El mayor problema que tienen ahora mismo los líderes independentistas es que empieza a ser muy difícil tomárselos en serio. No lo entiendan mal, el desafío sigue siendo grave. En Cataluña tenemos unas instituciones autonómicas, y no pocas municipales, volcadas a favor de un objetivo secesionista, convertidas en Administraciones de parte. Ahora bien, los políticos separatistas no son de fiar sobre todo cuando anuncian pasos definitivos y trascendentes.
El desarrollo de la implosión socialista ha podido ocultar el sorprendente giro en la hoja de ruta efectuado por JxSí y la CUP. En la moción de confianza, de finales de septiembre, con la que Carles Puigdemont quiso recomponer sus apoyos en la Cámara catalana tras la crisis de los presupuestos, el president hizo suyo el deseo de los anticapitalistas de celebrar un referéndum unilateral. Esta era una propuesta que en los últimos meses había ido ganando mucha fuerza en el mundo asociativo y mediático separatista como la mejor estrategia para socializar el conflicto institucional entre una Generalitat en rebeldía y los poderes del Estado. Estamos ahora ante una rectificación en toda regla del desarrollo de una legislatura que, según habían repetido mil veces, concluía con la celebración de otras elecciones al cabo de 18 meses, travestidas con el apelativo de “constituyentes”. Llama mucho la atención que los líderes separatistas hayan evitado dar ningún tipo de explicación sobre este sustancial cambio cuando hasta anteayer afirmaban disponer nada menos que de un “mandato democrático”, derivado de las elecciones del 27-S, para concluir de la manera prevista. También sorprende la falta de análisis críticos en muchos medios catalanes que se han dejado sorprender por el propagandístico titular de “referéndum o referéndum” de Puigdemont.
Pero este giro no es de entrada una mala noticia. Significa reconocer, aunque sea implícitamente, que la secesión no tiene legitimidad para imponerse como se pretendía. El regreso a la casilla del referéndum, que el separatismo cambió en seguida por las multitudinarias manifestaciones de la Diada, es todo un síntoma del fracaso de la prometida “desconexión”. Que se evite reconocerlo en público evidencia el engaño de JxSí hacia sus propios electores, muchos de los cuales tal vez prefieran vivir engañados con la renovada promesa de que solo hace falta subir un peldaño más. También refleja el escaso sentido crítico de sus intelectuales y el seguidismo de bastantes medios.
Ahora bien, sería un error considerar que este repliegue condena a Puigdemont poco menos que a repetir los movimientos de su antecesor con la disfrazada consulta autodeterminista del 9-N. Sería una ingenuidad creer que vamos a asistir a una mera repetición de lo vivido hace dos años. Esta vez, el desafío independentista se plantea sin ningún tipo de subterfugio; ya no se busca “engañar al Estado”, como confesó Artur Mas, sino desafiarlo abiertamente, lo que hace mucho más difícil a los poderes públicos la opción de dejarlo pasar como se hizo en 2014. Su objetivo no es celebrar un referéndum a finales de septiembre de 2017, que no vincularía más que a los convocantes y que no tendría ningún reconocimiento internacional, sino provocar un choque real. Lo que se persigue es obligar al Gobierno y al Tribunal Constitucional a intervenir la Generalitat para trazar una línea divisoria entre España y Cataluña, con el fin de polarizar un conflicto que, en realidad, enfrenta a unos catalanes con otros. Cuando Puigdemont afirma que el referéndum lo llevará a cabo incluso sin el acuerdo del Estado, se olvida de decir que tampoco tiene el acuerdo de la mitad de los catalanes representados por las fuerzas parlamentarias que no son independentistas.
La alteración de la hoja de ruta es otro inconfesable paso atrás del separatismo que rescata el atractivo “derecho a decidir” y busca una alianza táctica con el conglomerado de los comunes de la alcaldesa Ada Colau. Es un movimiento de repliegue que resguarda aquello que no está dispuesto a perder: su mayoría parlamentaria y el control de las instituciones autonómicas. Las nuevas elecciones (“constituyentes”) anunciadas para dentro de un año han quedado aplazadas para el primer trimestre de 2018 de forma condicional si en el hipotético referéndum vencieran los partidarios de la secesión, lo que es tanto como decir que las elecciones se posponen sine die. Que los separatistas se desmientan es una buena noticia; la mala es que alarga el agotador bucle del proceso. A ver si con suerte cualquier día de estos se desmienten del todo.
Joaquim Coll es historiador y vicepresidente de Societat Civil Catalana.