Naciones Unidas ha calificado de crimen de genocidio los actos atroces cometidos contra la etnia musulmana rohingya en Myanmar (antigua Birmania) perpetrados contra decenas de miles de sus miembros por su propio Gobierno, en el que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y otrora heroína por la libertad de su país, actúa como consejera de Estado, pero mira hacia otro lado, sin darse por aludida como parte supuestamente responsable. Estos hechos son un ejemplo de la barbarie que no por lejana geográficamente puede dejar de remover las conciencias ante la impunidad de la que han gozado hasta ahora sus perpetradores.
Los testimonios de los supervivientes estremecen. Asesinatos, violaciones, destrucción sistemática de sus pueblos y casas, de sus raíces y de su futuro. Quemados vivos, asesinados a tiros, las mujeres violadas en grupo, detenciones masivas arbitrarias, todo el catálogo de los horrores que unos seres humanos pueden hacerles a otros a causa de su religión o su raza. Y ante estos hechos, ¿quién puede quedar impávido? ¿quién no siente repulsión ante la injustica y la impunidad del Ejército birmano contra los rohingya?
Los ataques contra esta etnia minoritaria que se ubica en el Estado de Rakáin, limítrofe con Bangladés, se vienen produciendo con acciones explícitas desde 2011. Los rohingya son una de las 135 etnias reconocidas en Myanmar, pero que ha sido expresamente rechazada por el Gobierno, que los considera como meros emigrantes del país vecino, sin derecho a ciudadanía. Lo cierto es que esta catástrofe de derechos humanos hunde sus raíces a mediados del pasado siglo, tras la independencia de Birmania del Reino Unido.
El informe de la ONU dice que el Consejo de Seguridad “debe garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos en Myanmar, preferentemente remitiendo la situación a la Corte Penal Internacional o, alternativamente, creando un tribunal penal internacional especial”.
Es evidente que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar en este caso y perseguir el de los rohingya, cumpliendo así su verdadera finalidad de terminar con los “espacios sin Derecho”. Pero, debido a la composición del Consejo de Seguridad, a quien le compete emitir la resolución, al no ser Myanmar país parte del Estatuto de Roma, tengo mis dudas de que alguno de los que poseen derecho a veto (EE UU, Reino Unido, Francia, China y Rusia), y especialmente uno de los dos últimos, no lo ejerza, dejando así sin posibilidad a la Fiscalía de la CPI de iniciar acciones de investigación. Es más que probable que, de nuevo, triunfen los intereses geoestratégicos y geopolíticos y se deje en la cuneta a tantas personas masacradas.
En el informe de la ONU, la misión propone también un proceso de rendición de cuentas “que sea transformador, centrado en las víctimas, integral e inclusivo, para romper el clima de impunidad”, así como garantizar que todas las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, rindan cuentas ante el pueblo.
Estas palabras suenan a música celestial y son, por tanto, utópicas. Pero esa es la regla que la humanidad se ha dado, a través de normas buenas que nos gobiernen y que protejan a las víctimas de crímenes contra la humanidad. Debemos estar muy atentos a lo que acontece con el Consejo de Seguridad, cuya decisión se percibe con urgencia máxima. Y ante una negativa, plantearnos qué hacer para detener el crecimiento exponencial del grosor de la epidermis de impunidad que crece y sepulta nuestra convivencia como seres humanos.
La tragedia de los rohingya debe repararse y al mismo tiempo convertirse en una ocasión para reflexionar en la necesidad de avanzar en el camino hacia la justicia universal, utilizando el principio de jurisdicción universal como una valiosa herramienta. Una fórmula que los jueces de cada país puedan utilizar para perseguir entre otros crímenes internacionales, los mismos que se recogen en el Estatuto de Roma. De haberse aplicado de origen tal principio desde cualquier país concienciado ante la magnitud criminal de lo que estaba sucediendo, quizás se hubieran podido evitar los terribles tormentos afligidos a las víctimas.
El camino de la Justicia Internacional se irá acentuando como una necesidad política, económica y de mera supervivencia. La interdependencia entre los países les obligará (ya lo están haciendo muchos de ellos) a utilizarla con una perspectiva universal, y ello hará reducirá el número de espacios en los que aún hoy sigue instalada la barbarie.
“A menos que se aborde la impunidad, y todos los rangos dentro de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por sus acciones, se puede esperar que estallen brotes similares de violencia y crímenes atroces asociados, con un impacto nacional y regional aún más devastador”, afirma el informe de la ONU.
Es lo deseable, pero muy difícil que se produzca, porque la impunidad está profundamente arraigada en el sistema político y jurídico de Myanmar, lo que sitúa efectivamente al Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar) por encima de la ley y más allá de la supervisión civil. Por ello, la misión de la ONU concluye con fundamentos razonables en los que el ímpetu para la rendición de cuentas debe provenir de la comunidad internacional, incluyendo no solo las acciones penales de responsabilidad, sino también las de reparación.
Es muy importante también que la misión señale la necesidad de una investigación exhaustiva, urgente e independiente sobre la participación de Naciones Unidas en Myanmar desde 2011, “con miras a determinar si se hizo todo lo posible para prevenir o mitigar las crisis en curso; identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas (…), incluso sobre responsabilidad”. Un posible mea culpa que fortalezca las garantías de no repetición de hechos como este en ningún país del mundo
Los rohingya, que pudieron huir, sobreviven a duras penas en la vecina Bangladés, hacinados en el campamento de refugiados más grande del mundo, subsistiendo gracias a la ayuda internacional. Naciones Unidas y la comunidad internacional deben garantizar que la repatriación de los refugiados y el regreso de los desplazados internos solo se produzca cuando sea segura, voluntaria y digna, con protecciones explícitas de los derechos humanos, incluida la ciudadanía.
Es precisa una nueva visión integral de lo que es la justicia penal internacional en sus diferentes ámbitos. ¿Cómo? Reforzando la cooperación jurídica entre los diferentes sistemas judiciales locales; ampliando el espectro de delitos en el Estatuto de Roma, por ejemplo, los crímenes medioambientales y económicos como crímenes de lesa humanidad, y consolidando la jurisdicción universal ampliando a tales conceptos y eliminando las restricciones que hoy sufre.
El regreso de España a las prácticas de solidaridad y contra el genocidio y los crímenes silenciados, con decisiones como la que se ha tomado de crear un comité de expertos en la materia y abordar la reforma de la ley, es una clara necesidad. En esta nueva etapa de Gobierno, la acción del Ejecutivo debe ser la norma, como también la participación activa de la sociedad civil. Y mostrando el apoyo indeclinable a las víctimas. ¡Que nunca más veamos un caso como el de los rohingya porque algún país —por ejemplo, el nuestro— tenga la capacidad solidaria de señalar con el dedo, proteger a los indefensos y sembrar el temor entre los verdugos siendo implacables con ellos!
Baltasar Garzón, jurista, es promotor de Actúa.