción, junto con el transferido a la Sareb, alcanzaba, en septiembre de 2013, un total de 300.000 millones de euros.
El cambio de ciclo no es neutral para el endeudamiento, que disminuirá en gran parte como consecuencia de las decisiones de política económica tomadas por el actual Gobierno. Parece lógico hacer un cálculo de todas esas variables para 2017, un año en el que los catastrofistas aseguran la quiebra, pero en el que, por el contrario, se debería haber materializado una gran reducción en el endeudamiento.
En primer lugar, el crédito para actividades inmobiliarias y el sector de la construcción, incluido el de la Sareb, debería haberse reducido hasta los 75.000 millones de euros, sin que eso afecte negativamente a la actividad. El crédito hipotecario para las familias se reducirá en un mínimo de 150.000 millones, porque muchas hipotecas terminarán de pagarse.
En segundo lugar, el PIB aumentará, quizá a un ritmo promedio del 1,5% anual, lo que junto con un aumento de precios de otro 1,5% anual, permitirá que alcance 1,16 billones en 2017.
En tercer lugar, el endeudamiento podría disminuir por compras de inversores extranjeros en otros 15.000 millones al año. En total, 60.000 millones en 4 años.
Finalmente, nuestras menores necesidades de invertir liberarán ahorro para pagar deuda a un ritmo de 20.000 millones anuales, en promedio, en los próximos 4 años.
Con esos condicionamientos, en 2017, el endeudamiento de las AA.PP., según los planes oficiales del Gobierno, podría ser de 1.125.000 millones y el del conjunto de familias y empresas podrían haberse reducido hasta los 1.315.000 millones. El endeudamiento global sería, por tanto, de 2.440.000 millones, un 210% de un PIB que alcanzaría los 1,16 billones de euros. Nos estaríamos acercando a la normalidad.
El endeudamiento de empresas y familias sería inferior al de la media de los países desarrollados. El de las AA.PP. seguiría en torno al 100% del PIB. Un porcentaje que tendría que reducirse hasta un 80% del PIB en los años siguientes para permitir un mayor crecimiento económico. No creo que estos datos desborden optimismo. Son el resultado de unas políticas de saneamiento que están funcionando y que nos alejan de la catástrofe. La gran incógnita es si el actual Gobierno será capaz de seguir haciendo las reformas necesarias y si el que gane las próximas elecciones, en 2015, será tan sensato como ha sido, hasta ahora, el gobierno de Rajoy.
Alberto Recarte, economista.