Los terroristas se hacen con Yemen

Del día a la mañana Yemen ha sido designado como la nueva base de Al Qaeda. Pero la presencia de extremistas islamistas ni es nueva ni constituye el mayor de los problemas para uno de los países más pobres y peor gobernados del mundo. Las adversidades que acaecen a Yemen van mucho más allá de la presencia de los 300 yihadistas que conforman Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, en sus siglas inglesas) y son de sobra conocidas por el mundo occidental, que lleva años situando al país en sus listas de Estados frágiles. Hace años que se viene advirtiendo que Yemen se estaba convirtiendo en refugio para terroristas islamistas. La proliferación de elementos radicales en los grandes espacios ingobernables del país es consecuencia de los problemas económicos, de desarrollo y de gobernanza. Yemen no hace a los terroristas, los terroristas se hacen con Yemen. Si por fin los poderes occidentales parecen haber tomado nota es porque los terroristas han actuado contra sus intereses en su territorio. La negligencia de Occidente e incluso su complicidad con el Gobierno de Saleh han contribuido o por lo menos no han hecho nada por frenar la trayectoria de un país que se encuentra al borde del colapso.

Se veía venir. Los veteranos árabes de la guerra contra los soviéticos en Afganistán de los años ochenta eran abiertamente recibidos en Yemen y muchas veces cooptados por el régimen, integrados en las diversas fuerzas de seguridad del Estado y utilizados en la lucha de éste contra secesionistas u opositores. Más recientemente, ha habido acusaciones de que el Gobierno estaba utilizando a radicales en su lucha contra los rebeldes en Saada. El problema es que las nuevas generaciones de militantes, radicalizados en parte por las guerras de Irak y Afganistán, no son tan maleables. AQAP, que anunció su formación en enero de 2009 e incluye a extremistas huidos de Arabia Saudí, tacha al Gobierno de Yemen de ilegítimo y antiislámico y no concibe negociar con él.

La lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad constituyen la preocupación primordial de los gobiernos occidentales; es más, sin dicha amenaza es poco probable que los acontecimientos de Yemen figurasen siquiera en los radares de nuestros políticos. Sin embargo, la primordial preocupación del Gobierno de Saleh no es el terrorismo islamista, que puede incluso llegar a aportarle extensas ayudas monetarias del extranjero, sino los conflictos que mantiene al norte y sur del país. Al norte, en Saada, se enfrenta desde 2004 a una lucha contra rebeldes chiitas zaidis que tiene sus orígenes en el subdesarrollo regional, en la percepción de injusticias socioeconómicas y en la falta de derechos culturales y religiosos. Esta lucha corre peligro de extenderse con la reciente implicación de Arabia Saudí y las acusaciones (potencialmente infundadas) de apoyo de Irán a los rebeldes. Por su parte, los secesionistas del sur consideran que han salido perdiendo desde que se llevó a cabo la unificación del país en 1990 y se sienten marginalizados política y socialmente.

“La inestabilidad en Yemen es una amenaza para la estabilidad regional e incluso global”, ha declarado recientemente la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. Pero también es un problema para sus 23 millones de habitantes, aunque claramente ésta no sea la prioridad de Occidente. Yemen sufre todos los males característicos de los países menos desarrollados: explosión demográfica, analfabetismo, escasos recursos sociales, corrupción, conflictos internos, falta de agua, gobierno autoritario e ineficaz, entre muchos otros. Además, sus recursos petrolíferos, de los que depende más del 70% del presupuesto del Estado, se están agotando.

Yemen es el país más pobre del mundo árabe y el único designado como uno de los países menos desarrollados. Casi la mitad de su población vive con menos de dos dólares al día y hay una escasez crónica de alimentos y agua. Sin embargo, la ayuda oficial al desarrollo per cápita en 2009 ascendía tan sólo a 16 dólares, comparada con una media de unos 80 dólares para los países africanos. El castigo de Yemen empezó casi desde su concepción como país unitario en 1990 y fue consecuencia de su oposición a la primera guerra del Golfo. Como resultado, la ayuda internacional se secó y los trabajadores yemeníes fueron expulsados de los países ricos del Golfo, con efectos devastadores para la economía del país. Desde entonces, la recuperación de los flujos de ayuda ha sido lenta y desigual. Con un crecimiento demográfico de más de un 3%, está previsto que la población se doble en las próximas dos décadas. Más de dos tercios tiene menos de 24 años y la tasa de analfabetismo ronda el 50%. El Gobierno no da abasto para proveer a la población de los servicios básicos, además de carecer de control sobre vastas áreas del país. La corrupción es endémica.

A pesar de un superficial semblante democrático, reflejado en la existencia de partidos políticos, la celebración, más o menos periódica, de elecciones, la, por lo menos proclamada, libertad de prensa y cierta vitalidad de la sociedad civil, Yemen es en realidad un país autocrático dominado por un partido y un presidente, Ali Abdullah Saleh, que tiene el honor de ser el líder árabe que lleva más tiempo en el poder después de Gaddafi. Los últimos años han visto la disminución de la competición democrática, el acoso a periodistas y la monopolización del poder por parte del partido de Saleh.

Las instituciones de gobierno son inexistentes o ineficaces y el poder se ejerce a través de redes de patrocinio y clientelismo, jugando a mantener un delicado sistema de alianzas tribales. La ayuda exterior y los ingresos del petróleo han servido para mantener esta estructura. El énfasis sobre la cooperación internacional en materia de seguridad ha servido para afianzar a un Gobierno antidemocrático, permitiendo que éste consolide su poder tras el velo de la cooperación contra el terrorismo. Aún así, el Gobierno central es incapaz de ejercer control ni de desplegar su autoridad sobre el conjunto del territorio nacional.

¿Qué hacer ante semejante caos? Desde luego no hay respuestas fáciles. El presidente Barack Obama ha prometido perseguir y atrapar a los responsables del intento de atentado de Detroit y aunque no mandará al Ejército es previsible que inunde Yemen de más ayudas para la lucha contra el terrorismo y que los ataques norteamericanos contra supuestas bases de Al Qaeda desde aviones no tripulados se multipliquen. Además, Estados Unidos incrementará su presión al Gobierno de Saleh para que sea más duro con los terroristas. Pero para el Gobierno de Saleh es peligroso reconocer la participación estadounidense en estos esfuerzos, porque dichas actuaciones son muy impopulares y pueden minar aún más la legitimidad del presidente. Además, una política enfocada exclusivamente en la lucha contra el terrorismo como la que viene siguiendo Estados Unidos en Yemen desde 2001 es claramente ineficaz. Más que un enfoque de seguridad, cualquier estrategia de ayuda tendría que combinar la mediación de conflictos, la ayuda económica al desarrollo, la integración regional y la mejora de la gobernanza.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) deberían tomar las riendas de la mediación para intentar acabar con los conflictos al norte y sur del país. Qatar ya medió en un acuerdo entre los zaidis y el Gobierno de Saleh en 2008 y podría volver a intentarlo. De la misma manera, deberían incrementar sus esfuerzos por integrar al país en el CGG, si no como miembro por lo menos con una relación especial que fomente su desarrollo económico. Con la estabilidad puede que llegue la inversión extranjera directa necesaria para que el país construya una economía postpetróleo.

La ayuda al desarrollo se enfrenta a los problemas de la corrupción y la falta de capacidad de absorción. Para paliarlos, sería conveniente una mayor coordinación de los donantes entre sí y con el Gobierno para forjar una estrategia de ayuda por sectores, de acuerdo con las prioridades nacionales, en lugar de la financiación de proyectos descoordinados. En la cooperación técnica y en materia de educación estaría la clave, así como en la demanda de transparencia y mejora de la gobernanza.

Ana Echagüe, investigadora en FRIDE.