La pobreza mata y mata más que el alcohol, el tabaco, la hipertensión o la diabetes. Esta afirmación no es ideología, es la constatación de un estudio científico publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet. En España hay 13 millones de personas pobres, tres millones de ellos son trabajadores con empleo (y hay que sumar más de cuatro millones de pensionistas que cobran pensiones por debajo del umbral de la pobreza); cifras que -me imagino- aumentarán en breve si la inflación sigue subiendo. Alcanza ya el 3%, y los sueldos se mantienen congelados o con subidas irrisorias, y no digamos las pensiones que han subido solo un 0,25%.
Es indecente que en un país como el nuestro, cuyo PIB para 2017 aumentará al 2,5%, según el Gobierno, haya millones de ciudadanos que ven su esperanza de vida reducida por las leyes que ha puesto en marcha el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Son consecuencias de las que deben responder, por tanto, quienes nos gobiernan y se empecinan en mantener políticas como la Reforma Laboral, que ha permitido esta devaluación salarial y ha hurtado a los representantes de los trabajadores la negociación colectiva, o lo que es lo mismo, la herramienta vital que tenemos para defender el reparto de la renta, nuestros derechos y nuestro poder adquisitivo.
Desde que estalló la crisis, España es uno de los países desarrollados con mayor desigualdad salarial. Y ello ha sido posible, precisamente, por la implementación de unas determinadas políticas, que están encaminadas a hacer más ricos a los que ya son muy ricos, a costa de sangrar a los que vivimos de un salario, cada vez más menguado. Además del Gobierno, la clase empresarial de este país, con la CEOE a la cabeza, son los responsables del deterioro de la convivencia y de la insoportable situación por la que atravesamos millones de trabajadores y trabajadoras de este país. Harían bien en cambiar el rumbo de las actuales políticas porque ¿cuánto tiempo creen que se puede mantener en estas circunstancias la paz social y laboral?
Estamos ya en el tiempo de descuento para que los sindicatos y la patronal nos sentemos y lleguemos a un acuerdo sobre el aumento salarial de 2017. Es inadmisible y de un enorme egoísmo que los empresarios, que desde 2014 dejaron atrás la crisis y vieron aumentar sus beneficios, dilaten sine die la convocatoria de la mesa en la que tendríamos que estar debatiendo el aumento de los salarios de los trabajadores. Además, el paso de los meses está dejando caduca la banda del 1,8% al 3% que los sindicatos exigimos de incremento, puesto que la inflación en el mes de enero se ha disparado. Y desde luego, la confrontación está asegurada, si se persiste en el camino planteado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de recuperar la ‘idea’ de desvincular el aumento de nuestros sueldos del aumento de los precios.
Urge que el aumento de los salarios se convierta en una cuestión de Estado y que todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento hagan suya esta necesidad para acabar con la precariedad laboral y la pobreza en la que viven 13 millones de españoles y españolas. Recordemos, como decía al principio de este artículo, que la pobreza mata y sabemos quiénes son los responsables de desarrollar estas políticas que acortan la vida de las personas que habitamos en este país.
UGT aboga por que todos nos impliquemos en hacer posible una sociedad más justa y frenar la avaricia que nos ha llevado a este desgarro social que vivimos en los últimos años. El señor Rajoy debería dejar de decir que estamos en la senda correcta porque no es cierto. La economía no va a mejor, porque aunque el PIB aumente, la pobreza y la precariedad también lo hacen, y la sensación que se está apoderando de todos nosotros es que somos siempre los mismos los que pagamos la factura de la avaricia de los más ricos.
Gonzalo Pino Bustos es Secretario Confederal de Política Sindical de UGT.