Los siete tabúes de Xi Jinping

No cabe duda de que China se apresta a un nuevo impulso reformista en lo económico. Y como en anteriores episodios similares, parece diluirse la esperanza de un contagio sustancial al ámbito político. Los más reformistas consideran que sin la dimensión política, el cambio del modelo de desarrollo y los ajustes estructurales en curso no funcionarán. Se trataría de completar el abandono de la obsesión por el crecimiento con el abandono de la obsesión por una estabilidad social asentada en el autoritarismo. No obstante, la reforma se está planteando como un bálsamo que todo lo puede resolver. Los sectores más conservadores ponen límites al impulso y, admitiendo la necesidad de una profunda mutación en lo económico, niegan la mayor. Una reforma que afecte a cuestiones sistémicas centrales puede poner en peligro la supervivencia y la hegemonía del PCCh.

La lógica que hasta ahora ha caracterizado el exponencial desarrollo del país es bien simple: el crecimiento y la mejora del bienestar refuerzan la legitimidad política sin necesidad de introducir cambios profundos. Aunque la actual pérdida de impulso económico erosiona dicho axioma, los ajustes en lo político afectarán esencialmente a la modernización administrativa y a la lucha contra la corrupción, sin que en la agenda figuren asuntos largamente debatidos como la necesidad de garantizar mayores libertades públicas, más independencia judicial u otras medidas que rebajen los controles de la sociedad. Xi Jinping ha enunciado los siete tabúes de esta etapa: los errores históricos del PCCh, los valores universales, las tensiones en la sociedad, los derechos cívicos, la independencia de la justicia, los privilegios de los dirigentes y la libertad de prensa.

La reforma económica genera más acuerdo, si bien puede encontrar resistencias en los grupos de interés en cuanto afecte a temas sensibles como los monopolios, los grupos industriales, el sector financiero… Ello requerirá pactos no siempre fáciles de lograr y que pueden erosionar ese consenso que, por el momento, sigue presidiendo la enorme capacidad de control del Estado-Partido sobre todos los segmentos de la sociedad, incluido el pujante sector privado. El PCCh enfrenta decisiones difíciles, complejas e inéditas, que sugieren debates agudos ya que nadie está en condiciones de poder garantizar el éxito. Solo la conciencia de que es necesario actuar cohesiona a los máximos dirigentes.

El primer ministro, Li Keqiang, no esconde sus cartas. Desde la asunción del cargo se ha destacado como un agitador reformista, reforzado tras la decisión de crear la primera zona de libre comercio de Shanghai —clave para la reforma financiera—, la llamada al orden en las cuentas del poder local o la implementación de una ambiciosa reestructuración industrial y, en ciernes, fiscal. Xi Jinping, por el contrario, combina su apoyo a la reforma con la recuperación de una fraseología propia de las campañas maoístas (línea de masas) que se creía circunscrita a los sectores más populistas del régimen. Como acontecía en el pasado inmediato con el dúo Hu-Wen, nos hallamos ante un reparto de papeles que, lejos de representar una división, cumple con el rito de un jefe del partido que aspira a aglutinar el máximo de base social como necesidad táctica. Con una de cal y otra de arena, Xi se desvincula progresivamente de anteriores declaraciones que le asociaban a la defensa de un prometedor constitucionalismo. Ahora se recuerda que fue el único miembro del anterior sanedrín que en 2010 visitó el Chongqing del defenestrado Bo Xilai.

El mundo académico, incluso en los medios más internos del PCCh como Xuexi Shibao, alerta de lo trasnochado de las invocaciones neomaoístas del momento y sugieren que la clave no es otra que la democratización, tal como se señaló en 2007, con una hoja de ruta que parece descartada tras el estallido de la crisis global. Autores como Li Haiqing o Yu Keping aseguran que solo el Estado de derecho y la democratización pueden fortalecer las instituciones y ponerlas al servicio de la sociedad, objetivos igualmente enunciados desde el aparato oficial, pero con el añadido de nuevas directivas que ponen en guardia contra las ideas y proclamas de corte occidental, por otra parte no del todo compartidas siquiera por los reformistas. La clave del sueño chino consiste en reforzar la capacidad de decisión de la propia sociedad, pero costará lo suyo que se haga realidad.

Quizá las esperanzas de los reformistas puedan satisfacerse parcialmente con el impulso de Li Keqiang y, las de los conservadores, con las proclamas populistas de Xi. Pero nadie está en condiciones de asegurar que el nuevo avance del mercado en la economía china vaya a traducirse en una reforma política de otro alcance que no sea el ya conocido: reforzar la capacidad de maniobra y la legitimidad de un PCCh revalidado con el buen ritmo del crecimiento y la mejora del nivel de vida de la población.

El Estado-Partido y su proyección burocrático-confuciana renuevan su pacto con la sociedad china sobre la base del éxito de la nueva transformación que de aquí a 2025 llevará a un nuevo grupo de 300 millones de chinos al bienestar prometido. Si fracasa, esos 300 millones serán la masa de maniobra de la próxima revolución cultural, dice el investigador Yao Jianfu. No es descabellado.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.

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