Los riesgos y oportunidades del COVID-19 para el desarrollo de los países pobres

 Miles de personas hacen cola para recibir alimentos en un barrio de Midrand, en Sudáfrica, el 2 de mayo. Jerome Delay AP Photo
Miles de personas hacen cola para recibir alimentos en un barrio de Midrand, en Sudáfrica, el 2 de mayo. Jerome Delay AP Photo

Tema

La pandemia y la crisis derivada de ella supondrán un golpe sin precedentes para los objetivos y políticas globales de desarrollo. El trauma colectivo ofrece la oportunidad de reconsiderar algunos de los supuestos con los que hemos operado hasta ahora.

Resumen

La crisis del coronavirus ha alineado a países ricos y pobres alrededor de una agenda que incluye la lucha contra la pandemia y la protección de las economías. Sin embargo, la desigual capacidad de respuesta tendrá consecuencias devastadoras para la salud, el bienestar y la seguridad de cientos de millones de personas, así como para la capacidad de la comunidad internacional de apoyarles. La pandemia no sólo nos ha enseñado que dejarles caer sería tan inmoral como insensato, sino que abre la oportunidad a reformas largamente esperadas en las estrategias de desarrollo. Este análisis destaca cinco de ellas.

Análisis

Ni guerra nuclear, ni terrorismo global: ha sido un virus. Algo tan sencillo y a la vez tan desconocido como una bola microscópica ha dado al traste con la idea de que la globalización podía ser exclusivamente económica y que sus problemas encontrarían solución inmediata en aquellos países con recursos y economías avanzadas, sin importar el resto. No ha sido así. La invasión del SARS-CoV-2, ha llegado por sorpresa a pesar de que era una crisis que venía cocinándose a fuego lento. Sabíamos que estaba ahí. Había signos suficientemente claros. Bill Gates la había pronosticado en una célebre conferencia TED y el organismo de vigilancia global de emergencias anunció el pasado verano, mucho antes de que apareciera en China, que el riesgo de que una pandemia por virus se llevara la vida de millones de personas y hundiera un 5% la economía global era probable.

Desde que en el año 1979 se acabara con la viruela, la carrera por erradicar todas las enfermedades infecciosas dejó el mundo divido en dos: a un lado los países con recursos donde no había grandes epidemias, al otro el resto, donde la gente muere por enfermedades infecciosas perfectamente tratables. La ilusión apenas duró una década y la irrupción del VIH, primero, y posteriormente epidemias como el SARS, la gripe aviar o el Ébola fueron el anuncio de que el muro económico que habíamos construido no era suficiente para garantizar la seguridad global. Ni la población ni sus líderes fueron conscientes de la amenaza y no se tomaron medidas, pero, como el fuego del volcán, todas las crisis, por lentas que se gesten, acaban teniendo manifestaciones abruptas.

Es importante que entendamos que esta crisis no es la única, ni desgraciadamente será tampoco la última que vivirá nuestra generación. Entre los grandes retos globales que avisan sin que tomemos las medidas necesarias, el cambio climático es otra gran amenaza anunciada, que no tardará en tener manifestaciones abruptas. ¿Estamos preparados? Como con el COVID-19, el principal problema para dar respuesta a un reto que afecta a todo el mundo es la falta de mecanismos globales para hacerle frente. La idea de que a este lado ya estamos salvados, dividiendo el mundo entre los que tienen recursos y los que no, sólo demuestra arrogancia, pero no soluciona nada de lo que nos afecta a todos.

¿En qué punto estamos ahora? La pandemia del COVID-19 ha alineado de manera temporal pero firme las prioridades de las regiones desarrolladas y en desarrollo. Un buen resumen de esta hoja de ruta es el que proponía el profesor Jeffrey Sachs en un reciente seminario de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés):

  • Detener la epidemia.
  • Reforzar las capacidades hospitalarias.
  • Apuntalar (o levantar) sistemas de salud pública.
  • Proteger a las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros).
  • Financiar la respuesta de emergencia.
  • Restaurar la actividad económica en cuanto sea posible.
  • Desarrollar nuevos tratamientos y vacunas.

Todos los países se organizan ahora alrededor de una versión u otra de esta misma agenda. Lo que cambia de manera abrumadora es la capacidad de respuesta y, por tanto, el impacto en personas y economías. El punto de partida es simple: lo que a los ciudadanos de los países ricos les parece perfectamente normal y exigible, en la mayor parte del planeta es una quimera. No hay posibilidad de confinamiento en asentamientos humanos deprimidos y dependientes de los ingresos diarios, y las medidas de prevención –incluso las más simples, como el lavado de manos– están fuera del alcance de cientos de millones. La alarmante vulnerabilidad de partida de las familias y la incapacidad de los Estados para establecer redes de protección básicas actuarán como combustible ante el fuego de la pandemia. La mortalidad derivada directamente del COVID-19 será un problema menor en comparación con las consecuencias que se deriven de la recesión económica y el colapso de los endebles sistemas de protección.

Salud, economía y financiación: tres shocks del COVID-19 para los países pobres

La magnitud de los acontecimientos dependerá de la evolución incierta de la pandemia y de las respuestas científicas, políticas y económicas que la comunidad internacional proporcione. Pero estos son algunos de los impactos más inmediatos que ya estamos observando:

1. Consecuencias para la salud

En el momento de escribir estas líneas (finales de abril de 2020), el epicentro de la pandemia se sitúa todavía en Europa y EEUU. Las cifras con respecto a las regiones en desarrollo ofrecen un panorama menos preocupante tanto en número de infectados como en fallecidos atribuibles a la COVID-19. En el conjunto de África, por ejemplo, la cifra oficial de contagiados está ligeramente por encima de los 37.000 y la de muertos no llega a los 1.600. El subcontinente indio, con 1.353 millones de habitantes, ofrece cifras muy similares. Son magnitudes que España o Italia hubiesen acumulado en un fin de semana y por separado.

La realidad es que no sabemos todavía lo suficiente sobre la epidemiología de la enfermedad, pero lo prudente es pensar que estas cifras responden más a la falta de información que a otros factores. Las regiones pobres pueden verse beneficiadas por edades medias más bajas y temperaturas ambientales más altas. Pero, sin duda, acusarán la proliferación de patologías previas que pueden disparar los efectos del coronavirus sobre el sistema inmunitario. Y es evidente que los sistemas sanitarios del mundo en desarrollo están menos preparados para una escalada de las neumonías atípicas como la que hemos vivido en Europa.

Todo esto, sin embargo, preocupa mucho menos que los daños colaterales del COVID-19 en otros ámbitos de la salud. Las medidas de distanciamiento social y la congelación de la ayuda no destinada a la pandemia amenazan el tratamiento de enfermedades como las infecciones respiratorias de los niños, el VIH, las diarreas, la malaria o la tuberculosis. Sólo estas cinco patologías segaron en 2016 (el último año comparable) las vidas de 3,1 millones de personas en África, 14 veces el número de muertos hasta ahora por el coronavirus en todo el mundo, durante toda la crisis. Es lo que el director ejecutivo de la Alianza Mundial por la Vacunación (GAVI) ha calificado como “una decisión diabólica”: si la estrategia contra el COVID-19 pasa por congelar los programas de vacunación rutinaria contra enfermedades como la neumonía infantil –una patología perfectamente prevenible y tratable, que provoca cada año la muerte de 800.000 menores de cinco años de edad en todo el mundo–, tal vez lo más prudente sea ignorarla. No es una mera amenaza, pues la OMS advertía el 29 de abril de un rebrote de polio en Níger como consecuencia de la suspensión de las vacunaciones por la crisis del COVID-19.

2. Consecuencias socioeconómicas

De acuerdo con las referencias que recoge y actualiza el Center for Global Development, el crecimiento global podría caer alrededor de 10 puntos porcentuales con respecto a las estimaciones previas a la pandemia (FMI). Esto supone la pérdida de unos 195 millones de empleos (Organización Internacional del Trabajo) y un desplome de los ingresos fiscales que no tiene precedentes desde la Gran Depresión.

Para las regiones pobres, que carecen del tipo de rescates públicos que ya estamos viendo en muchos países de la OCDE, la realidad será una versión aumentada de estos efectos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado que la región podría ver crecer el número de pobres en 35 millones, la mayor parte de ellos condenados a la pobreza extrema. La situación podría ser aún peor en África subsahariana, donde una caída del consumo de las familias de entre el 7% y el 10% llevaría a incrementos de la pobreza extrema de entre 40 y 59 millones de personas.1 La mitad de ellos serían niños y niñas.

Uno de los ámbitos que más preocupación despierta es el de la seguridad alimentaria. La crisis derivada del COVID-19 puede generar una tormenta perfecta en la que la caída de la producción, el proteccionismo agrario, la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento y el desplome del ingreso de las familias disparen el número de seres humanos que no pueden alimentarse con dignidad. La estimación más reciente de la FAO advierte que las cifras de inseguridad alimentaria aguda podrían doblarse en 2020 hasta los 265 millones de personas. El efecto dominó de esta vulnerabilidad fundamental en los indicadores de salud es fácil de prever.

3. Consecuencias para la financiación del desarrollo

Una de las consecuencias contraintuitivas de la Gran Recesión fue la notable resistencia de algunas de las fuentes que financian el desarrollo de los países pobres. Con excepción de países como España –que desplomó sus presupuestos de cooperación un 70%–, el esfuerzo medio de los donantes se mantuvo relativamente estable alrededor del 0,30% de la Renta Nacional Bruta (RNB).2 Las remesas que envían los inmigrantes a sus comunidades de origen crecieron de manera constante entre 2008 y 2019, hasta doblarse y alcanzar los 554.000 millones de dólares este último año.

No es probable la Gran Reclusión tenga efectos similares. La magnitud y la rapidez del shock de la pandemia en las cuentas públicas hacen prever una caída de los recursos disponibles para la ayuda en el medio y largo plazo. En cuanto a las remesas –importantes en términos absolutos para los países de rentas medias, pero fundamentales en términos relativos para los de rentas bajas–, la previsión del Banco Mundial es una caída sin precedentes del 20% en 2020. Estos recortes castigarán de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de las sociedades afectadas, como las mujeres, desplazados forzosos, víctimas de conflictos y las propias comunidades migrantes. Muchos de estos grupos ya se han visto directamente amenazados por la disrupción de las intervenciones de emergencia y ayuda humanitaria.

En el plazo más inmediato, la respuesta de algunas organizaciones internacionales y agencias donantes puede ayudar a aliviar el golpe con nuevos instrumentos y mayor flexibilidad en la utilización de sus fondos. El Banco Mundial, por ejemplo, aprobó este mes de abril un programa de 160.000 millones de dólares destinado a hacer frente a la emergencia en los países en desarrollo a lo largo de los próximos 15 meses. Es la iniciativa más voluminosa de un paquete de respuesta que en el caso de los organismos multilaterales y subregionales se acerca a los 350.000 millones de dólares –más del doble de toda la ayuda global en 2019–, a los que hay que sumar unos 1.500 millones comprometidos por las agencias bilaterales y otros tantos por parte de filántropos privados (con la donación destacada de 1.000 millones de dólares anunciada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey).3

Muchos de estos mismos donantes oficiales trabajan con el G7 para introducir medidas de moratoria y condonación de deuda para decenas de países que ya sufrían sobreendeudamiento antes de esta crisis. Como advierten ONG internacionales como Oxfam, el alivio de la deuda debe ser una prioridad para esta primera fase de la respuesta al COVID-19. Antes de la pandemia, 64 países pobres destinaban más recursos al servicio de sus acreedores que a la financiación de sus sistemas de salud. La crisis desencadenada estas semanas puede empujar a muchos de ellos al precipicio, provocando crisis humanitarias en sus países y amenazando la estrategia global contra el virus. Alrededor de 200 organizaciones internacionales, 750.000 ciudadanos (el Papa incluido) y un consenso inusitado en la prensa internacional abogan por medidas de condonación que alcanzan el billón de dólares.

La respuesta hasta este momento ha sido mixta, entre la (inadecuada) moratoria concedida por los acreedores bilaterales a 77 países pobres y hasta final de año, la (insuficiente) cancelación de la deuda de 25 países al FMI y el (intolerable) silencio de acreedores privados.

Para miles de millones de personas en el mundo en desarrollo, el COVID-19 tendrá los efectos de una bomba de racimo. La gestión inadecuada de sus consecuencias puede expandir las barreras de desigualdad, destruir el camino recorrido durante tres décadas de progreso económico y sanitario, y poner en jaque la seguridad epidemiológica y financiera del resto del planeta. Peor aún, las investigaciones de ONG como Human Rights Watch muestran que demasiados gobiernos han aprovechado la ocasión para reforzar modelos autoritarios que vulneran derechos fundamentales sin contribuir de manera reconocible a la lucha contra la pandemia.

Permitir que esto ocurra sería tan inmoral como insensato, aunque la abulia de las respuestas que estamos observando en muchos países ricos y organismos internacionales no dejan demasiado espacio al optimismo. Como una gran pelota en el pico de una montaña, lo único que sabemos con certeza es que nada será igual en la era post COVID-19. Pero de qué lado caiga esa pelota –un mundo más inseguro, nacionalista e insolidario, o uno construido alrededor de los bienes públicos comunes– dependerá de las decisiones que tomemos en los próximos meses.

La última sección de este análisis repasa brevemente algunas de las fabulosas oportunidades que tenemos ante nosotros.

Cinco oportunidades del COVID-19 para el desarrollo y en interés común

Una vez más, la incertidumbre es el punto de partida. La duración y comportamiento de la pandemia, así como el éxito de la desescalada tras los confinamientos, van a determinar mucho de lo que ocurra en los próximos meses. Pero bien puede suceder que el shock colectivo de estas semanas se traduzca en un trauma generacional cuyas consecuencias hemos observado puntualmente a lo largo de los últimos 100 años. La Gran Recesión es, en este sentido, un referente menos útil que la Gran Depresión de los años 20 y 30, la II Guerra Mundial o el terremoto geopolítico tras el 11 de septiembre de 2001. En cada uno de estos casos las sociedades y los Estados respondieron abriéndose a transformaciones profundas y a una reconsideración de las reglas del juego, no siempre para bien.

Esta sección breve se centra en las oportunidades, antes que los riesgos. Estas son cinco transformaciones positivas a las que el COVID-19 podría dar lugar si nos empeñamos en ello:

1. La salud como un bien público global (real)

La pandemia que barre medio planeta ha sido un recordatorio trágico del papel de la salud pública como inversión en seguridad humana, antes que como mero gasto fiscal. Los sistemas nacionales, incluso los de los países más ricos, estaban mal preparados para hacer frente a una crisis que tampoco ayudaron a prevenir con suficiente investigación y control epidemiológico. El riesgo de una expansión de los contagios demuestra el valor de los sistemas de salud primaria y comunitaria, así como de la necesidad de entender mejor los determinantes medioambientales de estas enfermedades. Todo, desde el comercio hasta la propia vida, depende en parte de ello.

En términos de políticas públicas, lo que eso supone es una reivindicación de metas establecidas (pero esencialmente arrinconadas) como la Cobertura Sanitaria Universal y la investigación en enfermedades de la pobreza (ver más adelante). También de conceptos como la Salud Planetaria, que vincula este tipo de amenazas con el calentamiento global, el deterioro de la biodiversidad y otros límites ignorados del planeta.

En el nuevo escenario la salud global deja de ser un mecanismo solidario o un trasvase de recursos entre las economías avanzadas y los países más pobres para apoyarles en su desarrollo económico. No es que este propósito desaparezca, pero el COVID-19 introduce el nuevo parámetro de la seguridad global, por la que la salud se convierte en una vía para avanzar en el desarrollo de todos. Sin mecanismos de detección precoz o sin acceso a profilaxis y tratamiento, una epidemia –esta u otras que puedan venir– es una amenaza para todos, no sólo para los países cuyos sistemas de salud no puedan hacerle frente.

Existe la posibilidad de que la comunidad internacional se conjure alrededor de una agenda reforzada de salud global que demandará mejor coordinación, más recursos económicos e, inevitablemente, la reforma largamente esperada de los mecanismos de gobernanza. El cuestionable papel de la OMS durante estas semanas ha llevado a propuestas tan radicales como la de Gordon Brown, que defendía un “gobierno global” para la gestión sanitaria y económica de la crisis.

2. Un Estado protector reforzado

Es inevitable levantar una ceja cuando democracias de alto standing imponen a sus ciudadanos controles de movimiento y sistemas de vigilancia electrónica como parte del recetario inevitable contra la pandemia. Y es sorprendente la docilidad con la que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo hemos aceptado. Tendremos que cuidar con esmero las garantías y cortafuegos que eviten que estas medidas se trasladen a otros ámbitos sensibles de las libertades y derechos fundamentales.

Pero esta crisis también ha transformado el papel del Estado como red de seguridad y protector último del bienestar de sus ciudadanos. La magnitud de la intervención pública –préstamos, rescates, intervenciones, condonaciones, regulaciones extraordinarias– es de tal calibre que será difícil confundirla con las respuestas controladas y de último recurso que vimos durante la Gran Recesión. En España, por ejemplo, la introducción acelerada de medidas nacionales de sostenimiento de renta como respuesta al shock de la crisis debería derivar en una evolución estructural de nuestro sistema de protección, que carecía de una herramienta común en países de nuestro entorno.

Cuánto de todo esto podrá ser llevado a escala global –donde impera un sistema mendicante de protección, basado en la cicatera ayuda al desarrollo y los rescates leoninos– constituye uno de los grandes desafíos de esta crisis. Durante el New Deal y el Plan Marshall la generosidad de los Estados y sus contribuyentes vino acompañada de reformas legales e institucionales que sometían a todos los actores al interés público. En el mundo de 2020, estas reformas no pueden quedar limitadas a los límites estrechos de Estados individuales, sino afectar a las reglas de juego globales.

3. La innovación farmacéutica al servicio del interés público

Uno de los ejemplos más ilustrativos y urgentes de los dos puntos anteriores es el que se refiere al modelo de innovación farmacéutica y acceso a medicamentos. Los próximos meses van a enfrentar al conjunto de la comunidad internacional –ricos y pobres por igual– a las limitaciones de un sistema cuyas reglas e incentivos ignoran las necesidades farmacéuticas de una parte mayoritaria de la población mundial. Es lo que las investigadoras Marianna Mazzucato y Els Torreele han denominado recientemente “ciencia en propiedad”: “[la que] promueve una competencia sigilosa, prioriza la aprobación regulatoria de los países ricos frente al acceso generalizado y el impacto en la salud pública global, y erige barreras a la difusión tecnológica”. Un modelo que, según la OMS, condena a dos terceras partes de la humanidad a vivir sin los medicamentos que les garantizarían una vida digna y saludable.4

La pregunta es obvia: cuando las vacunas y tratamientos contra el COVID-19 salgan de los laboratorios, ¿aceptarán las sociedades de los países ricos las mismas condiciones que sus gobiernos y compañías imponen a los países pobres? ¿Seguiremos atados a un sistema de propiedad intelectual que deja inermes a los sistemas de salud pública (incluso a los más sofisticados, como vimos en el caso de los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C)?

Si tuviésemos que apostar, diríamos que la respuesta a estas preguntas es un contundente “NO”. Lo que está menos claro es si veremos soluciones parceladas o una transformación de este modelo que reconozca la contribución crítica de la financiación pública en los procesos de investigación y embride a los actores privados a través de incentivos positivos y negativos. El empujón final a una reforma que incluso la industria consideraba inevitable desde hace años.

Debemos generar mecanismos de cooperación para el fortalecimiento de los sistemas de salud, la investigación y la distribución de tratamientos de acceso universal. No podemos esperar a que aparezcan los tratamientos en los países ricos para empezar a negociar su precio para el resto de la humanidad, como ocurrió con el VIH. El Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual referentes al comercio (ADPIC, 1995), así como las flexibilidades reconocidas en la Declaración de Doha (2001), contemplan que los Estados recurran a licencias obligatorias para permitir la producción de tratamientos, especialmente en caso de pandemia. Los gobiernos e instituciones que están financiando o contribuyendo al desarrollo de medicamentos, vacunas o tecnologías contra el COVID-19 deben incluir en sus acuerdos con las industrias un compromiso de partida para compartir sus derechos de propiedad intelectual. Compartir no es necesariamente renunciar. Se trata, en palabras sencillas, de que los Estados pidan algo a cambio de la inversión masiva de dinero público: que las empresas cedan sus licencias sin limitación geográfica a una estructura global que garantice la producción de tratamientos eficaces y seguros, lo que también permitiría bajar los precios. Aunque sería una actuación sin precedentes, no tiene nada de utópico: ya hay países que han votado resoluciones en este sentido, como Alemania, Chile, Australia y Canadá. Una parte del sector privado, además, está también dispuesta a colaborar.

4. La racionalización del régimen migratorio internacional

El COVID-19 es una fuente añadida de problemas para poblaciones que ya sufren un importante grado de vulnerabilidad y desprotección, como los desplazados forzosos y los migrantes sin papeles. Pero hemos sido testigos durante las últimas semanas de algunas señales que sugieren ventanas de oportunidad para la reforma del sistema de movilidad humana. En concreto, el debate abierto acerca de los llamados “trabajadores esenciales”, que ha recordado a muchas sociedades de los países de destino el valor insustituible de los trabajadores extranjeros. El hecho de que un símbolo moderno del nacional-populismo como Boris Johnson saliese del hospital cantando las virtudes de los sanitarios inmigrantes que le atendieron da una idea de la evolución del debate público en este asunto.

Portugal fue el primero en anunciar en marzo una regularización amplia de inmigrantes sin papeles, y lo hizo apelando a la inteligencia epidemiológica tanto como a la decencia social. El debate de la regularización se ha abierto también en España, Francia e Italia, y otros países reconsideran un sistema de puerta estrecha que encaja mal con sus necesidades laborales y demográficas. Las posibilidades de esta reconsideración parcial del modelo migratorio no sólo dependen de la voluntad de unos líderes en estados de excepción, sino de la capacidad de sustituir una narrativa pública que ve la movilidad humana como una amenaza, un coste o un simple desafío humanitario. Es difícil exagerar las extraordinarias oportunidades que un sistema migratorio más racional y justo ofrecería al desarrollo de los potenciales migrantes y sus países de origen.

5. La ayuda como acicate y palanca de estas transformaciones

Incluso en medio de sus estrecheces financieras, existe una oportunidad fabulosa para el sistema internacional de ayuda al desarrollo: convertirse en una palanca de las transformaciones que serán necesarias. En el mundo post COVID-19 apreciaremos especialmente características como la multidimensionalidad de las respuestas, la capacidad de generar coaliciones de improbables, la posibilidad de asumir riesgos en soluciones innovadoras de interés público, la virtud de trabajar en contextos hostiles y cambiantes, o la creatividad para generar nuevas formas de financiación. Cada uno de estos elementos son inherentes a un buen sistema de ayuda al desarrollo. De hecho, en países de renta media y economías emergentes la ayuda lleva años jugando un papel cada vez más importante como transmisora de conocimientos y capacidades que como financiadora de proyectos y presupuestos.

La respuesta a la pandemia ofrece un buen ejemplo de esta transformación posible en la naturaleza de la ayuda, donde el impacto jugará cada vez más un papel estratégico en la definición de prioridades. ISGlobal ha propuesto recientemente al Gobierno español que considere una Estrategia de Salud Global en la que su cooperación internacional actúe de palanca y aglutinadora de otras políticas como la investigación biomédica, la innovación financiera o la gobernanza internacional 5. Son asuntos que dependen de otros sectores de la administración y la sociedad, pero ante los cuales un sistema de ayuda ágil, innovador y bien dotado puede jugar un papel estratégico y alinear lo mejor de cada parte alrededor de objetivos comunes. Esta es precisamente la lógica de iniciativas internacionales como la Coalición para la innovación en la preparación ante epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) y la Alianza Global para la vacunación (GAVI, por sus siglas en inglés), que serán protagonistas en la respuesta a los desafíos de inmunización del COVID-19.

Conclusiones

Casi nada de todo lo anterior es nuevo. Algunas de estas propuestas llevan años boqueando en los márgenes del debate público. Pero el trauma colectivo de esta pandemia ofrece la oportunidad de trasladarlas al menú de opciones del día después. Más aún, contamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un vehículo poderoso y definido para transportarlas. España y todos los demás firmantes de la Agenda 2030 se habían comprometido con una hoja de ruta común que incluye buena parte de estas aspiraciones. El COVID-19 demuestra hasta qué punto eran relevantes e ineludibles.

El fracaso de la gobernanza global, consecuencia de un sistema que ha demostrado ser incapaz de hacer frente a los grandes riesgos de seguridad que nos acechan, ha sido tan evidente que cuando se abra la puerta no veamos un mundo nuevo, pero no podremos perder tiempo para empezar a construirlo. Harán falta cambios en profundidad en nuestra manera de gestionar los recursos globales, en nuestro modelo de producción y consumo y su huella sobre el medioambiente, en los movimientos de población y en la definición de bienes públicos globales como la sanidad o el oxígeno que respiramos. Y la respuesta ya no será una frontera entre ricos y pobres. El dique de contención se ha roto.

Gonzalo Fanjul y Rafael Vilasanjuan, Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal | @ISGLOBALorg


1 Save the Children, sobre datos del Banco Mundial.

2 CAD de la OCDE.

3 Información recogida y actualizada por el Overseas Development Institute. Estos datos corresponden al 12 de abril de 2020 y podrían haber aumentado en el momento de la publicación del análisis.

4 Pueden encontrar en esta publicación de ISGlobal una descripción de los principales desafíos en este ámbito.

5 Una vacuna contra el pasado (aún no publicado).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *