Los saqueos de hace 10 días en Ciudad Bolívar, al sureste de Venezuela, dejaron 353 negocios destrozados. La revuelta la encendió el decreto del presidente Nicolás Maduro que ordenaba recoger seis mil millones de billetes de 100 bolívares, en apenas 72 horas, lo que equivalía al 77 por ciento del dinero en efectivo que había en el país.
Pero eso fue solo la mecha. Lo que ocurrió en Ciudad Bolívar es diferente a los saqueos y disturbios sucedidos en otros puntos del país. Aquí rompieron el mobiliario, destrozaron puertas y paredes, arrancaron los aires acondicionados, se robaron refrigeradores, máquinas registradoras y fiscales. Incluso vi un comercio incendiado. La furia destructiva fue lo que más nos sorprendió a quienes vivimos en esta ciudad de unos 400.000 habitantes, donde prácticamente la única fuente de empleos formales es el comercio. Da vértigo ver que un pueblo pueda dañarse tanto a sí mismo.
Detrás de los hechos se revela una trama de factores y actores, algunos visibles, otros en las sombras, pero los elementos centrales están a la vista: el sur de Venezuela es una de las regiones donde el Estado está más ausente. Desde hace 14 años, con los primeros asesinatos en el sector de la construcción por sicarios de mafias sindicales, el crimen organizado le disputa el poder a las autoridades y es poquísimo lo que hacen para combatirlo. Por ejemplo, desde la cárcel de Vista Hermosa, en el corazón de Ciudad Bolívar, se ordenan secuestros, robos de automóviles y cobros de vacuna. El gobierno mantiene el control de la minería solo teóricamente, pero el control real lo tiene el “pranato minero”, una poderosa red criminal formada por grupos armados que controlan la explotación de oro y diamante, pero también viven de la extorsión y el sicariato. Bolívar es un estado indefenso.
El retiro del billete de 100 bolívares solo reveló la debilidad de las autoridades para controlar la situación. De pronto la gente se encontró con que no podía usar sus billetes para comprar los bocados del día. El 48 por ciento de los negocios saqueados vendía alimentos, cuya escasez ronda el 80 por ciento en todo el país. “Los chinos”, que es como aquí llaman a los asiáticos que controlaban buena parte de la venta de alimentos, no aceptaban los billetes desde antes de que venciera el plazo. Esto provocó la ira de la población que saqueó el 98 por ciento de sus comercios.
Pero las turbas no solo saquearon en busca de alimentos. También arrasaron con licorerías, ferreterías, gasolineras, farmacias, tiendas de pintura, agencias de carros y ventas de celulares.
Hubo saqueos espontáneos y robos permitidos por los dueños a cambio de que no les destrozaran sus negocios, para preservar el patrimonio y la vida, e incluso algunos negocios fueron saqueados por los mismos vecinos. Pero también se produjeron incursiones de motorizados armados, de hombres que llegaban en camionetas con armas de fuego, mandarrias para abrir boquetes en las paredes y herramientas para romper rejas y candados de máxima seguridad. Se abrían paso e invitaban a quienes estuvieran en los alrededores para que entraran a cargar lo que encontraran. Arrasaban y luego iban a otro negocio más adelante. Algunos saqueadores ocultaban sus rostros en camisetas convertidas en pasamontañas.
Una de las teorías más aceptadas por los habitantes de Ciudad Bolívar es que detrás los saqueos organizados está el “pranato minero”. El hecho más notable de este grupo criminal fue la masacre de Tumeremo, una ciudad al sur del estado en cuyas cercanías fueron asesinadas, el 4 de marzo de este año, al menos 17 personas por orden de Jamilton Ulloa, alias “El Topo”.
En los alrededores de Tumeremo funcionan unos 100 campamentos mineros clandestinos donde suceden frecuentes enfrentamientos entre las bandas por el control de los territorios. Cada banda tiene su pran (el líder, según la jerga carcelaria). Un minero que entrevisté un mes después de esta masacre me aseguró que en su campamento viven unas 1200 personas, de las cuales 400 son hombres armados que se ocupan de la custodia.
Los pranes y sus ejércitos fungen de agentes de retención de las fortunas producidas y administradores del orden. A este minero le cobran 20 por ciento de lo que extrae. También se ocupan del traslado del oro, de su venta y castigan con la muerte a los evasores de impuestos; extorsionan a comerciantes a cambio de no secuestrarlos o quemar sus negocios, y protegen a los habitantes de sus feudos de los delincuentes menores.
Bolívar es un estado minero y las transacciones de ese negocio se hacen en efectivo. Entre Tumeremo, Guasipati y El Callao, epicentro de esa actividad, no hay más de 10 agencias bancarias. Y es en Ciudad Bolívar donde muchos mineros se abastecen, tienen sus casas y circula el dinero que producen. Aparte de Ciudad Bolívar, las siete localidades del estado donde se produjeron los saqueos viven del oro. Si en el resto del país era imposible recoger apresuradamente todos los billetes de 100, en Bolívar era imposible que las enormes cantidades de dinero producto de la minería ilegal entraran a los bancos.
Todo esto le da sustento a la tesis de que la participación de grupos organizados en los saqueos fue una demostración de fuerza para lograr que el gobierno extendiera el plazo para recoger los billetes, como de hecho terminó haciéndolo. Ciudad Bolívar estaba desguarnecida. La Guardia Nacional, componente de las Fuerzas Armadas que controla los desórdenes públicos, fue tomada por sorpresa y su mayor contingente fue enviado hacia las localidades del sur donde se produjeron los primeros saqueos.
En Ciudad Bolívar la Guardia Nacional actuó tardíamente, me dijo su comandante, Antonio Benavides. La policía estadal fue intervenida después de estos sucesos porque algunos de sus funcionarios participaron en los saqueos. Benavides dice que hay identificados, al menos a 100 policías involucrados en actividades irregulares de vieja data.
Los tres días de saqueos en Bolívar evidenciaron la desesperación en que nos encontramos los habitantes de ese estado, pero también mostraron que estamos en manos de los delincuentes y lo que son capaces de hacer.
La reconstrucción de la ciudad y las otras localidades no solo pasa por reconstruir la economía sino también por desarmar a los grupos criminales y acabar con la complicidad de la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para restablecer el imperio de la ley, hay que devolver las armas y el ejercicio del poder a quien le corresponde. El Estado debe retomar el monopolio de la fuerza. Ya está visto que la abdicación del poder por parte del Estado solo daña a los ciudadanos.
Albor Rodríguez es editora del portal de historias La vida de nos (www.lavidadenos.com).