Por Jordi Porta, presidente de Òmnium Cultural (EL PERIODICO, 02/08/05):
El largo periodo de gestación de un nuevo sistema de relaciones institucionales entre Catalunya y el Estado español ha servido para facilitar la circulación de varios tópicos sobre la conveniencia de haber iniciado este proceso.
En primer lugar, se han utilizado encuestas de opinión para demostrar que este tema no forma parte de las prioridades políticas manifestadas por la ciudadanía. Es un argumento falaz como ya demostró Josep Maria Terricabras en un artículo publicado en este mismo periódico. Además, los sociólogos conocen bien los límites del valor que puede otorgarse a las interpretaciones demasiado taxativas en este tipo de encuestas. Es probable que, si en la última semana se hubiera preguntado cuál era el problema más importante del momento, muchos ciudadanos hubieran respondido los incendios o la sequía. Y esto no significaría que no siguieran considerando importantes la escuela, la sanidad o la vivienda. Además, es lógico que en las respuestas inmediatas reflejemos nuestras preocupaciones cotidianas en lugar de los instrumentos capaces de solucionarlas. Nuestras vivencias se atienen a los efectos y no a las causas o los mecanismos políticos para ponerles remedio.
En cualquier caso, la encuesta realmente significativa fue la consulta electoral del 2003, en la que los partidos que obtuvieron el 90% de la representación parlamentaria tenían en su programa, que fue lo suficientemente publicitado, la propuesta de un nuevo Estatut. Ésta es realmente la encuesta definitiva.
Pese a eso, también hay otra forma de escamotear la reforma del Estatut y consiste en decir que, debido a los trabajos en su elaboración, se han dejado en un segundo plano las políticas sociales. Se vuelve a rematar el clavo en una misma dirección, como si una cosa impidiera la otra o como si una cosa no estuviera relacionada con la otra. Sin competencias políticas ni suficiente financiación difícilmente se pueden llevar a cabo políticas sociales.
Finalmente está la afición de muchos comentaristas a medir el porcentaje de ciudadanos que consideran que Catalunya es una nación. Según las interpretaciones, varía de estar cerca del 20% a cerca del 50%. Quizá vale la pena indicar que sólo los estados constituidos tienen la capacidad de homogeneizar el sentimiento de pertenencia nacional de sus ciudadanos. No es necesario haber leído o vivido mucho para saberlo. Y si es tan dudosa la conciencia nacional de los catalanes, ¿por qué tanta obsesión en no permitir el derecho de autodeterminación?
DE TODOS modos, alargar el proceso de redacción y posible aprobación favorece la aparición de estos tópicos. Ojalá esta prolongación hubiera servido para que se tomara conciencia de la importancia del paso político que quiere darse. Y, pese a todo, no creo que los desencuentros tengan fundamentalmente el origen en los distintos planteamientos políticos en el interior de Catalunya. La campaña que se lleva a cabo en España, especialmente en Madrid, sobre este tema va en aumento cuanto más tiempo pasa. Las resistencias desde el poder central se hacen oír en las distintas formaciones políticas, muchas veces coincidentes en este punto pese a ser ideológicamente adversarias. Y aquí se utiliza otro tópico: en cualquier caso, se dice, debe respetarse la Constitución.
En este sentido, me parece que nos engañaríamos si pensáramos que la preocupación básica de los políticos españoles es la posible transgresión del texto constitucional. No es éste el problema. Se ha demostrado de sobras durante estos 25 años de democracia. La Constitución se usa, cuando conviene, como pretexto para limitar las aspiraciones de autogobierno de Catalunya; y cuando conviene, para olvidarse de sus enunciados a fin de mantener "la unidad" del Estado. ¿Se ha aceptado alguna vez en la práctica política la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones? Más bien se ha procurado homogeneizar los organismos de toma de decisiones autonómicas y olvidar las consecuencias concretas de esta distinción. Un ejemplo más concreto y reciente ha sido el traspaso del Forcem, entidad que administra los fondos que pagan trabajadores y empresarios para la formación. Ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional instando al Gobierno a traspasar a las autonomías la gestión de estos fondos de formación continua --en el 2003 representaban unos 611 millones de euros--. Nunca se han cumplido las sentencias y se han puesto en marcha maniobras dilatorias para esquivarlas. Finalmente se ha constituido la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que mantiene lo fundamental de las prerrogativas del antiguo organismo.
¿CUÁNTOS fervientes patriotas constitucionales han hecho oír su voz para denunciar este incumplimiento? Ninguno. La verdad es que lo que resulta diáfano es la preocupación manifestada por Rajoy cuando dice que debe retirarse el borrador aprobado en la ponencia porque con el nuevo Estatut se quiere desmantelar el Estado. Querrá decir su concepción unitaria del Estado. Porque Bélgica, Canadá o Alemania son también estados, pero con una concepción distinta de la del líder del PP.
Y con todos sus condicionamientos, y con sus poderes fácticos del franquismo en su lugar, la Constitución de 1978 quiso dar un paso adelante en la dirección del reconocimiento de un Estado plurinacional. Será necesario, una vez más, recordar que la pertenencia al Estado español debe ser deseada por los pueblos o naciones que lo componen en lugar de impuesta en nombre de una unidad con ecos de triste memoria en la historia de nuestro país. Esperemos que el nuevo Estatut, lejos de los condicionantes de 25 años atrás, sea realmente un paso ambicioso que permita mejorar con justicia las condiciones de vida de los ciudadanos de Catalunya.